Hace algunos días trascendió en redes y en algunos medios la historia de una niña migrante, supuestamente encontrada “con ADN de 67 hombres” que habrían abusado sexualmente de ella. Corrió como fuego la indignación y el asco, tanto desamparo el de esa niña, tanta violencia la de esos hombres, tanta ineptitud de las autoridades y vale-madrismo de los gobiernos.
Pero la historia se originó a partir de la entrevista a un excandidato a ser congresista de Arizona, quien aventuraba que serían otros migrantes los agresores; las autoridades locales han negado que exista ningún caso así. Es falsa.
Más allá de la desinformación y previsible intención racista en estas declaraciones, el falso caso levantó –nuevamente-– las alarmas sobre la violencia que las personas migrantes viven en su recorrido por México, particularmente mujeres y niñas; quienes además son víctimas de violencias sexuales brutales y continuas. Tanto es así, que, desde hace unos diez años, casi el cuarenta por ciento de las mujeres que migran hacia el norte opta por aplicarse un fármaco anticonceptivo de largo efecto conocido como “inyección AntiMéxico”.
Diferentes informes, tanto de instituciones como organizaciones no gubernamentales, han lanzado la voz de alarma sobre que el 60% de las mujeres migrantes que atraviesan nuestro país considera que la violencia sexual es el mayor riesgo que corren, a pesar de tomar rutas migratorias menos riesgosas que los hombres –en muchos casos, porque transitan acompañadas de menores dependientes– la violencia sexual la asumen como ineludible.
Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, reportó el año pasado que la violencia sexual es recurrente y ha sido específicamente identificada en el sur de México (Chiapas y Tabasco, principalmente), que las personas migrantes acostumbran a recorrer a pie para evitar los controles fronterizos. De las mujeres atendidas por la organización, 12.8 por ciento tuvieron una relación sexual no deseada y 10 por ciento reconocieron haber sido forzadas a tener sexo a cambio de algo, incluso protección ante otras agresiones sexuales. Según Amnistía Internacional, el porcentaje de mujeres y niñas migrantes que sufren algún tipo de abuso sexual llega al 70%.
Es una trampa sin salida, las mujeres migrantes no tienen a quién recurrir, no tienen acceso a servicios de salud, ni a justicia ya que temen denunciar los abusos por miedo a represalias o a ser deportadas.
El Estado mexicano ha dicho constantemente que tiene como prioridad los Derechos Humanos, sin embargo, este discurso humanitario se queda en eso, en discurso, y –acaso– en papel, con leyes de protección a las infancias migrantes que no se implementan, sin estrategia ni formación de los agentes migratorios y de Guardia Nacional en puestos fronterizos. Es tan falso como la historia del aspirante a congresista xenófobo.
A inicios de este año, el gobierno estadounidense denunció que los cárteles de droga controlan zonas completas del territorio mexicano, incluidas las fronteras sur y norte desde donde manejan el tráfico de sustancias y personas. Además, las políticas migratorias estadounidenses han creado una crisis humanitaria en toda la franja norte de México, agotando por completo las ineficientes e insuficientes estructuras de un sistema migratorio de por sí violento, corrupto y discriminatorio.
Los abusos no suceden únicamente en México, una investigación del New York Times de 2019 encontró cientos de casos de mujeres migrantes que denunciaron abusos sexuales por parte no sólo de los traficantes sino también de los agentes de la patrulla fronteriza. En México, ¿cuántas de esas mujeres y niñas víctimas de violación, sus victimarios fueron agentes del INM?
No es cierta la historia de una niña migrante abusada por 67 hombres, al menos no la que hemos visto publicada durante los últimos días y semanas; lo que es cierto, es la apatía de un gobierno que únicamente en discurso se interesa por defender el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia, al derecho de mujeres y niñas migrantes a acceso a servicios de salud, a justicia plena. No son sesenta y siete hombres, son cientos, sosteniendo un modelo fronterizo que equivale a violación y muerte.