En un sistema democrático como el nuestro están dispuestas diversas normas tanto constitucionales como legales que les garantizan a las niñas, niños y adolescentes, diversos derechos humanos tales como el derecho a la vida, a no ser discriminada o discriminado, a vivir en condiciones de bienestar, a la supervivencia y al desarrollo; al derecho a vivir en familia; derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; derecho a la educación, entre otros.
De acuerdo con lo que señala el artículo 5º de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, “Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad”.
En este sentido, el trabajo infantil manifiesto en México trastoca el orden constitucional y legal ya que constituye una forma de explotación del segmento de población que representara nuestro futuro, corrompe el Estado de Derecho y vulnera los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que deben ser prioridad no sólo del Estado mexicano sino de todas y todos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil de 2019 del INEGI, registraba 28.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 7 años de edad que residían en nuestro país, de donde 2.2 millones trabajaron (7.5%). De este universo, el 93.8% (2 millones) laboraron en ocupaciones catalogadas como no permitidas por diversas disposiciones legales.
Asimismo, de este mismo universo el 55.9% de las niñas, niños y adolescentes laboraron en ocupaciones consideradas, además, peligrosas y en donde el 44.1% contaba con menos de 15 años.
Ahora bien, de acuerdo con la organización Save de Children existen 7 formas de explotación infantil: la trata infantil, la explotación sexual, los niños soldados, el matrimonio infantil, el trabajo forzoso en la mina y la agricultura, la esclavitud doméstica y el trabajo infantil forzoso por endeudamiento.
En esta ocasión quiero referirme a esta última forma de explotación infantil que esta visibilizado principalmente al binomio trabajador-patrón, en donde el menor adquiere una deuda determinada con su patrón y para pagarla, es obligado a trabajar hasta que liquide su deuda.
Bajo este contexto, el INEGI registra de acuerdo con los datos de la Encuesta mencionada anteriormente, que las niñas, niños y adolescentes ocupados en alguna actividad no permitida lo hacen por diversos motivos, destacando por gusto o sólo por ayudar, para el pago de su escuela o gustos propios, por las necesidades del hogar, entre otros.
De esta clasificación destaca el pago de deudas en donde el INEGI registro que la proporción es de alrededor del 12% de las niñas, niños y adolescentes. Este registro es por demás preocupante ya que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que entre las peores formas de trabajo infantil esta justamente el “trabajo por deudas”, en virtud de que puede ser perjudicial para la salud y el bienestar de las niñas, niños o adolescentes.
La propia OIT ha señalado como un ejemplo palpable para este tipo de trabajo la forma en que una familia pobre entrega a uno de sus hijos o hijas por alguna deuda en donde la o el menor tienen que trabajar, generalmente por un tiempo prolongado, para pagar y saldar la deuda.
Este tipo de explotación nos coloca con la obligación frente a las niñas, niños y adolescentes, ante la sociedad y de frente a la nación de llevar las acciones que sean necesarias para erradicar ésta y todas las formas de explotación infantil. En consecuencia, en próximos días, en mi carácter de representante popular, estaré presentando una iniciativa al respecto que tenga por objeto proteger y salvaguardar los derechos de este importante segmento de la población y, en especial, relacionado con el trabajo infantil por endeudamiento.