Se dice que quién no revisa la historia, está condenado a repetir los errores del pasado. Por supuesto, hay quienes prefieren y promueven que el pasado debe quedarse en el pasado y de ser posible, enterrarlo en el olvido.
A casi 25 años de haberse aprobado el Fobaproa, todavía perdura una marcada indignación en un amplio sector de mexicanos. El asunto es que dicho pasaje, no sólo dejo una cicatriz económica en la sociedad mexicana, pues como parte del andamiaje para convertir una deuda privada en pública, fue necesario elevar la justificación a rango de ley.
El Fobaproa no fue sólo un hecho de carácter económico, si no como muchas voces lo manifestaron en su momento, fue una injusticia social que convirtió a los usuarios de la banca, en rehenes de la “Ley” que fue puesta a favor de los banqueros y sentenció a todos los ciudadanos a ser potenciales infractores del “estado de derecho” en caso de incurrir en impagos, además de obligar a los usuarios de la banca a pagar deudas interminables.
La ley de anatocismo fue aprobada por la cámara de senadores el 7 octubre de 1998 y el mismo día de manera sincronizada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió la resolución a favor de una de las leyes más polémicas de los últimos tiempos en México. De más está señalar el contubernio del PRI y el PAN para aprobar una “Ley” que hoy día, siguen justificando.
Dicha ley, confiere rango jurídico y otorga a los bancos el “derecho” para cobrar intereses de los intereses de un crédito otorgado a una persona física o moral, un crédito simple o uno patrimonial. No importa, el objetivo como lo declaró en su momento Carlos Gómez y Gómez entonces presidente de la Asociación de Banqueros de México: “la práctica del anatocismo había sido declarada legal en virtud de que resulta necesaria para realizar esa función que tiene la banca de apoyar al sector productivo, al sector vivienda, a cualquier crédito”.
La votación de los ministros de la SCJN a favor de la “Ley de Anatocismo” fue apabullantemente mayoritaria, salvo por los votos de los magistrados Humberto Román Palacios, Juan Silva Meza y Juventino Castro y Castro; este último, declaró en su momento que la “Ley” aprobada era un acto de injusticia social y manifestó su desacuerdo a que los contratos de créditos bancarios “se rijan a la voluntad de las partes” sin que ninguna ley pueda reglamentar esa relación.
En su libro “La Suprema Corte de Justicia ante la ley injusta. Un fallo histórico respecto al llamado anatocismo” Castro y Castro cuestiona la presunta legalidad de la Ley de Instituciones de Crédito y señala su preocupación de que la decisión de los ministros sobre la capitalización de intereses afectó negativamente la credibilidad y confianza del máximo tribunal. El magistrado mencionó en aquel entonces: “sería conveniente que se analizará la posibilidad de que la Corte pudiera emitir un comentario sobre el contenido de leyes que apruebe el Congreso, o bien, que se abra paso a una mayor participación ciudadana la cual podría a través de un referéndum determinar cuando una ley debe ser modificada por demandarlo así el bien de la nación”.
El doloroso hecho histórico, es por de más elocuente ante el discurso de la hoy oposición, cuando se refiere al “cumplimiento de la ley y del estado de derecho”. Son este tipo de “leyes” los que el contubernio PRI-PAN defienden con la vehemencia de ponerle pecho a las balas y que ellos mismos diseñaron en detrimento de las mayorías y a favor de unos cuantos. Y aunque recientemente la diputada Martha Guerrero Sánchez de Morena, propuso desde diciembre de 2019 reformar el código de comercio en su artículo 363 para eliminar el anatocismo, la propuesta no ha logrado avanzar para su discusión en el pleno.
Y aunque la propuesta ya está en la mesa de análisis de las distintas comisiones legislativas, los medios de comunicación y opinadores afines a la oposición, no le dan la difusión, ni la relevancia que merece, pues mediáticamente, prefieren enfocarse en los temas que le puedan sumar votos a la oposición para 2024.
Por supuesto que hoy la postura de la SCJN, ahondaría en la polémica sobre la propuesta de la diputada Martha Guerrero, la cual seguramente sería desechada por “inconstitucional”. La “ley de anatocismo”, no tiene dedicatoria exprofeso para los más pobres, afectó e impacta a ricos y pobres, sin embargo, fue diseñada para que los más ricos salieran mejor librados, mientras que, las clases media alta, media y baja sufrieron los embates de dicha ley perdiendo sus patrimonios y en algunos casos, hasta la vida.
Estos son los casos que la oposición defiende con tanto fervor con la “ley en la mano”, hechos del pasado que buscan sepultar en el olvido y que salvaguardan los intereses que Xóchitl Gálvez defenderá a través de sus discursos convencida de que, desde su candidatura, combatirá el mal en los comicios del 2024 y que, sin querer darse cuenta ¿oh sí? de que su postura es contraria a los intereses de la ciudadanía, favorecerá a la facción a la que, poco o nada, le interesa la verdadera democracia y justicia social.
La hoy oposición sembró de argucias legalistas y legaloides durante sus gobiernos, muchos de los temas y asuntos que la 4T ha enfrentado durante su mandato. Es por ello que la retórica desde la retorcida y descolorida derecha es que según sus intereses, este gobierno, violenta la ley y la constitución, sin embargo, como declaró en su momento el magistrado Castro y Castro, que sea “Ley”, no quiere decir que sea justa.