De acuerdo con diversas encuestas que algunos medios de comunicación han hecho públicas, queda claro que una de las principales preocupaciones de nuestra población es la inseguridad que persiste y gangrena nuestra tranquilidad, nuestros derechos fundamentales e, incluso, la estabilidad y paz de las personas que vivimos en esta nación.
Para darnos cuenta del impacto que la inseguridad implica en la percepción de la población mexicana, resultan muy reveladores los datos contenidos en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI correspondientes al segundo trimestre de 2023, cuyos resultados fueron publicados el pasado 19 de julio y está enfocada al ámbito urbano que representan 75 ciudades consideradas de interés.
Es importante resaltar que la cobertura conceptual que abarca la Encuesta está referida a “la sensación de inseguridad, las expectativas sobre la tendencia del delito, la atestiguación de las conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito, la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, los conflictos y conductas antisociales, el desempeño gubernamental, la frecuencia de movilidad, los hogares víctima o con algún o alguna integrante víctima de robo y/o extorsión, víctimas de corrupción y las víctimas de acoso o violencia sexual”.
El dato más relevante que revela esta Encuesta es que, en junio de 2023, el 62.3% de la población de 18 años y más manifestó sentirse inseguro vivir en su ciudad. Lapidario dato para las políticas instrumentadas por distintos gobiernos para abatir los diversos índices delictivos que prevalecen en nuestro país. Además, representa un ligero aumento al registrado en marzo de este año que alcanzó un porcentaje del 62.1.
Por sexo, resalta que las mujeres son las que manifestaron sentirse inseguras en una mayor proporción que los hombres, 66.8% por 54.8% de los hombres, es decir, un 12% de diferencia.
Respecto a la percepción de inseguridad en espacios físicos resalta que el 73% de la población refirió como puntero los “cajeros automáticos” localizados en la vía pública, seguido del “transporte público” con un 65.5%; en los “bancos” con un 57.3%; “calles que habitualmente usa” la ciudadanía, 54.4%; la “carretera” con un 51.6%; el “mercado” con un 46%, entre otros espacios públicos. Todos estos aspectos, crecieron ligeramente respecto a marzo de 2023.
Sobre la medición relacionada con la expectativa de la ciudadanía de 18 años y más para los próximos 12 meses, sobresale que el 34.1% de la población consideró que la situación de la delincuencia e inseguridad seguirá “igual de mal” en su ciudad, en tanto que un 23.6% manifestó que la situación “empeorará”.
Entre las múltiples variables medidas por el INEGI resalta la “Percepción del desempeño gubernamental” en donde la población refirió en un 79.1% a los “baches en calles y avenidas” como una de las principales problemáticas; un 60% las “fallas y fugas en el suministro de agua potable”; en un 58.3% el “alumbrado público insuficiente”; en un 52.9% la “delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, fraudes, etc.)”, entre otros.
Sobre “víctimas de actos de corrupción” el 43.5% manifestó haber sido víctima de, al menos, un acto de corrupción de diversas autoridades, resaltando las que corresponden a las encargadas de la seguridad pública. Respecto a la variable “acoso personal y violencia sexual) el INEGI estima que un 16.6% fue víctima de alguna situación en lugares públicos principalmente.
Estos y otros datos registrados en esta muy interesante Encuesta son un referente importante para las diversas autoridades del país en los tres órdenes de gobierno para instrumentar una serie de políticas públicas que atiendan las principales demandas de la población. Asimismo, es un indicador para el Legislativo tanto federal como locales, para generar o adecuar las leyes que fortalezcan la labor y atribuciones sobre todo de las áreas de procuración de justicia, así como de las instancias encargadas de la seguridad pública.
Atender los requerimientos de la población es una obligación del Estado mexicano, de las diversas autoridades y de la coordinación entre ellas; el principal ingrediente de una sociedad que vive en un sistema democrático debe ser la atención de su población.