En México, la situación de los pacientes que necesitan medicamentos a base de cannabinoides para tratar su condición es de desesperanza. Un claro ejemplo es el caso de Diego, un niño de 10 años que sufre el síndrome de Lennox-Gastaut, el cual le produce una espasticidad severa y requiere de medicina alternativa para aliviar su progresivo dolor.
La madre del menor, Janeliy López, socia fundadora de la Asociación Mexicana de Investigación en Cannabis (Amexicann), ha venido enfrentando, desde hace seis años, múltiples obstáculos en su lucha judicial, social y personal para obtener un tratamiento que aminore el malestar de Diego, incluso, aunque caiga en la ilegalidad.
En tanto, la Cofepris en la ‘4T’, para no variar y perder la costumbre, ha puesto largas y ha sido omisa en la atención de su solicitud para liberar los permisos de importación de materias primas y que al niño le puedan formular su preparado de moléculas de cannabis en México, así como para que tenga supervisión médica.
Y es que, aunque la autoridad no lo cataloga como tal, Diego padece una enfermedad catastrófica, que lo lleva a consumir una mezcla de distintos cannabinoides a los que no tiene acceso en el país. En 2021, mostraba avances en el tratamiento de sus patologías, gracias al uso de estos derivados; sin embargo, dos años después las crisis han empeorado.
“Diego cada vez está peor, los analgésicos ya no hacen efecto, no consigo parches de liberación con morfina porque también hay crisis de parches”, contó su madre.
Ojo, en julio de 2021, Janeliy López ya había denunciado en este mismo espacio la falta de apertura y apoyos para poder abordar el uso terapéutico de la mariguana en menores, así como el tema del autocultivo. Dos años después las cosas siguen paralizadas, y la Cofepris alabando al doctor muerte López-Gatell.
“Con Diego he tenido que recurrir a un mercado ilegal, ya que actualmente tiene más crisis de dolor por la espasticidad severa que él maneja, porque es parte de su enfermedad desafortunadamente, y yo he tenido que seguir recurriendo al mercado negro”, agregó la mujer.
Además, me contó con gran frustración que han llevado el tratamiento de Diego con productos de cannabis terminados que ingresan al país como si fueran de uso personal, ya que los menores quedan fuera de la legislación que permite el consumo.
“Le estuvimos trayendo un producto de Colombia a México que durante un año le funcionó bastante bien; sin embargo, le empezó a alterar las transaminasas en el hígado”, explicó.
Esta es otra de las consecuencias de la falta de regulación y permisos que impiden que un médico lleve la farmacovigilancia y, por ende, no se sepa por qué le estaba afectando el medicamento a Diego. Y hay que empezar de nuevo, desde cero.
Regulación en el limbo
La madre de Diego ha desafiado al sistema, pues el THC y CBD, dos populares moléculas derivadas del cannabis, siguen siendo ilegales en México si no se tiene un permiso de importación.
El autocultivo con fines terapéuticos en México no es una opción viable, por la falta de reformas legales y las restricciones para proporcionar medicamentos a menores de edad, aunado a la falta de procesos farmacéuticos validados que no pueden llevarse a cabo por la intransigencia de la ‘4T’.
De hecho, el código penal sigue sin reformarse, por lo que el cannabis sigue siendo considerado un estupefaciente, que, de brindarse a un menor de edad, es motivo de causas penales, léase para irse a la cárcel, por lo que para Janeliy sigue siendo una utopía.
Obvio, Diego y su madre no son los únicos afectados por esta situación. Existe una creciente demanda en el mercado ilegal de medicamentos de cannabis, lo que pone en riesgo la trazabilidad y la seguridad de estos productos, así como a los pacientes, que se exponen a tratamientos de dudosa calidad y sin control sanitario.
La pandemia y el austericidio del gobierno de López Obrador, aplaudido por el doctor muerte López-Gatell, agravó aún más esta problemática, dejando en un plano inexistente a los pacientes que dependen de tratamientos específicos y la legislación está en el tintero.
No es negligencia, es desesperación
Aunque existe la reforma a la Ley General de Salud que te da el derecho para poder llevar a cabo investigaciones y desarrollo de productos a base de cannabis, lo que no hay es un marco armonizado. Además, el Reglamento en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados fue lanzado en 2021 y sigue sin operarse.
Esto ha llevado a empresas a ampararse ante una autoridad que no sólo no da los permisos, sino que es omisa en sus respuestas, como ha comprobado la familia de Janeliy.
“Siempre son trabas regulatorias, en cuanto a procesos, pero las empresas que me han apoyado prestando sus instalaciones, su documentación y me dicen ‘Jane’, nos previenen o nos dicen que está mal el llenado de los formatos, y ahí ya te vuelves a comer hasta ocho meses, porque aparte Cofepris no te responde de manera inmediata, se tarda un montón”, afirma.
“Llevamos dos años con esto, seis meses de otra vez haber iniciado el trámite, y no sé en qué estatus estás, y mi hijo cada vez está peor. A mí se me hace más fácil meterme en un tema ilegal y seguir corriendo riesgos”, lamenta.
Mientras esto ocurre, ante la demanda, los mercados grises siguen emergiendo, en especial a través de las redes sociales y el e-commerce, escapando de la regulación, pero también de los controles sanitarios.
Ante la falta de empatía legislativa, el tema del cannabis se ha tenido que venir motivando desde la SCJN, a través de un amparo, porque si bien existe un reglamento, éste sigue siendo inoperante mientras falten secretarías que armonicen normas y reglamentos.
“Que Cofepris se ponga a hacer su trabajo y ya no nos pongan en la carpeta de los pendientes olvidados, porque eso es lo que está haciendo con cannabis. Los pacientes no nos tenemos por qué amparar. No tenemos esa necesidad. Tampoco de estar buscando opciones de importación. Nuestra única obligación es decir: ‘ocupamos esto o que tú nos digas cómo traerlo a México’. Pero ni una cosa ni otra”.
En fin, es bastante claro que el mensaje de alentar y entorpecer los procesos de autorización de derivados del cannabis viene del inquilino de Palacio; sí, del Presidente, quien ha manifestado abiertamente su animadversión personal por todas “las drogas”, cuyo consumo le parece inmoral. Baste recordar cómo prefirió (sin pensarlo) “prohibir y buscar alternativas” para el fentanilo médico, lo que dejaría a decenas de miles de pacientes con dolor.
La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.a
* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.