Con la reforma constitucional en materia político electoral de 2014, entre otras importantes consideraciones, se creó el Instituto Nacional Electoral (INE) con alrededor de 70 nuevas atribuciones, en comparación con el otrora Instituto Federal Electoral (IFE), entre las que se encuentran ser la instancia responsable de organizar y desarrollar las elecciones federales del país, así como las elecciones locales en coordinación con los 32 Organismos Públicos Locales Electorales.
En 2024 entre cargos de elección federal y cargos locales y hasta auxiliares, se estarán renovando más de 20 mil espacios de elección popular; por primera vez, además de la elección federal en la que se renueva la Presidencia de la República, la Cámara de Senadoras y Senadores, así como la Cámara de Diputadas y Diputados, habrá elecciones de manera concurrente para elegir diversas autoridades locales en las 32 entidades federativas que van desde gubernaturas (8 estados), la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, múltiples autoridades municipales, la renovación de 31 Congresos locales, así como autoridades auxiliares.
Bajo este contexto lo que enfrentará el INE y los OPLE será un gran reto por múltiples razones:
- Garantizar, como lo han venido haciendo, llevar a cabo de forma adecuada, bajo los tiempos establecidos en la normativa electoral, todos aquellos trabajos operativos relacionados con el registro de las candidaturas que en su oportunidad partidos políticos, coaliciones o de forma independiente levanten la mano para participar, así como la revisión de expedientes de registro de dichas candidaturas; la selección, capacitación y determinación de las personas que fungirán como funcionarias o funcionarios de las aproximadamente 170 mil casillas que se instalarán; la puesta en marcha de múltiples sistemas informáticos tales como el que registrará los cómputos de las elecciones; la realización de debates entre las personas candidatas; la atención de los observadores electorales; el desarrollo de la jornada y los cómputos; la integración de los expedientes electorales, entre muchas actividades más.
- Conformar el listado nominal de electoral y electores que votarán en las elecciones concurrentes que, de acuerdo con estimaciones del INE sería alrededor de 97 millones de ciudadanas y ciudadanos de 18 años y más.
- Ser escrupuloso e impecable en vigilar que todos los actores políticos se conduzcan conforme a las disposiciones legales en materia electoral establecidas, aplicando las medidas necesarias para el buen desarrollo de las elecciones.
- En materia de fiscalización el INE tendrá la alta responsabilizar de vigilar que todas las instancias partidistas, ya sea en lo individual o bajo la figura de alguna coalición, así como las precandidaturas y las candidaturas, ejerzan los recursos públicos correspondiente de forma adecuada y conforme a la Ley, imponiendo las sanciones que, en su caso correspondan.
- Ser riguroso con el cumplimiento de la paridad de género y vigilante de las conductas que constituyan violencia de género.
Ahora bien, el árbitro electoral deberá conducirse y ser garante de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y paridad de género para que la contienda electoral sea una fiesta cívica en donde la ciudadanía sea quien, con su voto, defina el rumbo que deberá seguir nuestra nación con nuevos poderes públicos, de acuerdo con el tipo de elección.
Por su parte, los órganos jurisdiccionales en materia electoral deberán ser los jueces que determinen, en su caso y en su oportunidad, las impugnaciones que sean presentadas conforme a la legislación respectiva para garantizar con ello la definitividad de las elecciones más grandes que tendrá nuestro país.
Todo este andamiaje llevado a buen puerto constituye la esencia para que 2024 sea una elección segura, con certeza, equitativa y con igualdad, bases fundamentales de nuestro sistema democrático.