Un aspecto fundamental, entre otros, en un sistema democrático es la prevalencia, respeto y fortalecimiento de los derechos políticos electorales de hombres y mujeres para colocarlos en igualdad de condiciones para competir por cargos de elección popular o bien, por puestos de la mayor relevancia en la administración pública que va acorde con diversas disposiciones internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), entre otras.
No obstante, el proceso histórico que las mujeres han tenido que transitar para alcanzar dicha igualdad ha sido largo, complejo, con muchas resistencias que, hasta la fecha, no termina de concretarse. Un claro ejemplo de la falta de equidad e igualdad de oportunidades lo encontramos en los cargos que han correspondido al poder ejecutivo local.
En nuestro país entre 2015 a 2020 se registraron 226 candidaturas de las cuales solo el 18.14%, es decir, solo 41 fueron mujeres por un 81.86% de los hombres, lo que da cuenta de la enorme desigualdad en la competencia para conseguir una candidatura. y, eventualmente, ocupar un cargo al frente del poder ejecutivo local.
De 1979 a 2020 solo 7 mujeres habían sido gobernadoras electas: Grisela Álvarez Ponce de León, Colima, 1979-1985; Beatriz Paredes Rangel, Tlaxcala 1987-1992; Amalia García Medina, Zacatecas, 2004-2010; Ivonne Ortega Pacheco, Yucatán, 2007-2013; Claudia Pavlovich, Sonora 2015-2021; Claudia Sheinbaum de 2018 a la fecha. A estos registros habrá que agregarle dos mujeres que ocuparon el cargo de forma provisional, Dulce María Sauri por Yucatán (1991-1993) y Rosario Robles Berlanga en el entonces Distrito Federal (1999-2000).
Es hasta la reforma constitucional en materia politico electoral en 2014 que estableció como principio constitucional la postulación paritaria en las candidaturas, lo que permitió sentar un precedente jurídico importante para materializar la postulación paritaria en diputaciones.
Este enfoque se vio fortalecido con la reforma constitucional de 2019 que determinó la integración paritaria para todos los ámbitos gubernamentales, en los tres niveles de gobierno, en organismos autónomos e incluso en municipios cuyo sistema electivo se determina por sistemas normativos indígenas.
Estas referencias, así como otras disposiciones tanto de la Constitución Política Federal como de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, entre otras, e incluso las determinaciones que han sostenido tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la solicitud de una aspirante a la candidatura a la gubernatura por Michoacán, y diversas organizaciones de la sociedad civil, llevaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a tomar un Acuerdo en noviembre de 2020, para establecer acciones con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio constitucional de paridad en las elecciones 2020-2021 en las que se renovaron gubernaturas en 15 entidades federativas.
El resultado de este trascendental Acuerdo que impulsamos desde la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE que me tocó presidir en ese momento fue que, por primera vez en la historia del país, 7 entidades fueron gobernadas por mujeres: Maru Campos en Chihuahua; Evelyn Salgado en Guerrero; Indira Vizcaíno en Colima; Lorena Cuéllar en Tlaxcala; Layda Sansores en Campeche, y Marina del Pilar Ávila en Baja California que se unieron a la Jefa de Gobierno en la Ciudad de México.
Para 2022 y toda vez aún no se contaba con una legislación que mandatara la postulación paritaria en las candidaturas a las respectivas gubernaturas en los 6 estados que, según sus legislaciones electorales dispusieron la renovación del ejecutivo local, el INE nuevamente estableció las directrices para el cumplimiento del principio de paridad en estos cargos en los que resultaron electas dos mujeres: Teresa Jiménez en Aguascalientes y Mara Lezama Espinosa por Quintana Roo.
Para 2023, nuevamente el INE aprobó un acuerdo para dar cumplimiento al principio de paridad de género en la postulación de candidaturas las gubernaturas de la elección de este año en Coahuila y el Estado de México, sobre todo porque en Coahuila prevalece la omisión legislativa respecto a la paridad en cargos unipersonales, en tanto que para el Estado de México se estableció la alternancia en las gubernaturas hasta 2029.
El resultado en 2023 es que, por primera vez en la historia de este país, habrá 10 mujeres gobernadoras lo que representa a su vez el 31% del total del país.
Estos registros si bien son alentadores, también son muestra que estamos muy lejos de contar con la tan necesaria igualdad que permita contar con una sociedad equitativa, justa e igualitaria que fortalecerá no solo nuestro sistema democrático, sino irá consolidando una nación que culturalmente entienda la fortaleza de la igualdad como indicador del desarrollo social, económico, cultural y político de una nación como la nuestra.