¿Qué tanto ha cambiado nuestra vida en los últimos diez años? Imaginemos cómo sería nuestro día internet en el celular.
Recordemos lo que pasaba hace una década ¿Cuánto costaba una llamada de larga distancia? ¿Cuántos en nuestro núcleo cercano tenían smartphones o una tableta? ¿Cuántos canales de televisión abierta y cuántas estaciones de radio podíamos ver o escuchar en nuestra localidad? ¿Cuántas opciones teníamos para contratar internet o tv de paga en nuestros hogares? ¿Cuántas formas de marcar debíamos memorizar para llamar a un mismo número desde un estado de la República o desde el extranjero? ¿Cómo eran los trámites gubernamentales para obtener una concesión o autorización?
La Reforma Constitucional de 2013 y creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que, precisamente hoy cumple una década de existencia, fueron indudablemente decisivos en el desarrollo y evolución de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, transformando la vida de millones de mexicanos.
Evidentemente, el avance tecnológico y la inercia de los propios mercados también ha contribuido. Pero no se habría conseguido esta dinámica sectorial ni la entrada de diversos competidores -con la consecuente masificación de los servicios de telefonía, internet y televisión de paga-, sin ese cambio estructural.
La Reforma Constitucional de 2013, más allá de los acuerdos partidistas que la hicieron posible, fue producto de una añeja y urgente demanda social, con el imperativo de generar condiciones de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión; entonces regidos por empresas únicas o incumbentes que hicieron escasos, costosos y deficientes los servicios de telecomunicaciones. También adolecían la radio y televisión abierta.
En ambos sectores, el gobierno fungía como juez y parte en la regulación y otorgamiento de autorizaciones. Las decisiones estaban basadas en criterios políticos y poco transparentes, sin forzosamente considerar la competencia y el consecuente beneficio a los usuarios y las audiencias.
La Reforma pues, logró cambiar la dinámica de los sectores regulados de la mano de un órgano constitucionalmente autónomo como el IFT, con el mandato de propiciar el desarrollo eficiente de esos sectores. Así se emitió la regulación asimétrica; se eliminaron las barreras a la competencia y la libre concurrencia; se otorgaron concesiones de espectro radioeléctrico mediante licitación pública, que permitieron el nacimiento una nueva cadena nacional. También se concretaron proyectos tan relevantes como la implementación de la Red Compartida.
La Reforma de 2013 fue tan ambiciosa que tocó otros temas igual de importantes como: la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho de réplica, el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la calidad, cobertura universal, interconexión, convergencia y continuidad de los servicios de telecomunicaciones y la pluralidad en la radiodifusión, todo ello a cargo del IFT.
A diez años de distancia, podemos enumerar algunos resultados: los precios de telefonía móvil bajaron 49.5%; la larga distancia internacional 40%. Incrementó el número de hogares con internet de 40 a 70 de cada 100. Se triplicó el número de líneas de internet móvil de 23 a 93 por cada 100 habitantes. Se llevó a cabo el “apagón analógico”, apareció la televisión digital terrestre y con ello aumentó significativamente el número de canales de programación de 311 a 1,262. Las comunidades rurales e indígenas tuvieron acceso a más servicios de radiodifusión.
Todo ello ha permitido que más personas en el país tengan acceso a internet y a las TIC.
Pero el IFT no puede quedarse ahí. Debemos revisar acuciosamente los aciertos y áreas de oportunidad de nuestro marco normativo para que los resultados alcanzados y la competencia se mantengan en el tiempo. Incluso mejorar los resultados de la regulación en beneficio de los usuarios y las audiencias.
Soy consciente de que uno de los pendientes es garantizar los derechos de las audiencias. Sin ánimo de justificación, es importante mencionar que este tema tan relevante ha sido objeto de disputas jurídicas y políticas que han detenido la actuación del IFT en la materia.
En cambio, se ha trabajado insistentemente para garantizar los derechos de las audiencias y de los usuarios con discapacidad, mediante la emisión y vigilancia del cumplimiento de los Lineamientos Generales de Accesibilidad a Servicios de Telecomunicaciones, así como los Lineamientos Generales de Accesibilidad al Servicio de Televisión Radiodifundida que incorpora la obligación de concesionarios de uso comercial y público transmitir sus contenidos con subtitulaje oculto y en la Lengua de Señas Mexicana.
Debo admitir que la regulación a los Agentes Económicos Preponderantes, salvo en los servicios fijos, no ha logrado los resultados suficientes y persiste el reto de lograr un cambio sustantivo en las participaciones de las empresas en los distintos mercados. Ello es importante porque pone en riesgo la sustentabilidad financiera de los competidores, y con ello, la dinámica de competencia que tantos beneficios ha dado al país.
Hay otras áreas de oportunidad en el despliegue y acceso compartido de infraestructura y el uso eficiente de las redes de telecomunicaciones y las comunicaciones vía satélite.
Cierto que debemos reflexionar sobre las acciones emprendidas por el IFT, pero también cuestionarnos si el actual marco normativo es suficiente para enfrentar la acelerada evolución tecnológica en un ambiente competitivo y equitativo.
Estoy convencido de que, a 10 años de la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, se requiere adecuar la regulación para que continúe el crecimiento de la oferta de servicios de telecomunicaciones del país, se garanticen cabalmente los derechos de las audiencias y afronten los retos y riesgos que imponen las nuevas tecnologías emergentes.
La realidad tecnológica nos demanda establecer con claridad las competencias entre distintas autoridades frente al advenimiento de la Inteligencia Artificial y la automatización profunda a través de los algoritmos. Definir los mecanismos de coordinación y tramos de responsabilidad que deben asumir tanto el IFT y otros organismos como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), para regular el uso de los datos de los particulares y garantizar la privacidad de los usuarios de estas tecnologías; así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), ante la efervescencia de los mercados digitales.
La ciberseguridad es otro campo en el que nuestro país ha quedado rezagado y estoy convencido de que el regulador en telecomunicaciones, por su alta especialización tecnológica, puede y debe aportar en esta materia.
Para hacer frente a estos desafíos -entre muchos otros- es imperativo diseñar un nuevo plan de trabajo, construir un espacio de dialogo entre diversas autoridades, la industria, la sociedad civil y la academia con el objeto de revisar y actualizar las disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Abramos el debate, analicemos con exhaustividad y pulcritud el impacto y vigencia de la reforma. Tracemos la ruta. Definamos objetivos claros y metas de mediano y largo plazo para potenciar al sector y a su órgano regulador. No caigamos en un falso debate ni cedamos a las tentaciones de regresión.
La experiencia nacional e internacional nos ha demostrado que la regulación con independencia, autonomía de gestión y financiera es el camino para potenciar a uno de los sectores claves para el desarrollo de las naciones.
Por ello, es menester apuntalar al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Darle plenas facultades y certeza con la integración completa de su máximo órgano de gobierno. Es urgente el nombramiento de tres Comisionadas; es imprescindible dotarlo de los recursos necesarios para que pueda realizar exhaustivamente su labor y para que pueda seguir contando con personal técnico capacitado y experimentado.
Que estos primeros 10 años del IFT, sean una oportunidad y parteaguas para una Institución cuyas acciones han beneficiado, sin lugar a duda, a los usuarios y las audiencias de México.