El narcotráfico, como cáncer social que ha enfocado sus baterías en el trasiego de fentanilo, erosiona las estructuras democráticas y pone en jaque la seguridad de México.
La reticencia de la administración de Andrés Manuel López Obrador a enfrentar este flagelo, bajo slogans tan ingenuos como "abrazos, no balazos", resulta, cuanto menos, desconcertante. Estados Unidos, vecino y socio comercial, considera que las implicaciones trascienden lo económico; en juego está el alma misma de la democracia.
La manufactura y distribución del fentanilo por parte de los cárteles mexicanos es un asunto que exige la más seria consideración. Esta droga, extremadamente potente, ha generado un alza significativa en las muertes por sobredosis en jóvenes estadounidenses. Es un veneno que no conoce fronteras y que cobra vidas tanto al norte como al sur del Río Bravo.
No solo está en peligro la seguridad; el tejido social se resquebraja y el estado de derecho se debilita. En este ambiente tóxico, la democracia es la primera víctima, quedando las instituciones sujetas a los vaivenes del poder narco.
Este erróneo camino pone a prueba la viabilidad de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, obligando al último a reconsiderar su involucramiento más allá del ámbito económico.
Esta situación exige una revisión profunda de la política gubernamental en México y una acción conjunta con Estados Unidos.
Ya no se puede permitir que la violencia y el crimen organizado usurpen la narrativa de una nación y pongan en riesgo la democracia que tanto costó construir.
La situación en México ha alcanzado niveles tan alarmantes que ni la retórica política puede ocultar la insuficiencia de las medidas actuales.
La estrategia de "abrazos, no balazos" del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser un eufemismo lamentable frente a la cruda realidad de un país azotado por el narcotráfico. Esta noción infantil de que el amor y el buen trato pueden detener balas y disolver cárteles no sólo es ilusoria, sino también trágica.
La inacción gubernamental ha permitido que los cárteles operen con virtual impunidad, expandiendo su mortífero alcance incluso más allá de las fronteras mexicanas.
La Casa Blanca ya advierte sobre la fabricación sin restricciones de fentanilo, una droga letal que ha causado un drástico aumento en la mortalidad por sobredosis en jóvenes en Estados Unidos.
Y si la administración de López Obrador no puede proteger a su propio pueblo, ¿cómo podríamos esperar que salvaguarde la seguridad de naciones vecinas?
El problema del narcotráfico no es solo una cuestión mexicana; se ha convertido en una amenaza transnacional que compromete no solo la seguridad, sino también los fundamentos de la democracia y el estado de derecho. Estados Unidos ha instado a un mayor involucramiento más allá de lo económico, una petición que ilustra la gravedad del asunto. Pero, ¿está escuchando el Gobierno de México?
No podemos permitir que la inercia de la inacción destruya el tejido social y convierta a México en un narcoestado. La hora de actuar es ahora.