Han pasado cinco años desde que el gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegó para encabezar el ejecutivo federal. Durante ese tiempo han sucedido muchos cambios en la política social, económica, administrativa y de seguridad en el país, pero la pregunta obligada es: ¿qué pasa con la seguridad pública?.
No pueden dejarse de lado los datos que se generan todos los días, meses y años para poder realizar un balance respecto a los resultados que se buscan y los que se obtienen, lo que nos da una perspectiva respecto a los índices de seguridad del país. Esto hace necesario no solo analizarlos desde la perspectiva numérica, ya que de esa forma siempre se podrá manipular el resultado a lo que cada quien interpreta y trata de generar en su conclusión. Es necesario analizarlos desde la perspectiva del ciudadano que lo vive día a día, y al que le causa un perjuicio.
Es necesario señalar que la seguridad pública se mide respecto al número de delitos cometidos, detenciones, denuncias, puestas a disposición, sentencias, índice de habitantes, etc., por hechos constitutivos de delitos, pero que más allá de eso se crea una percepción en el ciudadano, que va de la mano del nivel de impunidad que se genera por parte de las autoridades de prevención de los delitos y de procuración de justicia. Para explicarlo de forma clara, cuando en una ciudad o entidad federativa se cometen una serie de delitos y se conoce que los presuntos delincuentes han sido detenidos, puestos a disposición, vinculados a proceso y posteriormente sentenciados, la gente tiene una percepción de impunidad menor. A su vez considera que la seguridad está respondiendo a la causa natural de su gestión, cuando la realidad es que la seguridad pública debería consistir únicamente en la prevención de los delitos, para que no se cometan o que los presuntos delincuentes sean detenidos en flagrancia al cometerlos. Como sociedad tenemos la percepción de que a mayor número de detenidos, mayores resultados en seguridad pública, cuando necesariamente no es así. Como lo explique, la seguridad pública no se basa en la persecución de delincuentes, al contrario se necesita tener las bases sólidas de proximidad social para atender las causas con conocimiento de cada una de las diversas regiones del país. Un ejemplo claro es que la percepción de impunidad de los mexicanos va de la mano con los índices de inseguridad como lo demuestran los diferentes indicadores, del INEGI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre otros, que señala que el estado de la República que se mantiene con el más alto índice de impunidad hasta el 2022 es el Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato, Sonora, Quintana Roo, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos y Jalisco, los cuales a su vez son los estados con mayor índice delictivo, pero que generan además el mayor número de casos con sentencias muy menores a los números de delitos realizados en las entidades. Caso contrario a lo que sucede en la Ciudad de México que tiene un alto número de delitos por su nivel de población y tamaño, pero que derivado del número de detenciones y sentencias obtenidas hace que la percepción de la ciudadanía sea de una mejora en la seguridad pública.
Desde el análisis de este texto, queda claro que una cosa es la percepción de la seguridad y otra la seguridad pública como tal, ya que se tiene una serie de variantes que influyen en la percepción de la sociedad. Ejemplo claro de esto lo es el sexenio de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto donde se daba un impacto importante a las detenciones y aseguramientos de las corporaciones policiacas y militares, pero que al día de hoy sabemos eran una simulación para hacer creer a la sociedad civil que se estaba trabajando contra los grupos criminales, cuando en realidad los mismo eran apoyados desde las estructuras políticas y policiales en los más altos mandos del país, Sin embargo, generaban en gran parte de la sociedad una percepción de seguridad pública que daba tranquilidad, aunque en la realidad solo era una simulación.
Por último, la creación de la Guardia Nacional que ha sido tan criticada por algunos sectores, pero es necesaria ante la inexistencia de policías profesionales que hagan frente a los grupos criminales. Como lo he explicado en diferentes columnas, no se puede dar el mismo tratamiento a los delitos que se cometen en la Ciudad de México y áreas conurbadas del Estado de México a los que se dan en estados como Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, zonas rurales y regiones alejadas de las grandes urbes. La forma de actuar de los delincuentes es totalmente distinta, ya que buscan tener control territorial y la forma de actuar, capacidades tácticas, de armamento y forma de actuar de dichos grupos criminales son totalmente distintos. Para combatirlos, se necesita respuesta de elementos policiacos con capacidades tácticas y entrenamiento militar para responder a dichas amenazas.
Por desgracia, los elementos de la Guardia Nacional son atacados todos los días por los diferentes especialistas y opinólogos que creen saber de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional sin tener la más mínima idea de los conceptos y de las necesidades de cada región del país. Ante esto, es claro que la seguridad es uno de los pendientes que se deben atender, y que van de la mano con el éxito que llegue a tener la Guardia Nacional. Aclarando que la misma es y será de carácter civil tal y como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero con capacidades tácticas tipo militar para los lugares en donde se necesita la reacción y respuesta de dichos elementos. Mientras tanto, seguiremos viendo a policías, marinos y militares arriesgar su vida y libertad por cumplir con la misión: cuidar al pueblo de México.