A la par de la compleja sucesión en pos de la presidencia de la República, se tiene a la vuelta de la esquina otro cambio muy importante para la vida pública del país, como lo es la designación de quién ocupará la titularidad de la Rectoría de la UNAM, cuya convocatoria ha sido anunciada para el próximo día 21 de agosto por parte de su Junta de Gobierno. Históricamente, ambas sucesiones se han cruzado en el camino, reflejando de alguna manera la relación nada menor entre el poder político y la intelectualidad. No siempre han tenido momentos tersos, como el que se ha observado entre el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador y el rector Enrique Graue Wiechers, quien a lo largo de su segundo mandato no generó una buena relación, intercambiándose a veces no tan velados ataques y críticas mutuas.
El tema no es casual -ni menor tampoco- en la medida que la sucesión presidencial presenta un inusual cuadro de aspirantes (tanto del bando oficialista como del opositor) que provienen de la propia UNAM. Veamos: Santiago Creel Miranda y Enrique de la Madrid Cordero son egresados de la Facultad de Derecho, mientras que Beatriz Paredes Rangel proviene de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (donde estudió la carrera de Sociología) y la hoy puntera de las encuestas opositoras, Xóchitl Gálvez Ruiz, es egresada de la Facultad de Ingeniería.
En cambio, dentro del campo oficialista, de los aspirantes de MORENA, Marcelo Ebrard Casaubon es internacionalista por El Colegio de México, y Adán Augusto López Hernández egresó como abogado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sólo Ricardo Monreal Ávila (quien estudió primero en la Universidad Autónoma de Zacatecas, aunque posee maestría y doctorado e imparte a la fecha clase en la Facultad de Derecho) y Claudia Sheinbaum Pardo (egresada de la Facultad de Ciencias y quien incluso posee un puesto de investigación con licencia en el Instituto de Ingeniería) son las dos personas que poseen elementos de vinculación con la Máxima Casa de Estudios. No está por demás incluir a las otras dos “corcholatas” aportadas por los socios minoritarios como el PT (Gerardo Fernández Noroña, quien es sociólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en su Unidad Azcapotzalco) y el Partido Verde (Manuel Velasco Coello, quien estudio derecho en la Universidad Humanitas).
De primera instancia, como puede verse, la UNAM se presenta como la institución que ha formado a la mayoría de los aspirantes a la silla del Palacio Nacional. Y eso en teoría debería ser muy promisorio. Pero no lo es. El gobierno de la 4T ha impulsado un esquema de universidades públicas de alcance nacional como las del Bienestar Benito Juárez, en donde se parte de una actividad sólo centrada en la docencia, con salarios homogéneos y donde se promueve la admisión masiva sin exámenes de admisión o filtros de permanencia.
En cambio, ha sido muy crítica de los esquemas “productivistas” de becas y estímulos como los que precisamente posee la UNAM, además de que el presidente ha intentado promover reformas constitucionales y secundarias desde el inicio de su administración con la intención de modificar tanto el esquema de autonomía en materia de la educación superior (en el artículo 3º), como de manera específica con relación a su Ley Orgánica en lo relativo a la designación de sus autoridades. Ambas fracasaron precisamente por las presiones y el rechazo que se manifestaron dentro de los propios sectores de la comunidad universitaria.
La alocución reciente del todavía rector Graue no deja lugar a dudas de que se percibe un clima de tensión y presiones que se presume provendrán desde los medios y actores afines al oficialismo. Ciertamente nunca ha dejado ser así, pero también es cierto que la Junta de Gobierno ha ejercido un trabajo siempre meticuloso al momento de escuchar a la comunidad en torno a lo que desean expresar sobre las candidaturas registradas. Es claro que, se muestre lejanía o cercanía con el Ejecutivo, las pugnas internas tradicionales entre abogados, ingenieros y médicos por su control siempre han sido más que suficientes para que ello haga pensar a dichos integrantes del órgano deliberativo que será lo más adecuado como virtud: mantener el compromiso de autonomía no importando la filiación política del gobierno federal en tueno.
Cierto es que muchos de los exrectores han proseguido su vida pública en espacios relevantes, como lo demuestran recientemente los casos de Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles, quienes se desempeñaron como secretarios de Estado. Aún es temprano para valorar qué puede seguir en el destino de Graue Wiechers, pero ciertamente un cargo de alta exposición como lo es la UNAM hace pensar que no dejaremos de escuchar su nombre y quizás la coalición opositora ya le tenga puesta la mirada.
La sucesión presidencial tendrá en el tema de la educación superior un asunto que además de la UNAM, involucra el desempeño de la actual titular del reformado CONAHCYT, María Álvarez-Buylla Roces, también miembro de la comunidad académica de la UNAM, y quien seguramente será uno de los portavoces del oficialismo que tratará de influir en el proceso. Los problemas recientes ocasionados por los cambios de la hoy suspendida Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias y Tecnología muestran de antemano los riesgos que implica modificar el modelo organizativo de la política científica y educativa con la pretensión de alinear todo a las expectativas del gobierno en turno, mismo que si bien ya le queda poco a la presente administración, los visos de continuidad y el golpe de timón a las premisas generales del modelo no dejan de ser inquietantes, al redefinir lo que se considera “prioritario” para los fines del naciente consorcio burocrático-militar que viene desplazando al que aluden como sostenido en el apoyo a los mecanismos del tipo universidad-empresa vigente durante los llamados años del neoliberalismo.
La relación UNAM-Presidencia simboliza uno de los parámetros más significativos de la estabilidad política dentro del sistema mexicano. Con pocos meses de diferencia entre ambas, el resultado en dichos procesos sucesorios será muy importante para influir en la percepción de sectores importantes del electorado, especialmente entre la juventud y la clase media intelectual. Como ha ocurrido en coyunturas como las de 1988 (CEU), 2000 (CGH), 2012 (#Yo Soy 132), o como lo ha sido en el marco reciente de la pandemia, es muy importante evitar que la principal universidad de país sea sometida a conflictos innecesarios para tratar de apoyar o perjudicar a alguno de los sectores en disputa.