El presupuesto gubernamental para 2024 incluye un déficit de 5.4 por ciento del PIB; el más alto exceso de gastos sobre los ingresos públicos desde 1988. Con ello la deuda gubernamental acumulada llegará al 48.8 por ciento del PIB en 2024.
Comparados a nivel internacional ese déficit y endeudamiento no son extraordinarios. Numerosos países industrializados tienen deudas gubernamentales que superan el 100 por ciento de su Producto anual. Es el caso de Canadá, España, Estados Unidos o Japón.
Sin embargo, ese déficit en el presupuesto 2024 de México es peculiar. Es un cambio pronunciado respecto a cinco años de estrictos límites al endeudamiento público. La prioridad siempre fue finanzas sanas y gasto limitado; dicho de otro modo, austeridad y pobreza franciscana.
Importa señalar que el endeudamiento posible de cada gobierno se encuentra relacionado con su nivel de ingreso. Brasil tiene un endeudamiento acumulado de 93 por ciento de su producto, pero tiene una captación tributaria del 33.5 por ciento de este. México alcanzará un 48.8 % de endeudamiento, pero su ingreso tributario es de solo el 16.7 por ciento del PIB. México tiene la recaudación más baja entre los 34 países de la OCDE y está muy por abajo del promedio latinoamericano. Hace unos años la señora Bárcena, actual secretaria de relaciones exteriores, señaló que México era un paraíso fiscal. Lo sigue siendo.
Este gobierno tiene muy poco margen de maniobra presupuestal. Localizó y agotó todas las bolsas de ahorro dentro de la administración pública y llevó al límite posible la eficiencia tributaria sin que ambas medidas implicaran un aumento substancial de la recaudación.
En contrapartida los grandes proyectos del régimen se han disparado presupuestalmente. El tren Maya cuyo costo se calculó inicialmente en 150 mil millones de pesos se ha recalculado en unos 500 mil millones y la refinería de Dos Bocas que iba a costar 8 mil millones de dólares ya rebasa los 16 mil y posiblemente llegue a los 20 mil. Un cálculo inicial más acertado habría puesto en duda la viabilidad de ambos proyectos. Pero, ya entrados en gastos…
El tren Maya absorberá más de la mitad de un presupuesto de inversión pública disminuido. Las viejas glorias de Pemex han quedado atrás y ahora más que un aporte es una carga.
Lo que hereda la siguiente administración incluye rezagos importantes. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social señala que en 2018 la población con carencia de servicios de salud fue de 20.1 millones de personas y en 2022 se elevó a 50.4 millones. Un asunto que no se resuelve o compensa con transferencias sociales. Mismas que tampoco compensan el deterioro de la educación, de la nutrición o de la atención pública en todo tipo de instituciones. Hay aspectos del bienestar y la equidad social que requieren la operación directa de instituciones públicas.
Otros temas relevantes son la inatención al medio rural y el deterioro de la autosuficiencia alimentaria. O el grave deterioro de la seguridad pública en la vida cotidiana y en la posibilidad de producir y comerciar en el campo y en muchos espacios urbanos.
Todos estos asuntos, salud, educación, infraestructura, producción alimentaria y seguridad pública sufren un rezago asociado a 5 años de austeridad; es decir de inacción o ausencia gubernamental. Los retos que habrá de enfrentar la próxima administración son enormes y requerirán fuerte gasto y fuertes ingresos públicos.
El notorio incremento del déficit presupuestal planteado para el 2024 no es un error, ni por sí mismo nos coloca en situación de desastre inmediato. Pero si es una señal clara del agotamiento de la estrategia de estado pobre y austero, franciscano.
Inversionistas y empresarios critican el déficit planteado. Unos señalan que podría degradar la calificación crediticia del país y provocar el aumento de los intereses de la deuda pública, con lo que se reduciría el gasto disponible. A otros les preocupa que el deterioro de las finanzas públicas haga imprescindible realizar una reforma fiscal.
La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Confederación de Cámaras Industriales y el Centro Coordinador Empresarial y otros, se oponen a una reforma fiscal porque, dicen, se afectaría a las familias mexicanas. Es decir que si se hace no debe ser sobre las espaldas de los que tienen más dinero. Afilan su argumentación señalando que es mejor gravar la informalidad, lo que no es posible dado que es paliativo a la pobreza de la mayoría; o que las transferencias sociales y las pensiones son excesivas.
Sin embargo, las transferencias sociales y los incrementos al salario formal son política y socialmente irreversibles, excepto en un estado autoritario, o en una crisis financiera de fuertes proporciones.
De acuerdo con el secretario de Hacienda, Ramirez de la O, este último paquete económico permitirá una transición ordenada para la siguiente administración siempre y cuando esta se comprometa a no hacer reforma fiscal y a reducir el déficit del 2024 a menos de la mitad, a 2.6 por ciento del PIB, en 2025. Eso sería, en sus palabras, hacer más con menos. No solo el déficit del 2024 es novedoso; lo es aún más que esta administración determine la estrategia que debe seguir la siguiente.
Cabría preguntarse qué tanto más podrá hacer la siguiente administración con todavía menos. El ataque a la corrupción y la austeridad, las dos estrategias centrales de la actual administración ya dieron todo lo que tenían que dar. Seguir esa ruta es avanzar más en el auto estrangulamiento gubernamental y una inercia determinada por las fuerzas del mercado.
Lo contrario sería configurar un estado fuerte, con una mucho mayor captación de ingresos que le permita convertirse en impulsor tanto del crecimiento como del bienestar social.
Pero nadie que busque presidir la siguiente administración puede decir abiertamente que una reforma fiscal es necesaria. Es un tema tabú porque le movería el tapete a la fuerte atracción de capitales volátiles que ha abaratado el dólar y opera como mecanismo de contención de la inflación. Asustar a los capitales eleva la posibilidad de que se repita el negocito sexenal: fuga de capitales, devaluación y regreso de los inversionistas con dólares caros dispuestos a adquirir activos abaratados.
Ninguna opción parece buena. Esta administración ha determinado que no haya reforma fiscal en la siguiente administración y que se refuerce la austeridad. Pero transitar a un estado fuerte, capaz de hacer más con más, presenta importantes riesgos.
Escapar de esta trampa requeriría decisiones fuertes y poco ortodoxas de la actual administración. Pero eso no está en su naturaleza.