Se cumplieron cuatro años de la creación de la Guardia Nacional. Se sabe que cuenta con 128 mil efectivos y se han creado 657 instalaciones para el uso de esta en todo el territorio nacional. Su fuerza operativa desplegada es de 113,409 elementos, cuenta con 266 coordinaciones territoriales en toda la República Mexicana. Tiene una aprobación de confianza superior al 77% entre la población de acuerdo a datos del INEGI. La gran mayoría de sus elementos provienen de origen militar, en específico de la Policía Militar y de la Policía Naval Militar, y los elementos civiles provienen de la extinta Policía Federal, el número de reclutados es menor al 25% de sus elementos.
En 2022 se reformó la Ley de la Guardia Nacional para ser transferida a la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional pero la misma fue declarada inconstitucional por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el principal argumento que la seguridad pública debe ser de carácter civil como lo establece el artículo 21 de la Constitución. Durante estos cuatro años hemos podido observar un fenómeno poco analizado pero muy real, la policialización de las Fuerzas Armadas, fenómeno que no es exclusivo de nuestro país. Este fenómeno suelen confundirlo muchas personas ya que lo llaman: militarización de la seguridad pública.
Es una realidad que la Guardia Nacional fue creada ante la necesidad de tener una fuerza federal policiaca que hiciera frente a la problemática de inseguridad que existe en el país desde hace más de treinta años. Este esfuerzo se entiende, ya que los grupos criminales que ejercen dominio en diferentes regiones de nuestra República Mexicana tienen diversas capacidades, no es lo mismo la inseguridad de las grandes ciudades y áreas conurbadas, que con las regiones urbanas que incluso tienen sus propias reglas de usos y costumbres. Se intenta tener una policía competente y profesional, con capacidades tácticas, operativas y administrativas que tengan los recursos necesarios para hacer frente a los grupos criminales más poderosos de México y el mundo, de acuerdo a lo publicado por la DEA.
Cuando se analiza el trabajo realizado por la Guardia Nacional única y exclusivamente desde los datos, sin analizar las zonas y el comportamiento de los grupos criminales, el análisis es incorrecto y manipulado. Lo que es una realidad es que la mayoría de los delitos que se comenten en territorio nacional son del orden común, esto demuestra la ineptitud de muchas entidades federativas y municipios, que no tienen la capacidad para prevenir los delitos.
Una realidad es que la conformación de la Guardia Nacional está basada en los elementos militares que provienen de la Policía Militar y Naval, a los que les falta mucho trabajo para conocer la función policial, la proximidad social, el respeto a los derechos humanos y procesales. Es también un hecho que se utilizó a dichos elementos porque tenían una ventaja sobre los posibles nuevos elementos, y tiene que ver en el manejo táctico del armamento y la disciplina militar. Ese ha sido otro gran problema al momento de realizar las operaciones policiacas, porque siguen siendo en una realidad los mandos militares los que ordenan, supervisan y verifican al personal de la Guardia Nacional; asimismo, con las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que el control administrativo debe seguir en el mando civil y en la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pero que en la realidad el mando operativo lo lleve a cabo la SEDENA crea un limbo jurídico por el simple hecho de que cuando se cometen abusos de autoridad o delitos en los operativos, ya no podrán ser las autoridades militares quienes arresten o inicien carpetas de investigación, lo que ha dado como resultado que los mismo elementos de la Guardia Nacional y sus mandos sean poco receptivos con las órdenes de las comandancias, zonas y regiones militares.
Se entiende que la Presidencia de la República ha buscado blindar a la Guardia Nacional para que no vuelva a suceder lo que paso con el AFI (Agencia Federal de Investigación), la PFP (Policía Federal Preventiva) y la PF (Policía Federal), que terminaron siendo un grupo de mercenarios (aclaro, no todos sus elementos) al servicio de los grupos criminales, en específico del Cártel del Pacifico (cártel de Sinaloa). Pero desafortunadamente tampoco se ha podido consolidar a la Guardia Nacional como una comandancia al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, olvidando que si existen buenos policías civiles con experiencia que podrían haber ayudado a la formación profesional de lo que todos queremos sea el día de mañana la Policía Nacional, y que pueda brindar Seguridad Pública a todo el país.
En tanto, hay un abandono de ese gremio policiaco que por ley se encuentra castrado a poder emitir su opinión por el ya conocido artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esta los convierte en ciudadanos y profesionales de carrera de segunda, restringiéndoles derechos tan básicos como la asociación sindical. Por esta razón, varias asociaciones de policías, peritos y agentes del Ministerio Público han decidido formar parte de las acciones políticas de la oposición, lo que debe poner en aviso al partido gobernante ya que se han olvidado del capital humano y la gran fuerza de este gremio que puede ser bastante bien recibido por los grupos de oposición.
Por último, de los pocos jefes policiacos civiles que hay en el país y que tiene una responsabilidad mayor es el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Omar Hamid García Harfuch, quien además ha renunciado a la posibilidad de ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad por MORENA. Seguirá con el proyecto de transformación y de prevención del delito capitalino y de la Dra. Claudia Sheinbaum como posible candidata a la Presidencia de la República, pero las ultimas notas publicadas por diferentes medios de comunicación a nivel nacional lo han dejado muy mal parado, ya que demuestran que parte de sus equipos policiales de inteligencia junto con personal de la Fiscalía de la Ciudad de México han simulado hechos con apariencia de delito para imputar falsas acciones a diferentes tipos de ciudadanos que posiblemente estuvieran relacionados con actividades delictivas. Lamentablemente esto nunca lo sabremos. Lo que sí supimos, es que los elementos élites de la Secretaría de Seguridad Ciudadana simularon actos, plantaron drogas y armas, sacando provecho personal y económico, así como violaron derechos humanos y procesales a los presuntos responsables. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitirá una recomendación en los próximos días por estas violaciones flagrantes a los derechos humanos por el personal de la secretaría a su cargo, lo que deja muy mal parado a quien hasta este momento podría ser el último civil con posibilidades reales de recuperar la seguridad pública de las manos del poder militar.