“A lo largo de 2 mil 575 días, solamente pude ver a mi hija 17 horas, que en conjunto no es un día completo. En cada una de esas 61 mil 783 horas que no la pude ver, sólo pensaba en el día que la vida me permitiera estar con ella de nuevo, poderla abrazar, decirle que la amo sobre todas las cosas y que luché por ella sin perder la fe ni la esperanza de poder estar a su lado”: Bibiana Solórzano.
Hace ocho días publiqué en este mismo espacio la columna “Preséntala con uso de la fuerza, ¡qué no entienden!”: Jorge Rodríguez Murillo, juez Quinto de lo Familiar, y hoy presento la verdad fáctica de Bibiana Solórzano, la mamá de la menor.
“Como consta en todos y cada uno de los expedientes judiciales que existen al día de hoy, que explico brevemente a continuación”:
“El día 11 de mayo de 2016, el padre de mi hija –a la que no me referiré por nombre para evitarle la publicidad que este tema ha tomado– la alejó de mi lado, sin motivo o causa alguna –en mi contra no existe demanda o denuncia por violencia en contra de mi hija–, esto me impidió tener comunicación, convivencia o contacto con ella durante prácticamente siete años que han durado los juicios. En este tiempo, únicamente pude convivir con mi hija durante el año 2017 en un total de 17 ocasiones, todas ellas de una hora y en un centro de convivencia familiar, es decir, a lo largo de 2 mil 575 días, que se conforman por 61 mil 800 horas, solamente pude ver a mi hija 17 horas, que en conjunto no es un día completo, siendo que en cada una de esas 61 mil 783 horas que no la pude ver, sólo pensaba en el día que la vida me permitiera estar con ella de nuevo, poderla abrazar, decirle que la amo sobre todas las cosas y que luché por ella sin perder la fe ni la esperanza de poder estar a su lado”.
“Durante este tiempo lejos de ella, me perdí la mitad de su infancia y su entrada a la pubertad; es algo que, a pesar de tenerla hoy a mi lado, nada ni nadie me podrá regresar. He luchado una desgastante y complicada batalla legal de más de siete años que por fin concluyó con una sentencia en la que se condenó al padre de mi hija a la pérdida de la patria potestad por haber cometido actos de violencia familiar psicológica, consistentes en no permitirle crecer con su mamá, porque, aunque como pareja estuviéramos separados, mi hija tenía derecho de tener en su vida a su mamá; sin embargo, su papá decidió que no fuera así”.
“Debo resaltar que a pesar del tiempo que tomó, el trabajo de las autoridades judiciales, tanto de nivel local como federal, que han intervenido en el asunto, se encuentra apegado a derecho y en estricto respeto al interés superior de mi hija, y es justamente ese trabajo y la valentía con la que se han conducido lo que hoy en día me permite cumplir mi sueño de volver a estar a su lado”.
“Asimismo, te aseguro que lo acontecido en Acapulco y que relatas en tu columna no es algo que hubiera yo deseado para mi hija, pero no sucedió por mi culpa o por responsabilidad del juez: según el reporte oficial –del que adjunto copia al presente– y a pesar de que en varias ocasiones se intentó dialogar con el padre de mi hija, e incluso se le ofreció que en su camioneta se trasladara, en compañía de mi hija, al juzgado en la Ciudad de México para llevar de manera pacífica la diligencia de entrega, éste intentó escaparse y agredió a los oficiales de la FGR, quienes afirman sólo se defendieron y trataron de cumplir con un mandato judicial que les ordenaba buscar, localizar y que me entregaran a mi hija”.
“Debo señalar que el 24 de mayo de 2023, una semana antes de lo acontecido en Acapulco, acudí en compañía de los oficiales que estaban buscando a mi hija a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para tratar de recuperarla en la escuela a la que acudía. Iba acompañada de un equipo de especialistas –entre ellos una psicóloga especializada en niños, niñas y adolescentes– que nos apoyarían en la diligencia; sin embargo, nos topamos con la noticia que desde el 22 de mayo de 2023 mi hija había dejado de acudir a la escuela debido a que su papá la estaba ocultando de las autoridades para evitar su entrega”.
“Con motivo de lo anterior, te puedo asegurar que mi deseo no es que el nombre de mi hija esté en medios de comunicación o que se castigue pública o socialmente a su padre, sino, por el contrario, quiero que me dejen darle la vuelta a este amargo capítulo para que, en paz, pueda comenzar a revincularme con ella y demostrarle cuánto la amo, y que si luché por estar a su lado estos siete años es porque para mí no hay nadie más importante que ella y que, contrario a lo que le enseñaron, tiene derecho a tener a su mamá presente”.
Tras ver el video completo de la diligencia, si bien es cierto el padre no aceptó entregar a su hija, también lo es que el operativo de la FGR para rescatarla, conformado por puros agentes hombres, debió estar integrado también por mujeres para salvaguardar a la menor. Única razón por la que publiqué la columna inicial.
Transparentan renta de patrullas
Qué les cuento, que ayer la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, le puso un alto a José Luis Moyá Moyá, ya que durante la mañanera presentó un informe que demuestra que no existió ninguna anomalía en la compra de 2 mil patrullas por parte de la Guardia Nacional. Al contrario, el proceso fue supervisado por la SFP de Roberto Salcedo Aquino, el OIC y testigos sociales, además de que fue la mejor propuesta económica. Moyá Moyá ingresó una denuncia para boicotear el proceso de licitación al no resultar favorecida otra empresa que compitió, a lo que AMLO precisó que los perdedores son quienes financian este tipo de quejas.
“Se hizo un análisis minucioso del contrato y se concluyó que no existió irregularidad alguna en el proceso de contratación, ni mucho menos que se hayan adquirido con sobreprecio o bajo algún sistema monopólico”, apuntó la secretaria. Dijo además que todos los detalles de este intercambio fueron transparentes y pueden consultarse a través de la plataforma Compranet, donde se puede constatar que el proyecto para adquirir los vehículos fue del interés de cinco empresas. Después de un análisis, se determinó que la ganadora fue la que se comprometió a establecer los mejores precios, tiempos de entrega y calidad. Transacción que, apuntó, significó un ahorro de 300 mdp.
La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.
* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.