El presidente López Obrador presionó durante cinco meses a funcionarios del gobierno mexicano y a litigantes estadounidenses pagados por el erario federal, a fin de que se entablara una demanda contra el abogado de Genaro García Luna que durante su juicio sacó a colación un supuesto soborno del narcotráfico en favor del tabasqueño. Sólo desistió cuando fue alertado que debería prepararse para comparecer en persona ante un juez de Nueva York y encarar el riesgo de nuevos señalamientos. Esta es la historia.
Desde Palacio llegó la orden de que el consulado general de México en Nueva York, a cargo de Jorge Islas gestionara un reclamo ante el colegio de abogados para sancionar a César de Castro, defensor de García Luna. De acuerdo con fuentes familiarizadas con el caso, Islas recibió por escrito la instrucción, pero desde canales extraoficiales se le indicó no acatar esa orden presidencial, para evitar un escándalo judicial y político.
Lo ocurrido pone en evidencia que el presidente de la República puede determinar acciones de alto riesgo en el ámbito internacional –ya no digamos en el doméstico–, por sí solo o azuzado por alguno de sus asesores radicales, sin la mínima consulta con expertos, sean legales o diplomáticos, como fue este caso.
El 14 de febrero de este año, De Castro presentó como testigo en el juicio contra García Luna a Jesús “El Rey” Zambada García. El litigante aludió a un presunto testimonio previo según el cual Zambada había pagado un soborno de siete millones de dólares para una campaña presidencial de López Obrador, a través de Gabriel Regino, jefe policiaco de la ciudad de México durante el gobierno de López Obrador en la capital del país (2000-2005).
Este espacio consultó la transcripción del interrogatorio, en el que Zambada García negó haber dicho que dio tal soborno a AMLO. “No lo puede haber dicho porque no es cierto”, expresó. Pero acotó: “Le di alguna cantidad (a Gabriel Regino), y él me dijo que era para la campaña, pero no se lo entregué a él (López Obrador)”.
De acuerdo con la misma transcripción, el fiscal que presentó los cargos contra García Luna objetó varias veces el interrogatorio de De Castro, alegando que encerraba imputaciones contra un presidente en funciones. Tras un breve intercambio de impresiones, el juez de la causa frenó todo al determinar: “Dijo (Zambada) que eso no ocurrió (haber entregado dinero a AMLO). Fin de la historia”.
En México se subrayó que la alusión de De Castro refería que referida campaña electoral de López Obrador había sido para competir contra Vicente Fox, que ya era presidente desde el 2000. El abogado de García Luna no ha buscado aclarar si como parece cometió una pifia, o si se refería a la campaña que el ahora presidente comenzaría durante el foxismo.
Un día después de la referida audiencia, el 15 de febrero, el Presidente anunció la demanda contra el abogado César de Castro, sobre quien cargó al tacharlo de “falsario” y “difamador”, al tiempo que enaltecía el desmentido de Zambada García, preso en Estados Unidos desde 2008 bajo acusaciones del narcotráfico y hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, cabeza del Cártel de Sinaloa.
En la última semana de mayo pasado, el propio mandatario reiteró que se estaban consultando los mecanismos adecuados para presentar tal demanda. Para esa fecha ya conocía que el eventual reclamo contra De Castro en el colegio de abogados nunca había salido de las oficinas del consulado en Nueva York, pues carecía de toda base legal y porque atraería una airada reacción por parte del medio de juristas en todo Estados Unidos.
Pero lo que en realidad frenó a López Obrador fue el informe de los abogados contratados en la Unión Americana, según los cuales una demanda bajo ese contexto estaba destinada al fracaso porque violentaría los derechos del abogado De Castro a la libre expresión y a presentar todos los elementos a su alcance para apoyar a su defendido. El análisis prendía una luz roja al destacar que un reclamo jurídico obligaría a López Obrador a comparecer personalmente en un juzgado norteamericano y encarar a De Castro, en lo que acabaría siendo un juicio contra el gobierno mexicano.
El pasado jueves 20, el Presidente dio finalmente por muerto el tema al declarar en su conferencia mañanera que, según los abogados consultados, De Castro “goza de impunidad” por jurisprudencia que haría inviable una demanda en su contra, con lo que faltó a la verdad. Pero dijo que alistaba “una carta” para enviarla al abogado de García Luna y hacerle un reclamo directo por su proceder. Seguramente De Castro ha perdido el sueño desde entonces.