Históricamente, las mujeres nos hemos enfrentado a distintos tipos de violencia, una de ellas sucede cuando salimos de nuestros hogares, en el trayecto a estudiar, trabajar o realizar cualquier otra actividad, la realidad es que no estamos seguras. La estadística nos recuerda que cada día en México hay 11 asesinatos de mujeres y 7 desapariciones; pero también existe una violencia muy presente y cotidiana de la que millones hemos sido objeto, al ser violentadas física, verbal y sexualmente en la calle y el transporte público.
Por ello, existe una exigencia social para luchar y garantizar una ciudad libre de violencia para todas las niñas y mujeres. Hoy es una bandera común, un compromiso compartido que trasciende partidos políticos, filias y fobias, en donde las mujeres, más que nunca nos acuerpamos, nos protegemos y nos cuidamos, la sororidad está presente para abrazarnos como mujeres y que no exista ninguna brecha que nos divida o nos separe.
La violencia de género en el transporte público es una realidad permanente que vulnera el derecho de las mujeres a una movilidad segura y, por lo tanto, nos afecta en el acceso de otros derechos como al trabajo, la salud y la educación.
Todos los días, muchas capitalinas deciden qué vestir, qué ruta tomar, o en qué horario trasladarse, conscientes de la posibilidad de ser violentadas en el transporte público lo que limita su libertad, al tener que tomar medidas de prevención para no sufrir violencia. La realidad es que las mujeres vivimos con miedo, ese compañero silencioso que es resultado de la desigualdad de género, la violencia y la discriminación.
Como Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, presenté una propuesta de reforma y adición a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para combatir la inseguridad y la violencia, que diariamente generan miedo a millones de mujeres en el transporte público para que esta sea considerada como Violencia en la Comunidad la cual es castigada de uno a tres años de prisión.
Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres México, publicado en 2018 reveló que el 96.3% de mujeres que transitan por la capital han sido objeto de algún acto de violencia sexual en el transporte o espacios públicos a lo largo de su vida, un 88.5% en el último año. En nueve de cada 10 ocasiones el agresor ha sido un hombre y en el 72.2% de los casos la violencia ha sucedido cuando se encontraban solas.
Los ataques hacia las mujeres en el transporte público son violencia de género, además de afectar la paz social. Desgraciadamente la mayoría de éstos son de connotación sexual, por lo que al ser reconocidos como Violencia en la Comunidad en términos del Artículo 179 del Código Penal del Distrito Federal “A quien solicite favores sexuales o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”
Debemos tener un transporte público seguro para todas las mujeres, sólo así podremos garantizar el bienestar de nuestra comunidad. El derecho a la movilidad promueve también que las mujeres podamos acceder a más y mejores oportunidades de estudio o de trabajo, tener mayor participación económica, mejor salud física y mental y por tanto reducir la brecha de género.
Por lo tanto, esa iniciativa aprobada por unanimidad en el Congreso coadyuvará con la meta de garantizar una vida libre de violencia para las niñas y mujeres, además castigará a nuestros agresores, para que ningún violentador quede impune, que la justicia proteja los derechos de todas para que no sigamos viviendo con miedo en la Ciudad de México.