De las últimas cosas que los empresarios involucrados en el fideicomiso de inversiones que Gobierno del Estado debe fondear con el 20% del impuesto sobre la nómina, es que un crepuscular gobernador Juan Manuel Carreras López quedó a deber al fideicomiso aportaciones por unos 110 millones de pesos. El motivo: la pandemia trastornó la economía, alteró los ingresos y disparó los gastos del gobierno.
Ya no hay pandemia. La industria, la inversión y el empleo se recuperan a un paso más rápido incluso del que la zona metropolitana de San Luis Potosí puede siquiera atender en infraestructura, agua potable y movilidad. Para este año, la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí, ejercicio 2023, estableció una meta recaudatoria de 2 mil 989 millones 175 mil 823 pesos.
El artículo 8° de las Reglas de Operación del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí, conocido como “fondo de inversión”, establece que el presupuesto estatal que se asigne al fideicomiso “equivaldrá al 20 por ciento del monto recaudado del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal”, mejor conocido como el Impuesto sobre la Nómina.
Este año, si la meta recaudatoria sobre la nómina se alcanza, el fideicomiso de inversión deberá tener cerca de 600 millones de pesos en su patrimonio… pero no hay un peso.
El fideicomiso o fondo fue creado en 2014, durante la administración de Fernando Toranzo, para que parte de ese impuesto se aplicara en mejorar la infraestructura productiva, se atrajera inversión y se apoyaran proyectos concretos. El primer gran proyecto de ese fondo fue cumplir los compromisos crediticios para fondear la compra de terreno y desarrollar los servicios para la armadora BMW, unos 750 millones de pesos.
De lo transferido por gobierno estatal al fondo, “como mínimo el 99% (noventa y nueve por ciento) se destinará a los apoyos para proyectos productivos”. El resto será para los gastos de operación derivados de la administración. Y en ningún caso, el patrimonio fideicomitido podrá destinarse al gasto corriente de la Administración Pública Estatal. La pellizcada carrerista de los recursos para atender la pandemia, si fue o no cierta como se las explicaron, no cabe en “proyectos productivos”, por eso ni siquiera se ingresó el recurso.
La facultad de tomar decisiones sobre el patrimonio del fideicomiso de inversión es de un comité técnico que preside el gobernador, a quien suple en ausencia el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. La mesa la integran trece personas. El secretario de Finanzas, el del Trabajo y el del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo (Sifide), también forman parte del comité. La representación empresarial la tienen seis ciudadanos designados por el gobernador, de entre ellos el coordinador técnico que cumple funciones operativas. La Contraloría del Estado tiene un lugar sólo como visor permanente.
Después de cubrir los compromisos del Clúster BMW, la aportación continuó y se canalizaron recursos a proyectos elegidos por el Comité, algunos observados por la Auditoría Superior en las cuentas públicas bajo el criterio literal de “productividad” que exigen las reglas de operación. Por ejemplo, en la cuenta 2017, la ASE observó el proyecto para ampliar el estacionamiento del edificio de Canacintra, porque no lo encontró alineado con los fines del fondo.
La pandemia terminó y hay otra administración, del verde Ricardo Gallardo Cardona. El flujo de recursos procedentes del impuesto sobre nómina paró sin mediar siquiera un aviso los integrantes del Comité, mucho menos una explicación que justifique el incumplimiento de una aportación comprometida legalmente.
Gallardo creó en enero de 2022 un Consejo Consultivo con 15 integrantes empresarios invitados, criticado por machirulo y clasista porque excluyó a las mujeres, y le siguió descartando a obreros, a campesinos, pueblos originarios, profesionistas libres, estudiantes…
El decreto de creación de este Consejo Consultivo de tan simple alcanza el nivel jurídico de una puntada y no va a ninguna parte. Se supone que es el instrumento “mediante el cual la sociedad civil a través del sector empresarial, tendrá participación en la proyección de las políticas públicas en materia de inversión productiva, infraestructura pública y desarrollo económico del estado”.
Quién sabe por qué, si es un organismo para el desarrollo económico, quien suple al gobernador en esa mesota es el secretario General de Gobierno. El titular de Sedeco va del Secretario Técnico. Según lo que se lee, el Consejo sesiona cuando al gobernador se le ocurra y su trabajo es opinar, opinar y opinar.
Fuera de echar palique sobre cuanto tópico relacionado con el desarrollo y la competitividad económica se les ocurra en sus sesiones, el artículo 8° les da una única facultad sobresaliente: la de extinguir o modificar “aquéllos consejos que se contrapongan con el objeto de este Decreto (¡¿?!)”.
¿Suple este Consejo Consultivo al Fideicomiso de Inversión? No. Entonces el fideicomiso no ha desaparecido y la aportación del gobierno para invertir en infraestructura y proyectos de la industria debe cumplirse. No sería extraño que el gobernador ponga sobre la mesa de los quince del Consultivo la extinción del Fideicomiso de Inversión para que avalen su desaparición y se ahorra la aportación que debe.
A estas alturas, ya es predecible lo que tenga que ver con el manejo del dinero público en el gobierno de Gallardo Cardona. Heredó deuda en Pensiones, sí, pero lejos de solucionarla la acrecienta; sindicatos de burócratas denuncian el escamoteo de fondos que los empleados y maestros estatales aportan. Los jubilados ven pasar los meses, y ya los años, sin que les paguen sus finiquitos de ley.
El Gobierno gallardista le debe a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se niega en redondo a cumplir con esa aportación. Con un pretexto que es más un sesgo distractor, no autoriza el gasto que le requiere el Consejo Estatal Electoral para empezar a organizar el proceso del año próximo. Y el presupuesto estatal no incluyó el alza salarial que correspondía a los trabajadores del Poder Judicial este año. Atrabiliario, a las preguntas sobre transparencia responde con el distractor de la acusación colorida, ruidosa y sin fundamento. Usa el dinero de otros fines para financiar ocurrencias y caprichos; institucionaliza la trácala.
No puede decir que la suya sea política “de austeridad”. Del otro lado está el derroche en bailongos y espectáculos feriales gratuitos, un mes entero. La construcción a toda velocidad de una arena charra que nadie necesita en plena crisis hídrica de la Zona Metropolitana.
Su gobierno respondió a la emergencia por falta de fuentes para abasto de agua regalando unos vistosos y enormes tinacos pintados de verde.
De qué y cómo los llenen, no es su problema.