El viernes 11 de agosto de 2023, cinco jóvenes desaparecieron en el municipio de Lagos de Moreno en Jalisco. Sus familias y la comunidad levantaron la voz y se manifestaron para que las autoridades localizaran a estos jóvenes lo antes posible. A estos llamados para la localización con vida de estos cinco jóvenes, se sumó la Universidad de Guadalajara (UdeG), pues uno de ellos, es un estudiante de Ingeniería Industrial de la Casa de Estudios de Jalisco. Asimismo, la comunidad universitaria, a través del Comité de Análisis de Desaparición de Personas de la UdeG, lamentaron la desaparición de personas jóvenes en la entidad y señalaron que existe un estado de emergencia por la desaparición de múltiples personas.
Esta desaparición de los cinco jóvenes de Lagos no es un caso aislado en la región, en la entidad federativa o en nuestro país. México vive una crisis en materia de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar. Datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPDNO) dan cuenta de que, del 01 enero del año 1964 al 16 de agosto de 2023, 110 mil 891 personas se encuentran desaparecidas y no localizadas: Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México son las entidades federativas en las que se registran el mayor número de casos. Y más que cifras o notas en medios de comunicación, los hombres y las mujeres que desaparecen deben ser una prioridad en la agenda pública nacional. Cada caso, es una familia que pierde la paz y la tranquilidad al buscar con desesperación a sus hijos o hijas. Por ello, como sociedad, y junto con sus familias, lo más solidario es exigir la localización de las personas que se encuentran desaparecidas, pues manifestarnos por la verdad y la justicia, es un tema prioritario para la agenda de los derechos humanos, la seguridad y el Estado de Derecho.
Es doloroso e indignante, las desapariciones de mujeres y hombres en México han dejado una profunda herida en miles de familias y en la sociedad mexicana. De tal forma, ser solidarios y empáticos con quienes viven esta lastimosísima y desesperante situación es un imperativo que da muestra de nuestra humanidad y respeto a las garantías de todos y todas. No hace falta conocer un caso cercano o que pase a alguno de los nuestros. Pues se ha advertido que, este fenómeno, no sólo lastima a las personas víctimas, a quienes se les niegan todos los derechos humanos. La desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares violenta a las víctimas y a sus familias, y en el plano colectivo, genera un sentimiento de inseguridad que alcanza a la comunidad y a la sociedad en su conjunto.
En ámbito de nuestras competencias, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) estamos convencidos de que, en la tutela del derecho a saber, el acceso a información fiable, oportuna y de calidad es clave para la rendición de cuentas, para el acceso a la justicia y la verdad. En casos relativos a desapariciones, el Pleno del INAI ha considerado que contar con información y tener acceso a los expedientes que conforman la investigación de estos hechos son esenciales para la memoria de las víctimas, así como para la justicia para sus familias y la sociedad. Asimismo, nos hemos pronunciado a favor de transparentar la investigación y la actuación de las autoridades, pues ello brinda certezas a las familias y a la sociedad mexicana, hace posible la evaluación del desempeño de las autoridades, y consecuentemente mayor rendición de cuentas. Pues creemos firmemente que, la transparencia nos ayuda a acercarnos a la verdad, lo cual es un paso necesario para la justicia y la no repetición de estas lastimosas prácticas.
Por otro lado, en la tutela del derecho a la protección de los datos personales y la privacidad, se considera relevante reiterar que la salvaguarda de la información de carácter personal de las víctimas y sus familiares es una medida imprescindible para la garantía de sus derechos humanos, para su dignidad humana, seguridad e integridad. Y esto no sólo es tarea de los responsables de las instancias públicas o medios de comunicación, también debería ser una responsabilidad de la sociedad. Como usuarios de la información debemos evitar la difusión y viralización de contenidos que no abonan a la localización de las personas desaparecidas o no localizadas. Por ejemplo, en nuestros perfiles de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea debemos evitar divulgar contenidos que muestren los datos personales de las víctimas o sus buscadores, contenidos que puedan vulnerar su dignidad o privacidad, así como contenidos audiovisuales que presenten crímenes y violencia. Está en nosotros hacer una pausa y no dar clic, evitemos compartir imágenes o vídeos que expongan a las personas que se encuentran desaparecidas, a fin de proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares.