En 1945 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció los derechos de las mujeres para lo cual la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 18 de diciembre de 1979, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés) entrando en vigor en septiembre de 1981.
La Convención es considerada como la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres, vinculante para los países que son miembros para lo cual, México la firmó en 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. Su objetivo, además de la lucha contra la discriminación de la mujer, es la de proteger los derechos de las niñas con la finalidad de hacer preservar su dignidad y bienestar.
La Convención, a través de su Protocolo Facultativo establece diversas directrices de comunicación y ayuda mutua con los países miembros que, en la actualidad alcanzan 188 naciones lo que la ubica como el segundo instrumento más ratificado por los Estados miembros de la ONU.
La convención establece un marco obligatorio de complimiento para los países miembros “…para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas y estipula que los Estados parte deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato..”,[1] con la finalidad de erradicar la discriminación hacia las mujeres contribuyendo con ello a su bienestar.
Para la ejecución de las directrices de La Convención, ésta cuenta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) órgano integrado por 23 expertos en derechos de la mujer de todo el mundo. Su función primordial es la de analizar la situación que viven las mujeres y niñas en el mundo, analizando y emitiendo informes e incluso recomendaciones.
Al respecto nuestra nación ha ido avanzando lentamente en la búsqueda por alcanzar los objetivos de la Convención. El aspecto más representativo lo tenemos con la entrada en vigor en 2008 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de acciones para “combatir la violencia de género”; la conformación del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre otros.
En 2014 se incorpora el principio constitucional de paridad; se incrementa del 2% al 3% los recursos que los partidos deben asignar para la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres; en 2015 surgen importantes jurisprudencias para determinar el rumbo de acciones afirmativas en favor de las mujeres, así como las de 2018 que obligaron a los partidos políticos a garantizar la integración de sus órganos de dirección de forma paritaria; en 2019 se reformaron nueve artículos constitucionales para garantizar lo que hoy conocemos como “Paridad en Todo” para los todos los órdenes y niveles de gobierno, en la integración de los órganos autónomos y demás instancias de administración; los acuerdos, normativas y protocolos emitidos por el Instituto Nacional Electoral para lograr la igualdad, atender la violencia y no discriminación entre 2020 y 2021; en 2021 nuevamente aparecen diversas jurisprudencias que potencian el derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección en condiciones de igualdad, entre varias normativas y programas que se han ido conformando.
Finalmente, en este 2023 se materializaron reformas a la Constitución que atienden los principios referidos en la denominada #3De3ContraLaViolencia que decretó la suspensión de derechos de personas a ocupar cargo o empleo, para quienes tengan sentencia firme por la comisión de delitos relacionados con la vida y la integridad corporal, contra la libertad y la seguridad sexual; así como para las personas que cometan violencia doméstica, familiar, sobre la intimidad sexual, entre otras, lo que va pavimentando el camino para una sociedad más justa e igualitaria.
No obstante, México tiene aún un largo camino por recorrer tan es así que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021 y publicada a finales de agosto de 2022 establece, entre otros análisis muy importantes, que de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, el 70.1% han experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de su vida, resaltando la violencia psicológica y la sexual.
México como parte de la CEDAW debe ser punta de lanza para abatir y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres y alcanzar una igualdad sustantiva que haga de nuestra nación una sociedad equitativa, justa, plena y progresiva, tal como debe imperar en un Estado de Derecho que se tutela en un sistema democrático como el nuestro.
[1] ONU Mujeres https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw