El proceso electoral que ha dado inicio resulta novedoso, entre otras razones, por los retos y áreas de oportunidad que esta autoridad electoral enfrenta en la organización y desarrollo de los comicios en diferentes rubros, tales como la fiscalización del origen, monto y aplicación de los recursos de los sujetos obligados entre los que de manera enunciativa más no limitativa se encuentran los siguientes:
a) Actividades previas al inicio del proceso electoral. Desde junio de 2023, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dictado medidas tendientes a recabar hallazgos sobre conceptos de gasto de los partidos políticos, así como de personas inscritas en los procesos políticos internos que pudieran aspirar a alguna candidatura a cargo de elección popular en el ámbito federal o local, tales como recorridos, visitas de verificación y monitoreos de propaganda; se acordaron mecanismos de coordinación entre las áreas y se establecieron reglas sobre la agenda de eventos y las conductas que podrían realizar las personas registradas. Asimismo, se emitieron Lineamientos para la fiscalización de los recursos aplicados por seis fuerzas políticas en procesos internos en cumplimiento de una ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la cual, si bien inicia con el informe que los partidos políticos deberán presentar en octubre del año en curso, se verá robustecido con las actividades de monitoreo e inspección que esta autoridad ya ha venido desplegando.
b) Mayor cooperación interinstitucional. Uno de los retos más importantes y áreas de oportunidad que se advierten en materia de fiscalización durante el proceso electoral en curso guarda relación con el grado de apoyo y colaboración entre autoridades para el intercambio de información y documentación que esta autoridad requiere en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, como la única autoridad constitucionalmente encargada de fiscalizar los recursos en las campañas electorales, sin que le resulte oponible cualquier secreto, incluidos el ministerial o bursátil, pues existen algunas dependencias que no dan respuesta a los requerimientos que se formulan o bien, dan respuesta incompleta o en sentido de negar la información solicitada, bajo argumentos que no sólo carecen de sustento normativo, sino que contravienen disposiciones legales expresas, precedentes jurisdiccionales e, incluso, convenios que se han suscrito en esos rubros.
Estas constantes negativas y falta de colaboración interinstitucional resultan preocupantes, si no se pierde de vista, por una parte, que la negativa de información genera una dilación innecesaria de los procedimientos en sustanciación sino, además, se conculcan de forma grave los derechos de las partes en controversia por cuanto a que se les imparta justicia de manera pronta y expedita y, finalmente, en sentido amplio, a la ciudadanía en su conjunto, pues la fiscalización constituye, ante todo, un ejercicio de rendición de cuentas por cuanto a que las y los ciudadanos tienen el indeclinable derecho a conocer con precisión el origen, monto y aplicación de los recursos, así como las medidas que adopta esta autoridad para restablecer la legalidad que se hubiere vulnerado.
c) Atención de supuestos no previstos en la normatividad y transición a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al ámbito de la fiscalización. Como lo he señalado en diversas reuniones tanto de Comisiones como de Consejo General, la función electoral se encuentra en permanente movimiento y es necesario que la misma evolucione para mantenerse acorde a la realidad social. En este sentido, si bien la normatividad que rige los procesos de fiscalización se ha venido adecuando para incorporar criterios y precedentes emitidos tanto por esta autoridad administrativa, como por la autoridad jurisdiccional, de una revisión a la misma se advierte la necesidad no sólo de un amplio proceso de revisión, actualización y sistematización.
Además, se observa que la misma se encuentra superada por la realidad al no contemplar supuestos que, en la práctica, ya ocurren o se ejercen por las fuerzas políticas. Tal es el caso, por ejemplo, del uso de criptomonedas o las tecnologías blockchain para el manejo y transferencia de activos. Además, es indispensable una mayor coordinación con autoridades, incluso del ámbito internacional para la detección oportuna de operaciones posiblemente constitutivas de lavado de dinero o realizadas con recursos de procedencia ilícita, empresas fachada, así como para conocer destinatarios finales, entre otros.
Si bien han habido avances relevantes, aún quedan pendientes importantes y, estoy cierta, el proceso electoral que ha dado inicio nos aportará grandes aprendizajes para el fortalecimiento del ejercicio de la función electoral, como blindar normas, instituciones y procedimientos para la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados.