Falta poco menos de un año para la elección presidencial, pero de hecho ya estamos en plenas campañas por más que se les pretenda disfrazar, lo que es muy preocupante pues además del incumplimiento de la legislación electoral y del evidente derroche de recursos de origen poco claro, parece que los múltiples problemas del país cada vez importan menos. Tal es el caso de la inseguridad y la violencia que lamentablemente se han vuelto parte de nuestra normalidad sin reparar en la pérdida de vidas así como el dolor y angustia que cotidianamente sufren miles de familias.
En los reportes sobre seguridad de las conferencias mañaneras, el presidente López Obrador insiste en que vamos bien, trata de evitar que se hable de la inseguridad y violencia, sostiene que las críticas tienen una mera intencionalidad electoral y presume una disminución del 17% en homicidios dolosos. Aunque esto pudiera ser parcialmente cierto, pues habría que revisar los comparativos además de considerar a las miles de personas desaparecidas no localizadas que muchas veces aparecen en fosas clandestinas, no se puede obviar que a 15 meses de que concluya este gobierno, ya se rebasó la cifra histórica con más de 160 mil personas asesinadas. En promedio representan alrededor de 95 diarias y un incremento de 52% respecto al sexenio de Peña Nieto y 68% de Felipe Calderón –al que se sigue culpando de la violencia a pesar de que ya pasaron 11 años de que terminó su gestión–.
Para darnos una idea de la situación prevaleciente en el país más allá de las declaraciones triunfalistas o catastrofistas de los actores políticos, basta con repasar lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Este martes, tres policías que viajaban en una camioneta oficial fallecieron en Tlajomulco, Jalisco al ser atacados con explosivos y otras diez personas resultaron heridas. El lunes, alrededor de cinco mil pobladores de varios municipios de Guerrero que presuntamente forman parte de la base social de la organización delictiva “los ardillos”, desquiciaron la capital del estado con movilizaciones y bloqueos para exigir la liberación de un dirigente de transportistas que fue detenido por posesión de armas y drogas, despojaron a elementos de la Guardia Nacional de un vehículo blindado, derribaron la puerta del congreso local y también irrumpieron en el palacio de gobierno, además de retener a policías y funcionarios y de cerrar por horas la autopista del sol. El mismo día, un grupo de personas armadas roció con gasolina para incendiar un local de la central de abastos de Toluca, por lo que nueve personas murieron calcinadas.
En días pasados el crimen organizado también asesinó a cinco taxistas en Chilpancingo y Tixtla y calcinaron sus vehículos; en Chiapas un comando armado secuestró a 14 policías estatales y se difundió un video exigiendo la destitución de funcionarios del gobierno del estado. En Cajeme, Sonora se localizaron los cuerpos sin vida de tres hermanos que eran policías y habían sido levantados. En Celaya explotó un coche bomba dejando diez elementos de la Guardia Nacional heridos entre muchos otros, a los que hay que sumar el asesinato en la Ruana, Michoacán del ex lider de autodefensas Hipólito Mora, así como del corresponsal del periódico La Jornada Luis Martín Sánchez Iñiguez en Nayarit. De acuerdo con el seguimiento que hace la organización Causa en Común, entre enero y junio de este año se reportaron cada día en promedio 18 eventos de alto impacto por el número de muertes, los medios y crueldad empleada, pero el interés y atención del oficialismo y también de la oposición, están supeditados en función del cálculo electoral, lo demás puede esperar.