Cada mañana despertamos con la noticia de la desaparición de alguna institución, de alguna norma, del cambio de una ley o de la reducción de un presupuesto.
Las capacidades para gobernar, para ordenar la vida colectiva, están siendo sistemáticamente destruidas por un gobierno crecientemente centralizado y autoritario.
Bajo lo que llaman “austeridad republicana”, combate al conservadurismo y respeto a una supuesta voluntad del “pueblo”, un día sí y otro también, destruyen al Estado. Gobiernan con soberbia, resentimiento, confrontando, e imponiendo.
Son los únicos que saben lo que el “pueblo” quiere, no dudan, no preguntan, no dialogan. No consultan ni a la población que afectan con sus decisiones, ni a los expertos, a quienes desprecian profundamente.
Ahora abandonan a su suerte, no obstante, lo que prescribe la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a los productores comerciales de grano de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y de los estados del Golfo de México, que pertenecen tanto al sector social, como al privado.
Se trata de productores de maíz, trigo, sorgo que fueron sometidos por los gobiernos, a partir de los tratados de libre comercio de América del Norte, a la competencia con una agricultura tecnificada y altamente subsidiada de Estados Unidos, así como a precios impuestos por las poderosas comercializadoras transnacionales de granos.
Los productores nacionales pasan actualmente una situación crítica. Operan en distritos de riego deteriorados, además han enfrentado una fuerte sequía. El gobierno actual redujo a los huesos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y destruyó, recientemente, los últimos instrumentos que aún ayudaban a los productores como la Financiera Rural (FND), debido a deficiencias en su manejo.
En el Acuerdo de Cajeme que elaboraron recientemente, los productores se quejan “de una caída estrepitosa de los precios internacionales que se cruza con incrementos exponenciales en los costos de producción”.
Advierten que “Si el gobierno federal se mantiene sin ver ni oír, sin dimensionar las consecuencias de no acudir al rescate de los productores nacionales, estaremos sufriendo una herida cuyas repercusiones económicas, políticas y sociales tendrán un impacto de consecuencias impredecibles para todos los mexicanos”
Marcan la urgencia de una redefinición absoluta de la política alimentaria, la reinstalación de los instrumentos para lograr duplicar la producción de granos básicos como son precios de garantía, crédito, un sistema nacional de acopio, producción de semillas, extensionismo e infraestructura hidráulica.
México importa en la actualidad el 52% de su consumo total de granos y oleaginosas. Para 2022 se cubrió un 39% del consumo interno de maíz con importaciones y con 65%, el de trigo. Somos el tercer importador de sorgo en el mundo.
¿A la destrucción de capacidades estatales sigue la destrucción de capacidades productivas?