Es una escena ya común: Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), se presenta ataviado con pants y sandalias –como recién llegado de casa o de un club deportivo–, a reuniones de alto nivel del gobierno López Obrador donde se discute el insoportable peso de la deuda internacional de esa empresa del Estado, que puede llevarla a suspender pagos para renegociar con sus acreedores, a riesgo de que ello desate una presión sobre los bonos oficiales, sólo comparable con el “error de diciembre” de 1994.
Romero Oropeza, hoy de 64 años, es uno de los hombres que más conoce a López Obrador, no sólo porque son compañeros de batallas políticas desde finales de los 80, sino porque siempre ha estado al centro de los manejos de dineros en el primer círculo del hoy Presidente. Pero la crisis en la petrolera ha desnudado las limitaciones de su director, cuya formación como agrónomo incluso está bajo cuestionamiento.
Según analistas de rango mundial –como Jason Turvey, de Capital Economics, en Londres–, el gobierno actual tuvo un perfil “pro-Pemex” que será insostenible para la siguiente administración, del color que sea. Tal perfil ha representado apoyos directos a esa empresa por casi un billón de pesos desde 2019, con la entrada del actual Presidente. Adicionalmente, Pemex ha podido diferir o simplemente no pagar obligaciones con las arcas públicas por cerca de 415,000 millones de pesos más, según un reporte reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que analiza la deriva financiera de esa compañía desde 2011 hasta junio del presente 2013.
El principal adeudo de Pemex es por el concepto de los llamados Derechos de Utilidad Compartida (DUC), que antes del gobierno López Obrador pasaron de 65% a 40%, pero, aun así, durante el actual sexenio nunca los ha pagado en tiempo. Hasta el cierre del primer semestre del presente 2023, la empresa había retenido la liquidación de al menos 50,000 millones de pesos por DUC, lo que provocó que no se alcanzaran los niveles de captación fiscal ofrecidos por el Sistemas de Administración Tributaria (SAT).
Fuentes de Pemex dijeron a este espacio que pedirá al gobierno al menos 200,000 millones de pesos más antes de que concluya el actual sexenio, para afrontar los pagos que le imponen sus deudas. Los montos de estos compromisos serán más apremiantes en la segunda mitad del año –cuando empezarán las campañas presidenciales–, y su peso resultará crecientemente oneroso en los próximos cuatro años.
La estimación es que quien releve a López Obrador en la Presidencia simplemente no podrá gobernar si no impone una reforma fiscal y nuevas reglas del juego a la petrolera. Pero para lograrlo, requerirá el aval del Congreso. Si no tiene mayoría al menos en la Cámara de Diputados, deberá someterse a una nueva correlación de fuerzas que puede extinguir el actual modelo de concentración en manos de Palacio.
Lo que los expertos no se logran explicar es por qué en Pemex confluyen dos suertes de actos de fe de López Obrador. El primero, que esa empresa es símbolo de la soberanía nacional. El segundo, el que haya puesto al frente a un aliado desde la juventud, Romero Oropeza, en cuyas manos ha depositado históricamente el manejo de asuntos financieros delicados. Por eso, cuando AMLO fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo nombró oficial mayor (1996-1999), mismo cargo con el que lo colocó durante su gobierno en el entonces Distrito Federal (2000-2005).
Tras la convulsa campaña presidencial de 1988, embarcados en el Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se empeñaron en la construcción de lo que sería el PRD. Una de las primeras escalas fue Tabasco, que tenía elecciones de gobernador en el otoño de ese año. Y ahí, por recomendación del tabasqueño Graco Ramírez Abreu –que llegaría a ser gobernador de Morelos (2012-2018)– reclutaron a un entonces dubitativo López Obrador. En el mismo primer impulso le encomendaron la candidatura a gobernador (que perdió), la conducción del FDN y la fundación del PRD local.
Desde sus primeros pasos, AMLO colocó dos de sus piezas clave: Javier May Rodríguez y Romero Oropeza, ambos ligados por múltiples intereses, incluso socios en proyectos ganaderos. Ahora marchan en tándem para el control de la próxima gubernatura, en la persona de May, actual director de Fonatur y actor clave en la construcción del Tren Maya. Ello, dicen sus afines, resulta encomiable para un hombre que apenas y concluyó los estudios preparatorianos. Pero eso parece ser la marca de la casa.
Cuando fue designado director de la petrolera mexicana, Romero Oropeza carecía de experiencia alguna en este campo. Su formación profesional fue la de agrónomo, pero aun en ello lo acompañan las controversias. Resulta que en 1976 ingresó al denominado Centro Superior de Agricultura Tropical, asentado en el municipio tabasqueño de Cárdenas. Ese colegio, de carácter federal, había sido creado en 1969 bajo la supervisión de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y apenas en 1973 se le autorizó formar agrónomos, para acabar siendo cerrado por decreto en 1985, durante la presidencia de Miguel de la Madrid, bajo señalamientos de pobres niveles académicos. A estas alturas, incluso existe polémica sobre la legitimidad del título de ingeniero agrónomo que le fue extendido a Romero Oropeza por esa casa de estudios –si así se le puede denominar–.