Durante 5 meses el Pleno del INAI no pudo sesionar viéndose por tanto imposibilitado para resolver los recursos que han presentado las y los ciudadanos a quienes les fue negada la información que, en ejercicio de su derecho, solicitaron a instituciones públicas o para interponer acciones de inconstitucionalidad, así como para revisar mediante su facultad de atracción, las resoluciones pendientes de órganos de transparencia locales, ya que ante la omisión en que incurrió el Senado para designar desde hace 17 meses a dos personas comisionadas y desde el pasado 30 de marzo a otra más, no contaba con el quórum requerido de cinco integrantes conforme lo establece la Ley Federal de Transparencia.
Lo anterior ha provocado un rezago de más de 8 mil 200 asuntos, sobre todo por la frecuencia con que las dependencias gubernamentales declaran la inexistencia de la información o clasifican los expedientes como reservados sin la debida justificación privando a la ciudadanía de su derecho a saber, y justo para eso existe el INAI, para que se haga público lo público como lo mandata la Constitución y los instrumentos internacionales, y evitar que las autoridades o cualquiera que reciba o ejerza recursos públicos escondan información que pueda ser comprometedora.
Por más que digan que no sirve para nada y dolosamente acusen que no ha ayudado a combatir la corrupción, siendo que esa no es su responsabilidad -de hecho en esta administración se ha desmantelado al Sistema Nacional Anticorrupción-, ejemplos sobran respecto al impacto que ha tenido la transparencia y la importancia de su función de vigilancia para el cumplimiento de las leyes en la materia, como la casa blanca de Peña Nieto, la estafa maestra o el fraude en Segalmex.
Por ello, es de celebrar la decisión de la Suprema Corte de Justicia para autorizar que, en tanto persista la omisión del Senado -la cual responde a una consigna del gobierno federal como se reveló en una grabación en la que el entonces secretario de gobernación transmite a las y los senadores del grupo mayoritario que el escenario ideal es que no haya nombramientos-, el INAI pueda sesionar válidamente con sus cuatro integrantes otorgándole a la presidenta voto de calidad en caso de empate, con el propósito de garantizar el derecho a la transparencia y acceso a la información pública que, como lo señala la ONU, se trata de un derecho humano y elemento esencial de toda democracia.
Desde luego esta decisión no ha sido del agrado del oficialismo, y las reacciones tanto en contra del INAI como de la misma SCJN no se han hecho esperar. Además del riesgo de que, en caso de obtener la mayoría calificada en la siguiente legislatura, desaparezcan al órgano garante -ya se han presentado iniciativas en ese sentido que afortunadamente no han prosperado- y disuelvan la actual integración de la Corte para que las y los aspirantes a ministros tengan que hacer campaña para ser electos por voto popular con todo lo que eso implicaría, es muy probable que también se verán reflejadas en un drástico e irracional recorte presupuestal tal y como ya se ha advertido desde la tribuna presidencial, para quien las autonomías y contrapesos institucionales son un estorbo que se debe remover.
Llama la atención y preocupa que el mayor agravio para el grupo en el poder, sea que la Suprema Corte de Justicia cumpla con su obligación de revisar que las normas y actos de autoridad se apeguen a la Constitución. Por más que acusen falsamente que con sus decisiones invaden la competencia del poder legislativo cuyos integrantes fueron electos por millones de ciudadanos, esto no les da carta de impunidad, no les faculta a violar las leyes, ni les exime del cumplimiento de sus responsabilidades, como la designación de comisionados que no es una potestad del Senado sino un claro mandato constitucional.