En el mundo, 6 de cada 10 personas usuarias de Internet y de las redes sociales manifestaron su preocupación ante la información errónea. En la región de América Latina y el Caribe estos porcentajes son aún mayores, pues la percepción del riesgo por información falsa es de 74.2%, así lo reveló un estudio realizado por académicos del Instituto de Internet de Oxford. Otro dato que debe destacarse en este análisis es que, las personas que viven en países con gobiernos democráticos expresan mayor preocupación por la desinformación que aquellos habitantes de países con autocracias cerradas.
La desinformación es uno de los desafíos más importantes que enfrentan los sistemas políticos en democracia. Ello debido a que este fenómeno tiene múltiples impactos tanto en lo individual, como en lo colectivo. En ese sentido, la desinformación vulnera el derecho humano de acceso a la información de las personas, desafía el ejercicio periodístico de calidad y restringe la libertad de expresión, reduce la confianza de la sociedad en las fuentes de información y en las instituciones, y en el plano colectivo, podría debilitar la participación de la sociedad en los procesos electorales.
No obstante, debemos reconocer que este fenómeno no se encuentra localizado solamente en una región específica del mundo, o en países con cierto sistema político, sino que se ha convertido en un tema de la agenda pública a nivel internacional. Hace unos días, António Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, alertó sobre el gran daño que está causando la proliferación de discursos de odio y las mentiras en el espacio digital. Al subrayar el uso indebido de las plataformas digitales para subvertir la ciencia y difundir desinformación a miles de millones de personas, también se advirtieron los siguientes riesgos: pueden provocar violencia y muertes, así mismo, ponen en riesgo a las instituciones democráticas y a los derechos humanos. Estos desafíos según afirma Naciones Unidas, se han intensificado aún más por los avances tecnológicos como la inteligencia artificial generativa.
Ante este escenario del ecosistema informativo global que amenaza la integridad de la información -es decir, su exactitud, coherencia y fiabilidad-, Guterres instó a la comunidad internacional a coordinarse para solventar esta amenaza global. A través del “Informe de políticas de Nuestra Agenda Común 8”, el Secretario General plantea algunos principios para conformar un código de conducta que oriente a los Estados Miembros y a las plataformas digitales en la construcción de un espacio digital más seguro e inclusivo que, a la vez, asegure el ejercicio del derecho de acceso a la información y las libertades de expresión y opinión. Entre estos principios se destacan: compromiso con la integridad de la información, respeto de los derechos humanos, apoyo a los medios de comunicación independientes, mayor transparencia y empoderamiento del usuario.
Por su parte, en noviembre del año 2022, países miembros y representantes de alto nivel de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea y actores interesados coincidieron en la necesidad de plantear acciones concretas para abordar los desafíos que enfrentan las democracias: uno de estos, la desinformación e información errónea. En esta deliberación celebrada en la Reunión Ministerial de Gobernanza Pública se advirtió como necesario la consolidación de medidas para fortalecer la integridad de la información, una de estas resoluciones fue el lanzamiento del Centro de Recursos Dis/Mis de la OCDE. En este esfuerzo colectivo que une a diversas autoridades del mundo, se busca la coordinación y colaboración de la sociedad, las empresas, las instancias públicas y las no gubernamentales para compartir buenas prácticas hacia la integridad de la información, así como para comunicar sus proyectos y experiencias para la integración de posibles políticas regulatorias del contenido en Internet.
Sin duda, los esfuerzos de la comunidad internacional para solventar los riesgos de la desinformación en el entorno digital dan muestra de la importancia de garantizar el derecho humano a la información y las libertades de expresión y de opinión, en el ecosistema informativo global. Fines que no sólo suman al conocimiento público, sino que tienen impactos en la forma en que la sociedad se organiza y se desarrolla.
En esta coyuntura, en la que reconocemos a la desinformación como un desafío que tiene incidencia en el ejercicio de los derechos y libertades de las personas, y la sociedad en su conjunto, especialmente en el ejercicio de las libertades informativas, de expresión y de opinión. El INAI reitera su voluntad para sumarnos y hacer sinergia con diversos proveedores y multiplicadores de la información, tanto del ámbito público como del privado, a fin de garantizar que los usuarios de la información obtengan contenido veraz, oportuno y de calidad.