Ante dudas de algunos lectores, vamos a profundizar en lo tratado en el artículo anterior. Decíamos que se entiende que el bloque opositor, en caso de ganar la elección presidencial, apostará por la formación de un gobierno de coalición. ¿Qué es exactamente eso y qué significa para la gobernanza en el país?
Un gobierno de coalición
En 2014 se incluyó en el artículo 89 constitucional la posibilidad de establecer un gobierno de coalición a partir de una mayoría construida con dos o más partidos políticos. El bloque de partidos opositores asume, correctamente, que, en caso de obtener el triunfo en la pista ejecutiva federal, ningún partido por sí sólo conseguirá la mitad más uno de los votos y que convendría por tanto conformar una coalición de gobierno. Eso implica que el gabinete, ratificado por el Senado, tendría que estar integrado por personas que representarán a los distintos partidos políticos coaligados, restando margen de maniobra, de representación personal e impacto de sus electores a quien ocupe el puesto de ejecutivo federal, pero brindándole la cobertura del grueso de partidos que respaldaron su candidatura.
La integración de un gobierno de coalición posibilita que, frente a proyectos controvertidos, el encargado del ejecutivo pueda presionar a los integrantes de las representaciones legislativas de los partidos afines coaligados para que respalden sus propuestas. En ese sentido, podrán pasarse en principio propuestas de reformas a leyes secundarias, aunque modificaciones constitucionales requerirán de un esfuerzo de concertación y negociación con fuerzas políticas distintas ajenas a la coalición de gobierno. Empero, sería esperable disminuciones del apoyo de los representantes de los partidos coaligados cuando los intereses electorales estuvieran próximos y fueran relevantes y contrarios al gobierno en funciones.
Sin lazos partidarios
Si la persona que obtenga para sí el puesto ejecutivo no forma parte ni está vinculada con las estructuras de los partidos coaligados, fungiendo casi como un independiente respaldado por diversas franquicias, se presentaría el problema de que la capacidad de influencia de sus electores y el margen de libertad de quien gobierne para integrar su gabinete se reduciría, aunque en contraparte ganaría el respaldo de las fuerzas políticas que prestaron su apoyo a la candidatura. De hecho, el beneficio para los partidos coaligados sería doble, pues al margen del respaldo que efectivamente habrían podido obtener por sí sumarían los votos que les allegue la candidatura no estrictamente partidaria que hubieran respaldado, derivando no sólo en puestos en el gobierno sino en posiciones legislativas. Así, el desgaste y la pérdida de confianza que pudieran tener sus dirigencias y estructuras no se reflejaría en los resultados electorales, al ser más que compensadas por el caudal de sufragios que atraería una candidatura cuasi-independiente, fresca, atractiva.
De esta manera, más que especular sobre la potencial disminución de respaldos a una candidatura de esta naturaleza por el hecho de correr anclada y presentarse en boleta bajo las siglas de diversos partidos políticos, lo que se esperaría es que nutriera de votos a estas organizaciones, que así conservarían su peso histórico y en conjunto podrían logran una victoria que se antojaría sumamente difícil para los partidos en caso de llevar a alguien que representase a las estructuras anquilosadas de estos institutos. Serían escasos los ciudadanos que dejarían de votar por quien eligieron por el hecho de que aparezca como la candidatura de alguna fuerza política en particular, como se ha demostrado cuando una fuerza menor ha respaldado a un candidato con elevadas simpatías. Habría que ver solamente qué tanto ello propiciaría un voto diferenciado entre la pista ejecutiva y legislativa federal, lo que podría conllevar que quien ganara la Presidencia de la República partiera de disponer de una minoría parlamentaria de los partidos que formaron su coalición electoral.