Aunque para muchos el Estado mexicano esté en un estado embrionario de su democracia, pocos pueden decir que ésta no ha avanzado en los últimos 23 años.Aún con todo y sus vaivenes; sin embargo, en lo que todos coincidimos es que la reducción de la inseguridad se ha convertido en el mayor reto de cualquier gobierno electo en nuestro país, cuyo eslabón más débil son los gobiernos municipales.
Pese a las diferencias que caracterizan a cada punto del territorio nacional, los gobiernos locales enfrentan principalmente delitos del fuero común perpetrados por pandillas lugareñas; otros padecen al crimen organizado con una estrecha vinculación con delitos comunes; mientras que otros afrontan en particular al crimen organizado en sus múltiples facetas de violencia sistemática. En todos los casos, los resultados han sido devastadores primordialmente por falta de equipamiento, capacitación y personal en las policías municipales para frenar a grupos delictivos o los violentos enfrentamientos entre éstos. De hecho, del presupuesto federal mexicano, sólo 5.4% es destinado a seguridad pública, de este porcentaje el 40% se reparte entre todos los gobiernos estatales y municipales, y si bien a los fondos federales se les añaden poco menos del 20% de la recaudación tributaria municipal, los recursos resultan muy por debajo de lo necesario para resguardar el orden público local que no implique delitos del fuero federal.
Por si fuera poco, la austeridad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha limitado los recursos para seguridad pública de los gobiernos municipales, especialmente el recorte de los subsidios que se destinaban a los municipios con los niveles más altos de violencia. Esto ha reducido más la eficacia municipal en materia de seguridad y provocado que los gobiernos locales dependan cada vez más de su propia recaudación de impuestos y de los fondos para la seguridad que se mantienen vigentes, tales como el de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y el de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Eso sí, a finales del 2022 como una maniobra para compensar la austeridad, el presidente López Obrador promulgo´ un decreto por el que se crea un fondo permanente para fortalecer las instituciones de seguridad pública de los estados y municipios. No obstante, el carácter discrecional en la distribución de recursos de dicho decreto ha dejado a los presidentes municipales expuestos a presiones políticas por parte de los gobernadores, que son los únicos facultados para decidir hacia dónde se dirigirán los fondos.
A la ausencia de recursos, se debe añadir que, en ocasiones, la voluntad de combatir el control criminal de los gobiernos locales, incluso afiliaciones políticas, los hace blanco de actos violentos; de hecho se han registrado un total de 231 alcaldes y funcionarios locales asesinados desde 2000, de los cuales 65 han sido a partir de que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018.
Pero en las condiciones de escasos recursos y una predecible presión política, ¿cuáles son las alternativas para los gobiernos locales en materia de seguridad? Sin duda, aunque no es nueva, una opción viable han sido los acuerdos que los presidentes municipales puedan alcanzar con diversos actores estatales y no estatales, ya sean nacionales o extranjeros. En términos prácticos los que mejor han funcionado son los llamados “acuerdos de delegación” con los que los gobiernos municipales confieren una autoridad temporal a un nivel superior del gobierno para actuar en su nombre a fin de resguardar la seguridad, incluso en los último años el 79% de los municipios del país han firmado este tipo de acuerdos, a través de los cuales las autoridades municipales delegan a los estados las políticas de prevención del delito, capacitación, uso de equipamiento y tecnología, así como servicios de inteligencia. El ejemplo más representativo es el Acuerdo Modelo Coahuila alcanzado por el gobernador de Coahuila, 38 municipios de esa entidad federativa, la Guardia Nacional y el Ejército, mediante el cual se han establecieron redes comunitarias de seguridad por WhatsApp y se han desarrollado lineamientos para coordinar a las fuerzas de seguridad ante emergencias.
Aún con el alto número de municipios que han suscrito acuerdos de delegación, éstos han disminuido pues todo parece indicar que los presidentes municipales están priorizando la atención a los delitos comunes para dar preferencia a los reclamos de sus electores. Sin embargo, en lugar de acuerdos, los presidentes municipales son cada vez más propensos a nombrar militares como jefes de las fuerzas policiales, dando con ello una segunda opción para resguardar la seguridad local, al tiempo que “aparentemente” se desarrolla un vínculo con el ejército, se dejan de lado el partidismo y la presión de los gobiernos estatales, y se obtienen recursos adicionales. Cabe mencionar que el Acuerdo Modelo Coahuila llevó a la designación de militares como jefes de policía en cinco municipios, todos bajo la supervisión del comandante de la 11ª Región Militar.
Sin duda, México necesita una estrategia de seguridad nacional que se adapte a las amenazas y riesgos que enfrenta cada entidad federativa y municipio; estos últimos son precisamente el eslabón más débil, pero también son los testigos de primera mano cuando las estrategias de seguridad no funcionan. Minimizar su papel es ignorar realidades que conforman un todo; por el contrario, reforzar su rol y su colaboración con niveles superiores de seguridad, ya sean estatales o federales, es parte, quizá de un cambio fundamental para hacerle frente a la inseguridad del país desde una perspectiva local.