Conforme avanza el registro de simpatías en favor de los aspirantes del Frente Amplio por México y se consolida la posición de Xóchitl Gálvez como puntera indiscutible, crece la preocupación por su seguridad y se multiplican los ataques y denuncias para tratar de desprestigiarla y descalificarla con argucias y denuncias ante los tribunales.
La estrategia no es nueva, el gobierno ha demostrado su eficacia para intimidar y mediatizar a sus adversarios políticos, utilizando a las instituciones del estado para sembrar dudas, confundir a la opinión pública y fincar supuestas responsabilidades a funcionarios públicos o líderes de la oposición con el fin de cobrar viejas cuentas o desactivar políticamente a quienes estorben a sus designios, mediante procesos judiciales que han llegado a la prisión preventiva y al autoexilio.
En el caso de los aspirantes del Frente Amplio, el presidente y sus voceros han intentado minimizar el despertar ciudadano y los alcances del método de selección, abierto a la participación de la sociedad, para seleccionar a quien habrá de coordinar la propuesta de la oposición para las elecciones del próximo año.
Al advertir que la aspiración de la senadora es un peligro para el futuro político del grupo en el poder, se ha puesto en movimiento toda la maquinaria institucional al servicio del gobierno. Desde la tribuna presidencial se han lanzado graves acusaciones en contra de la aspirante del Frente Amplio, la mañanera ha sido el patíbulo mediático para tratar de aniquilarla sin éxito a la fecha. Ante el fracaso de las injurias, ahora han puesto en marcha las denuncias penales por supuestos delitos del pasado.
Las denuncias tienen como propósito hacer verosímil la acusación y dar el pretexto a la Fiscalía General de la Republica, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Sistema de Administración Tributaria, para documentar las supuestas irregularidades y proceder a solicitar el desafuero de la senadora Xóchitl Gálvez. Para completar la maniobra, cuentan con la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados para iniciar los procedimientos, el escarnio y el linchamiento público.
Esta maquinación es abuso de poder. En sentido estricto, estamos ante la extralimitación en el ejercicio de las facultades que les son propias a diversas instituciones del estado mexicano en perjuicio de un particular. Este atentado en contra de los derechos y libertades políticas de los ciudadanos está tipificado como abuso de poder en países democráticos, en nuestro país se interpreta por analogía a partir de diversos ordenamientos legales.
En sentido amplio, el abuso de poder se relaciona con excesos, engaños y perjuicios por actuaciones ventajosas de la autoridad en contra de los ciudadanos señalados. Evitar la desproporción en el uso de la fuerza por parte del estado en contra de sus gobernados, no solo es un principio universal y una obligación consagrada en nuestras leyes, es una grave responsabilidad de quienes ostentan cargos de autoridad y han jurado cumplir la ley y velar por el bien del país.
Por lo pronto la consigna enviada desde el poder tiene consecuencias inmediatas que enrarecen el clima preelectoral, como sucedió en la gira de Xóchitl Gálvez en Oaxaca, donde adictos al régimen insultaron a los ciudadanos participantes y trataron de impedir con violencia las concentraciones. Si los agresores piensan que así ayudan al presidente y a los aspirantes oficiales, se equivocan, con la violencia perdemos todos.