Si todo resulta como se anticipa en los procesos internos de los partidos políticos para elegir candidaturas a la presidencia de México en 2024, nuestro país será gobernado por primera vez en la historia por una mujer.
Los debates político-partidistas, la crítica feroz al feminismo –a veces justificada y muchas veces no– la dura realidad que enfrenta México en términos de violencia y descomposición social, y las normas sociales patriarcales que siguen generando una gran resistencia al liderazgo de las mujeres, parecen minimizar este hecho.
La posibilidad real de que una mujer dirija a México, que es la segunda economía más grande de América Latina, la número 15 en el mundo, no es un tema menor. Mucho menos lo es si consideramos que México es uno de los países con más altos índices de violencia de género y feminicidios a nivel mundial, en los que, debido a la desigualdad y la sobrecarga de trabajo de cuidados, las mujeres tienen una menor participación en la economía formal y, por tanto, menos protección social y espacio para su desarrollo pleno. Una sociedad, en la que se estima que 12% de las niñas y jóvenes han sufrido violencia sexual antes de los 15 años y en el que solo en 2021 hubo más de 22 mil carpetas de investigación por violencia sexual infantil (solo los casos denunciados).
Es también el país en el que, frente al establecimiento de cuotas de género en procesos electorales, los partidos hicieron de todo para evitar su cumplimiento. Y frente a eso, las mujeres organizadas siguieron luchando (con aliados en los distintos espacios) para cerrar los espacios a la trampa constante de quienes están convencidos de que, en la participación, las decisiones, el liderazgo (es decir, el poder) es para ellos. Esto ha pasado en el sistema electoral dominante y, también, en comunidades de usos y costumbres.
En otras palabras, México es un país con una alta normalización de la desigualdad, el machismo y la violencia contra mujeres, niñas y niños, siendo los hombres los principales perpetradores (no, no todos los hombres, pero sí los principales perpetradores y cómplices).
Es en ese contexto, con un proceso histórico de lucha social y estrategia política colectiva, que más y más mujeres han podido llegar a ocupar posiciones de liderazgo en el ámbito público y, poco a poco, construir poder para encabezar la toma de decisiones.
Estudios realizados alrededor del mundo en torno al liderazgo de mujeres demuestran que sus competencias creativas, es decir, aquellas que se refieren a lo relacional, autoconocimiento, autenticidad, conciencia y cumplimiento de logros, son mayores que las de los hombres en posiciones de liderazgo.
A pesar de esto, el camino para que las mujeres puedan realmente tener participación en la toma de decisiones, ha sido muy lento y, hasta la fecha, limitado. Las personas siguen confundiendo la presencia en espacios con el poder para darles forma y se siguen invisibilizando innumerables formas de violencia a las que tienen que hacer frente, muchas veces en silencio, para seguir adelante. Esto no es exclusivo de la política, pero sí es el espacio en el que las condiciones están dadas para la complacencia e impunidad absolutas, bajo la idea de que “es el costo de la participación y el liderazgo en lo público.”
Desde luego, mucho se dirá y se debe reflexionar sobre qué mujeres están llegando a esas posiciones y por qué, para pensar, implementar y reforzar las estrategias que siguen. También, es evidente que los retos son inmensos y que los perfiles, las ideas y las acciones son fundamentales para la elección que hará el país.
Sin embargo, faltando muchos meses para evaluar, criticar y reflexionar individual y colectivamente sobre los perfiles, pasados y visiones de las potenciales candidatas, es importante hacer una pausa y reconocer el camino andado por miles. Porque si nosotras no lo reconocemos y celebramos ¿quién lo hará?
No cometamos el error de invalidar lo que muy pronto querrá ser revertido.