Las mujeres en México históricamente han sido un grupo discriminado en donde diversas organizaciones, colectivos, mujeres líderes de opinión, legisladoras federales y locales, académicas, servidoras públicas, entre otras, hemos impulsado desde nuestros frentes diversas acciones por alcanzar la igualdad sustantiva en el ejercicio y goce de nuestros derechos que nos permitan visibilizarnos en igualdad de circunstancias que el género masculino.
La propia Organización de las Naciones Unidas a través de ONU Mujeres ha sugerido a los Estados Miembros, entre ellos se encuentra nuestra nación, el establecimiento de normas que logren la igualdad y el trabajo de los gobiernos con la sociedad civil para la generación de leyes, políticas, instituciones, programas y servicios que busquen la participación igualitaria de las mujeres a través de la atención de los Objetivos integrados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable.
En estos objetivos destacan, entre otros: aumentar el liderazgo y participación de las mujeres; poner fin a la violencia contra las mujeres en razón de género; el empoderamiento económico de las mujeres, así como “…hacer de la igualdad un aspecto central en la planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo”.
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2021 del INEGI publicada en agosto de 2022, entre otros indicadores, destaca que el 70% de las mujeres de 15 años y más han experimentado, al menos en una ocasión, alguna situación de violencia en su vida, destacando la psicológica, seguida de la sexual, la física, la económica, así como la discriminación.
Entre otras disposiciones legales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en 2007 y sus posteriores reformas, es prácticamente a partir de 2014 con la inclusión del principio de paridad de género en la Constitución, como se han ido materializando diversas normativas que buscan generar en nuestra sociedad condiciones igualitarias de derechos entre hombres y mujeres.
Resaltan las reformas de 2019, conocida como paridad en todo que busca garantizar el cumplimiento de este principio en la integración de todos los poderes del Estado, órganos autónomos y en sistemas normativos indígenas, así como la reforma de 2020 que modificó 6 leyes generales y 2 federales para definir y tipificar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como las obligaciones de distintas autoridades para combatirla entre otras.
En 2022 se incorpora el precepto de “violencia digital” a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el objetivo de abatir y erradicar el fenómeno constante y creciente que sufren principalmente las mujeres en redes y plataformas sociales. En el mismo sentido, el Código Penal fue reformado para tipificar el delito de violación a la intimidad sexual para combatir las terribles prácticas de extorsión, maltratos, humillaciones y vejaciones.
Bajo este contexto y a efecto de garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres en México, así como de brindar la más amplia garantía y protección a los derechos de acceso a la justicia y defensa de las mujeres que ocupan o pretendan ocupar cargos dentro de los partidos políticos, de elección popular y el ejercicio del liderazgo de las mismas, desde mediados de 2021, cuando presidí al Comisión de igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) he buscado impulsar la creación de la Defensoría Pública para Mujeres, con la finalidad de contar con un área encargada de prestar servicios de defensa jurídica y asesoría legal en materia administrativa electoral y jurisdiccional en favor de las mujeres aspirantes, precandidatas, candidatas o aquellas que ocupan espacios públicos.
Esta propuesta obedece a la necesidad de generar un acceso real a la jurisdicción del Estado, cercano a las ciudadanas mexicanas, privilegiando un diálogo abierto, incluyente y plural en favor de las mujeres contra actos que afecten o pudieran afectar sus derechos políticos y electorales o sean o pudieran ser víctimas potenciales en materia política en razón de género.
La Defensoría Pública para Mujeres, propuesta en el anteproyecto de presupuesto del INE para 2024, año en el que se llevará a cabo la elección más grande de nuestra historia, con más de 20 mil cargos en juego y por lo menos la postulación de la mitad de mujeres para esos espacios, hace evidente la necesidad de contar con dicha instancia -que otras autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales ya tienen- como un medio para garantizar el derecho constitucional de acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución; apegado a la seguridad, legalidad y gratuidad, así como a las obligaciones de carácter internacional como lo mandatado en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone un compromiso estatal de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas, o de otro carácter, que sean necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades como derechos fundamentales.
En el mismo sentido, la propuesta de la Defensoría Pública para Mujeres está basada en la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El Comité CEDAW por su parte, ha establecido diversas recomendaciones de las que destaca la armonización de las legislaciones a fin de reconocer como delito la violencia contra las mujeres, estableciendo responsabilidades claras en materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento y sanción para las autoridades en los tres órdenes de gobierno.
De concretarse la Defensoría Pública para Mujeres, primero con la aprobación por parte del Consejo General del INE, su máximo órgano de decisión y posteriormente de la Cámara de Diputadas y Diputados, estaremos consolidando un frente muy importante para contar con una sociedad más igualitaria y justa, que proteja a las mujeres de todo tipo de violencias, máxime que, en 2024, estarán en disputa más de 20 mil cargos de elección popular. De lograrlo, tendremos las condiciones para garantizar equidad en la contienda electoral próxima y fortaleceremos, además, los principios básicos de la democracia: la igualdad, la no discriminación y la libertad.