Desde hace un par de meses –aunque formalmente el mes pasado– los partidos políticos han iniciado sus procesos de selección de quienes les representarán en la candidatura a la presidencia de la república. Con ello, se abre una interesante ventana de oportunidad para discutir diversos temas; entre ellos, los pendientes en materia de derechos humanos y, específicamente, en materia de derechos de las víctimas.
Si bien las y los aspirantes a la candidatura presidencial no pueden realizar aún propuestas concretas sobre lo que piensan hacer en su eventual gobierno, lo cierto es que han empezado a deslizar algunas ideas que dan cuenta de la forma en que abordarán ciertas problemáticas.
Por ejemplo, hace algunas semanas, un aspirante a la candidatura presidencial subió a su twitter una fotografía abrazando a una madre buscadora que estaba llorando. Con tal fotografía, anunciaba que la semana siguiente presentaría un plan sobre el tema.
A la semana siguiente, el aspirante presentó un plan de seguridad basado en el uso de tecnología e inteligencia artificial con, entre otras bondades, el reconocimiento facial; el reconocimiento morfológico de «delincuentes»; y drones de seguimiento.
¿Cuál es el señalamiento? Por un lado, la fotografía –con dolo o sin él– es muestra del uso político del dolor. Las y los aspirantes a la candidatura presidencial pueden elegir reunirse con las víctimas, establecer un espacio seguro de escucha y tomar nota de sus principales necesidades. preocupaciones y prioridades. Hasta ahora no lo han elegido.
Por otro lado, el plan presentado es una confirmación de la necesidad de más escucha. Una escucha que sea activa y segura, en donde las víctimas puedan, insisto, expresar sus necesidades, preocupaciones y prioridades.
Amén de las posibles violaciones a los derechos humanos que representan cosas como el reconocimiento facial y el reconocimiento morfológico de «delincuentes», el plan orienta sus esfuerzos a fortalecer la potestad punitiva y de control del Estado; una apuesta en donde, hasta ahora, no ha habido cabida para las víctimas.
Es así que como en la situación descrita, la agenda de víctimas enfrenta la invisibilización cuando se trata de hablar de los principales retos para la paz en México. Entre ellos, la impunidad y la falta de acceso a la justicia que hacen que las víctimas sientan desconfianza y desamparo ante la falta de rendición de cuentas por parte de los responsables.
¿Cuáles son, desde mi perspectiva, los principales tópicos a tomar en cuenta en una agenda en donde las víctimas tengan sitio?
Para poder construir una agenda que integre a las víctimas no solo como sujetos pasivos del actuar de las autoridades sino como sujetos activos de sus propios procesos, es necesario, en primer lugar, escucharlas, reconocer su sufrimiento y brindarles un espacio para expresarse. Para ello, es necesario establecer canales de diálogo entre las víctimas y los tres poderes y órdenes de gobierno. Ello permitirá desahogar los principales pendientes en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.
En segundo lugar, es de máxima importancia garantizar que las víctimas tengan acceso a un sistema de justicia eficiente y transparente, con mecanismos que aseguren la rendición de cuentas de los responsables. Para ello, resulta especialmente relevante mitigar la falta de recursos financieros y humanos que afectan la capacidad para brindar servicios adecuados y oportunidades de apoyo.
En tercer lugar, la atención especializada mediante la coordinación interinstitucional es un soporte necesario de toda estrategia de atención a víctimas. Ello implica un doble reto: el primero, contar con la disponibilidad de servicios y personal especializados para diferentes tipos de víctimas y el segundo, asegurar la coordinación efectiva entre diferentes instituciones para brindar una respuesta integral y eficiente a las necesidades de las víctimas.
En cuarto y último lugar, la reparación del daño es toral. Es indispensable implementar programas –en particular un Plan Nacional de Reparaciones al que me referiré en otras entregas a este espacio– y políticas de reparación que diagnostiquen las necesidades físicas, psicológicas, económicas y sociales de las víctimas, que busquen restituir el daño sufrido en la medida de lo posible.
La incorporación de estos cuatro elementos es indispensable para la construcción de una política de Estado que integre a las víctimas y sus familias, permitiendo su participación activa. Sin ellas, no es posible entender un proceso de transición hacia la paz que tanta falta le hace al país.
Las víctimas son la reserva moral del país. Con ellas, aunque se niegue, existen enormes deudas pendientes. Es una responsabilidad del Estado comenzar a saldarlas.
*Agradezco a la Silla Rota la posibilidad de regresar a escribir en este espacio y mediante estas primeras reflexiones. En las siguientes entregas me permitiré ahondar con mayor detalle en la agenda de atención a víctimas; señalando los aciertos, visibilizando los retos y haciendo propuestas a partir de la experiencia que me ha dado el trabajar de la mano con quienes han sido víctimas de un delito o de una violación a sus derechos humanos.