La presentación del método del Frente Opositor Va por México conformado por PAN, PRI, PRD y organizaciones ciudadanas para procesar su candidatura presidencial ha dado mucho de qué hablar en estos días, y con todo y las dudas y críticas que ha provocado, así como de la natural descalificación del oficialismo empezando por el presidente López Obrador, como muy pocas veces en estos cinco años han logrado ocupar un lugar destacado en la agenda pública de discusión. Se trata de un método complejo producto de largas y seguramente difíciles negociaciones que por momentos parecía que no llegarían a buen puerto -era iluso pensar que los partidos se harían a un lado cediendo el control de las decisiones y el proceso a las organizaciones como pretendían, por lo que todas las partes tuvieron que ceder para llegar a un acuerdo razonable-, el cual no está exento de riesgos y tiene todavía algunas lagunas importantes pero cuando menos representa una apuesta distinta.
El proceso estará a cargo de un comité organizador integrado por 7 especialistas y 6 representantes de los partidos opositores y también contarán con un observatorio ciudadano. En una primera etapa, a partir del 4 de julio y durante todo ese mes las personas aspirantes deberán reunir 150 mil firmas de apoyo. Quienes lo logren pasarán a la siguiente etapa que consiste en la participación en un foro nacional para que expongan su visión sobre México y se levantará una encuesta para definir a las tres personas que pasarán a la tercera etapa en la cual se llevarán a cabo cinco foros temáticos regionales, se realizará un nuevo estudio de opinión y el 3 de septiembre se celebrará una consulta directa en la que podrán votar en alguno de los centros de votación que se instalarán en cada distrito quienes se encuentren en un padrón conformado por todas las personas que dieron su firma de apoyo. Para la designación de la persona responsable de la construcción del frente amplio por México -que posteriormente asumirá la candidatura presidencial-, la consulta y la encuesta valdrán cada una 50%.
Lo primero que se debe reconocer es que, aun cuando pudiera entenderse la urgencia de la oposición para no seguir dejando el campo libre al oficialismo -que lleva dos años en campaña- y tratar de acortar esa indebida ventaja, lo cierto es que al igual que en el caso de la 4T y sin importar el nombre que en un inicio le den a quien obtenga el triunfo (coordinación de la defensa de la transformación o responsable de la construcción del frente amplio), estamos ante una simulación para dar vuelta a la legislación electoral y adelantarse a los plazos establecidos incurriendo en actos anticipados, lo que al parecer no tendrá sanción dada la permisividad mostrada por el INE, pero confirma la falta de compromiso de la clase política con el respeto a la ley.
Además, todavía quedan pendientes importantes definiciones para dar certeza al proceso como los criterios para la recolección de firmas, la conformación del padrón, el origen y topes de gastos, la fiscalización de los recursos, quienes realizarán las encuestas y con que preguntas, los nombres de quienes integrarán el comité organizador -que deben generar confianza tanto a las y los aspirantes como a organizaciones sociales y partidos-, o los candados para garantizar la libertad y el respeto al voto, así como evitar una posible intervención externa que busque descarrilar el proceso o incidir en el resultado para favorecer a quien consideren más débil para la contienda presidencial.
Por lo pronto ya se han expresado diversos cuestionamientos e inconformidades, y algunas de quienes previamente habían manifestado su interés anunciaron que no participarán, por lo que es necesario que también definan mecanismos para procesar las naturales diferencias y desacuerdos. Sin reglas claras, transparencia y condiciones de equidad, será prácticamente imposible alentar el entusiasmo y participación ciudadana que no está dispuesta a dar un cheque en blanco, y si todo se reduce a la movilización de estructuras, este ejercicio puede resultar incluso contraproducente.