En medio del triunfalismo de una semana que celebró con bombo y platillo la victoria de Claudia Sheinbaum Pardo como la Coordinadora de la Defensa de la 4T, con todo y la transmisión simbólica del “bastón de mando” del movimiento morenista por parte del presidente López Obrador, Marcelo Ebrard ha decidido emplear el recurso de impugnar dicho proceso interno, lo cual implica leer este acto no sólo como la simple demanda de anular y reponer la consulta aplicada, sino que la acción cabe leerla como un abierto desafío que el ex canciller le lanza a AMLO y CSP por el control mismo del poder y del Movimiento.
Es una apuesta en donde Ebrard evidentemente echa el resto de su capital político dentro del oficialismo, con el ánimo de incrementar los costos de legitimidad para el presidente y su sucesora. Cabe tomar en consideración que Ebrard quizás aún cuente (aunque en número menor) con apoyos al interior del partido, especialmente entre los diputados y senadores que abiertamente se pronunciaron a favor suyo durante el proceso, aunque ello ya no se reflejó en la reciente sesión del Consejo Nacional morenista, cuyos asistentes avalaron “por unanimidad” y a mano alzada el resultado de la encuesta a favor de la ex jefa del gobierno capitalino.
Conforme al derecho electoral vigente, Ebrard debe promover y agotar inicialmente la demanda de anular y reponer el proceso de consulta ante la instancia de justicia intrapartidaria, como lo es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. Lo sostiene a partir primordialmente de lo que ha llamado las “inconsistencias observadas a lo largo del proceso”, como lo fue la presunta intervención de funcionarios y el desvío de recursos públicos, además de las irregularidades y violencia que se presentaron durante la jornada de procesamiento y cómputo de las encuestas.
Aquí se abre una disyuntiva interesante. Dado que el nombramiento en disputa fue el de Coordinador/a de los Comités de Defensa de la 4ª Transformación, formalmente se podría considerar un proceso distinto al que implica la selección de la candidatura para la Presidencia de la República. En este sentido, MORENA y sus aliados están en la obligación de cumplir –como lo marcan la LGIPE y la LGPP– con la expedición de la convocatoria para desarrollar las precampañas que marca la normatividad para hacer dicha designación.
El resultado previsible es que dicha instancia partidaria rechace la demanda de Ebrard, y con ello el paso siguiente sería dirigirse a la Sala Superior del TEPJF, la cual podría ser receptiva a su causa, considerando que en el pasado ha emitido sentencias que no se han plegado a los intereses del presidente López Obrador. Una decisión de este calibre a favor de Ebrard sin duda pondría al oficialismo en una línea inesperada de conflicto interno y que le complicaría mucho la elección al menos de aquí al final del presente año, una vez que se cumplan con los plazos para la realización de las precampañas (que deben comenzar hacia el próximo 20 de noviembre) y se pueda proceder al posterior registro formal de las candidaturas presidenciales (a realizarse entre el 15 y el 22 de febrero de 2024),
Puestos en esta ruta impugnativa, además podría darse la situación que Ebrard podría presionar para que no se hagan equivalentes ambos procesos, y pueda así mantener sus aspiraciones vivas con la aplicación estricta del proceso de nombramiento de la candidatura presidencial justamente dentro de los tiempos que corresponden, formalmente a los marcados por la legislación y que fueron adelantados tanto por el oficialismo como por la oposición. Esto es, Claudia Sheinbaum puede ser la Coordinadora, pero MORENA y sus aliados están en la obligación de expedir una convocatoria expresa para designar su candidatura presidencial a través de un proceso de precampaña. Es probable que ello les obligue a generar un mecanismo que inhiba o condicione el registro de otros aspirantes conforme a sus propios estatutos, pero ciertamente es una situación que no se puede soslayar.
Como puede advertirse, la decisión y acción de Marcelo Ebrard puede tener muchas implicaciones a corto y mediano plazos que podrían complicarle en demasía el camino al presidente y a su sucesora. Esto podría adicionalmente abrirle la ruta para que otros procesos similares de selección de candidaturas importantes como lo son las designaciones en gubernaturas sean impugnables, siendo ya el primer caso observable el proceso de la CDMX, donde el regreso de Omar García Harfuch al proceso –cuando él mismo se había descartado para participar–, comienza a ser visto con suspicacia por sus contendientes como Clara Brugada, Miguel Torruco, Mario Delgado y el recién incorporado Ricardo Monreal. Y si a ello vemos las fracturas y conflictos internos que han aflorado recientemente en entidades como Nayarit, Morelos o Veracruz, hacen pensar que el oficialismo no está ni tan sólido ni tan unido como se presume a primera vista.
En política nunca digas nunca. Y ciertamente Ebrard nos muestra que es un actor político que ha decidido desafiar. Muestra que sabe jugar con los tiempos, en la medida que técnicamente podría mantener hasta noviembre la posibilidad de participar en el proceso interno del Movimiento Ciudadano (aunque obviamente eso dependerá si le interese o no a Dante Delgado esperarlo), o finalmente intentar sumarse al Frente Amplio, aunque ciertamente lo haría en una posición secundaria quizás aspirando a una posición senatorial o de participación en el gabinete de Xóchitl Gálvez, quien ha reconocido tener ya acercamientos con él. Veamos para qué le alcanza.