En un sistema democrático como el nuestro la participación de la ciudadanía es fundamental principalmente en la determinación o renovación del poder público ya que, de acuerdo con diversas disposiciones tanto constitucionales como legales, constituye la materialización de los derechos políticos y electorales de hombres y mujeres, además, le otorga certeza y credibilidad al propio sistema político mexicano.
En este sentido, en los procesos electorales tanto federales como locales y, en especial, el día de la jornada electoral, la presencia en buen número de las y los ciudadanos acreditados por la autoridad electoral para emitir su derecho al sufragio es indispensable para validar los resultados electorales independiente del partido político, coalición, candidatas o candidatos ganadores.
Del lado opuesto, la poca afluencia o un abstencionismo importante de la ciudadanía puede tener varias lecturas que van desde la apatía de las y los electores; la poca información sobre las propuestas que registran los actores políticos; que la ciudadanía sienta que sus principales demandas o necesidades no están contenidas en lo que ofertan las fuerzas políticas; que la ciudadanía no crea en las instituciones políticas, entre muchas más. Cualquiera de estos factores debilita nuestro sistema político.
Bajo este contexto, el abstencionismo es un fenómeno que debemos atender para incentivar a la población a participar, sobre todo ante los registros presentados en las últimas elecciones. Veamos algunos ejemplos.
A nivel federal para la elección de la Presidencia de la República que, generalmente, es donde participa un número importante de ciudadanas y ciudadanos, entre el periodo de 1994 a 2018, la más alta participación se registró en 1994, alcanzando un 77.2%, en tanto que la más baja fue la de 2006 con un 57.7%. En ese mismo periodo en el que se ha renovado la presidencia en 5 ocasiones, la media de participación se ha ubicado en un 65%, es decir, un 35% de la población no ha participado.
A nivel local es donde se han presentado casos de un abstencionismo importante, incluso, en la renovación de las gubernaturas. Sin ir más lejos en las elecciones de Coahuila y el Estado de México del pasado 4 de junio, la participación para elegir a la persona titular del ejecutivo local en ambas entidades tuvo una media de alrededor del 53%, es decir, el 47% no asistió a las urnas. Imaginemos la participación en elecciones intermedias.
En atención de estos datos es necesario replantearnos algunas alternativas para que la ciudadanía asista a ejercer su derecho constitucional para lo cual presento algunas consideraciones:
Que las autoridades electorales puedan contar con mayores recursos para la promoción del voto de la ciudadanía.
Involucrar a la ciudadanía a través de las TIC´s en la formulación de propuestas de gobierno, de políticas y prestación de servicios que eventualmente sirvan de base para que los partidos políticos registren las diversas demandas de la población.
Que el Legislativo pueda valorar la conveniencia de realizar elecciones concurrentes con las elecciones federales para que así, solo asista a las urnas cada tres años a votar por múltiples cargos de elección popular.
Que el Legislativo valore y, en su caso, modifique la normativa electoral para implementar la votación electrónica: presencial el día de la jornada electoral a través de urnas electrónicas y por internet con un periodo de voto anticipado que facilite al elector o electora la emisión de su sufragio. Recordemos que el mecanismo por internet ya se usa a nivel federal y en diversas entidades federativas para que nuestros connacionales que residen en el exterior puedan votar por diversos cargos.
Como sucede en otros países, otorgar de forma uniforme tanto a nivel federal como local, diversos beneficios en el pago de impuestos, por ejemplo, la luz, el agua, el predial entre otros por el simple hecho de haber ejercido el voto.
Ahora bien, la materialización de estas propuestas o de algunas de ellas, dependerá principalmente de la buena voluntad del Legislativo y de los acuerdos y consensos a los que, en su oportunidad, arriben. De entrada, cualquier cambio a la normativa electoral tendrá que verificarse pasando el proceso electoral federal y local más grande que haya tenido México, el de 2024.
No obstante, hacemos votos para exista la sensibilidad de atender el fenómeno del abstencionismo que perturba el derecho al voto, resta credibilidad a gobernantes y representantes populares. Nuestra democracia exige participación, la participación nos exige involucrarnos en democracia.