El domingo 4 de junio quedó demostrado no sólo por qué el Estado de México es considerado laboratorio electoral previo a los comicios federales, sino que de nueva cuenta quedó demostrada la grandeza organizacional y operativa de las elecciones por parte del Instituto Nacional Electoral.
Organizar la elección del Estado con mayor número de electores siempre representa un desafío, pero en esta ocasión debido a las pruebas piloto de las nuevas modalidades de votación el reto se intensificó. Para garantizar el sufragio de los 12 millones 676 mil 725 de mexiquenses que integran la lista nominal en la entidad, se instalaron 20 mil 432 casillas, sólo una menos de las programadas, debido a una manifestación de habitantes de Coatepec que no permitieron su instalación.
Para lograr el 99.99% de la instalación de casillas, 4 mil 801 supervisores y capacitadores electorales visitaron, notificaron y capacitaron a 1 millón 700 mil ciudadanos de todo el Estado de México, con el fin, de que estos fungieran como funcionarios de casilla. De acuerdo con el SIJE se contó con una participación de funcionariado del 94% y apenas un 6% del total tomados de la fila.
Sin que suene a retórica, la elección para la renovación de gubernatura del Edomex fue la más vigilada, se contó con la acreditación de 7 mil 414 personas como observadores electorales, 140 visitantes extranjeros de 20 países, y más de 900 medios de comunicación, aunado a los más de 140 mil representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casillas.
Las nuevas modalidades de votación a fin de maximizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía contaron con una participación de 4 mil 518 personas en prisión preventiva recluidas en 20 centros penitenciarios. Por su parte 101 ciudadanas y ciudadanos con alguna discapacidad votaron de manera anticipada. Respecto al voto de las y los mexiquenses en el extranjero, se contó con una participación de 2 mil 318 votantes en sus tres modalidades: vía postal, electrónica y presencial en las sedes consulares de Chicago, Dallas, Los Ángeles y Montreal, siendo esta última modalidad la que presentó menor partcipación.
La jornada electoral se llevó a cabo sin mayores contratiempos, salvo lo ocurrido en Coatepec y algunos incidentes menores que se solventaron sin mayor contratiempo. De acuerdo con los resultados preliminares aceptados por las candidatas la misma noche del domingo, se contó con una participación de apenas el 50 %, tres puntos menos que en 2017, resultando como ganadora la “candidatura en común” con el 52.6 % de las preferencias, respecto 44.3% de la candidata de la coalición.
Afortunadamente la democracia es un sistema perfectible, nuestro modelo electoral presenta áreas de oportunidad que deben revisarse. Las nuevas modalidades de votación deben perfeccionarse, por ejemplo, la instrumentación del voto en prisión preventiva desde mi perspectiva resultó poco práctica. Las instituciones han avanzado para garantizar la universalidad del voto, sin embargo, la poca participación el día de la jornada habla de la falta de cultura democrática, de la apatía ciudadana, pero también del desgaste de la clase política, en la que cada actor debe asumir su responsabilidad, pero por lo pronto y pese a todo hoy de nueva cuenta el INE le cumplió a la ciudadanía.
*Viviana Islas Mendoza
Colaboradora de Integridad Ciudadana, Consejera Local del INE Estado de México, Politóloga por la UAM, con estudios en Políticas Públicas, Derecho Parlamentario, Procesos Electorales, Transparencia y Violencia Política contra las Mujeres.
*Integridad Ciudadana
Es una asociación no lucrativa, independiente, sin afiliación partidista, que se creó en 2008 por un conjunto de profesionistas provenientes de diferentes disciplinas. Poco a poco, Integridad Ciudadana fue involucrándose en proyectos relacionados con el análisis y el diseño de las políticas públicas de los gobiernos locales; su planeación, evaluación y fiscalización, así como con su desarrollo urbano regional y el impacto que todo ello genera en el hábitat y por tanto en la calidad de vida. Nuestro objetivo principal, es impulsar la participación ciudadana, la investigación, la docencia, la elaboración de propuestas de políticas públicas, así como fomentar la cultura de la legalidad, mediante la divulgación de opiniones informadas y responsables.