Como si fuera un desierto lunar, así están aterrizando las fábricas e industrias provenientes del extranjero a nuestro país, para que todo sea más barato y minimice los gastos de las grandes empresas extranjeras: bajos costos de producción, la cercanía con el mercado de consumo… y hasta los bajos salarios sin protección sindical.
Se piensa inocentemente que este “paraíso ideal” trae bienestar económico y social para todos, derivado de la generación de empleos, fortalecimiento de la inversión extranjera y desarrollo de infraestructura.
Sin embargo, abramos bien los ojos, estas empresas de capital extranjero que aterrizan intempestivamente en un país en vías de desarrollo como el nuestro, no lo hacen por caridad o una simple colaboración desinteresada, sino se trata de un verdadero paraíso laboral, al no ser obligatoria para su operación la contratación colectiva ni la representación sindical en los nuevos centros de trabajo.
Cuando llegan empresas bajo el manto de inversiones extranjeras, tanto los gobiernos locales como el federal se desviven en brindar las mayores atenciones posibles otorgándoles hasta de manera gratuita terrenos y los mayores beneficios fiscales posibles. Por supuesto el alejamiento de inspectores de trabajo en el cumplimiento de las nuevas relaciones laborales.
La reforma laboral de manera estrepitosa, sin ser su intención, permite que las empresas de todo tipo tengan un blindaje para evitar la entrada de organizaciones sindicales de cualquier naturaleza, salvo las que ellos controlen. Esta reforma facilitó la implementación de una barrera de grandes proporciones al exigir que los sindicatos tengan al menos el treinta por ciento de simpatizantes como requisito para iniciar cualquier tipo de negociación contractual con una empresa.
Y este gran muro antisindical, crece en proporciones gigantes cuando los patrones ponen sus propios ladrillos para impedir la organización obrera. Y eso ocurre cuando tienen conocimiento del listado de trabajadores que podrán conformar ese treinta por ciento. Lo que están haciendo ahora es que esa ventaja les permite realizar despidos selectivos o hasta masivos para desbaratar cualquier tipo de organización sindical.
Cuando un sindicato solicita se les reconozca al menos el treinta por ciento de los simpatizantes, implica recabar las firmas de éstos, generalmente en espacios abiertos lo que pone en evidencia quienes son los trabajadores que tienen esa intención de organización.
Se tiene conocimiento que al menos el 90% de las solicitudes de constancias de representatividad no alcanzan a lograr la firma de un contrato colectivo de trabajo, porque ésta solo tiene una vigencia de seis meses y al término de ella los sindicatos tienen que recabar de nueva cuenta un treinta por ciento de simpatizantes, los cuales ya temerosos de sufrir despidos como el de sus compañeros, con dificultad muy pocos trabajadores se atreven a otorgar su firma de nueva cuenta.
La reforma laboral sustituyó los contratos colectivos de protección por un paraíso sin contratos colectivos de trabajo ni sindicatos que ahora las empresas que se reubican en nuestro país para acercar territorialmente las cadenas productivas encuentran un terreno fértil para imponer bajos salarios.
El fenómeno del nearshoring se nutre por la proximidad con los grandes núcleos y mercados de la economía global lo que facilita o promueve la localización cercana de las inversiones dentro de las cadenas mundiales de producción. Se trata de inversiones que estaban lejos de sus matrices a través de procesos de offshoring, hacia ubicaciones más cercanas a las matrices, ahora facilitadas con reglas que obstaculizan la contratación colectiva.
Son diversos los factores de integración de México con las grandes cadenas de producción entre ellos su cercanía con Estados Unidos, el desarrollo de la industria maquiladora en el país, las características de sus recursos humanos y la facilidad de imponer reglas laborales propias, lejos de la autoridad de trabajo, la interrupción en el dinamismo en las cadenas mundiales de suministro derivado del fenómeno del covid-19 y sus estragos.
Las relaciones entre México y Estados Unidos son determinantes, se desarrollan a nivel regional en el área que se configura en la frontera entre ambos países, que con más de tres mil kilómetros de largo ha creado un ámbito geográfico socioeconómico único a nivel mundial, el cual se articula al menos en cuatro entidades de Estados Unidos como California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Por parte de México son seis estados los principales actores en esta relación de relocalización de las cadenas productivas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Comprendiendo también cuatro subregiones: California-Baja California, Arizona-Sonora, Oeste de Texas-Nuevo México-Chihuahua y Sur de Texas-Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila.
En esta región binacional hay una población de 100 millones de personas y en los municipios de ambos lados de la frontera conviven más de 14 millones de personas, muchas de las cuales tienen actividades cotidianas en ambos países, lo que la convierte en el cruce fronterizo más importante del mundo.
Además, muchas empresas de otros países han anunciado su expansión comercial a México por motivo del nearshoring, tales como Alemania, China, Japón, Taiwán, Italia y Canadá.
Se requiere con urgencia una reforma a la reciente reforma laboral que proteja de manera efectiva a los trabajadores en México ante los radicales cambios globales que arrasan con la sindicación, contratación y negociación colectiva y que inciden negativamente en el salario y las condiciones de trabajo decente.
No es admisible que los gobiernos prioricen la inactividad de la defensa de los derechos laborales con el pretexto de los nuevos tiempos electorales.