El gobierno de la 4T enfrenta un desafío importante llamado Segalmex, una institución que, en lugar de cumplir con su objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos, se ha convertido en una vergüenza nacional durante la actual administración.
Existe una preocupante situación de encubrimiento o complicidad, ya que hasta ahora nadie ha sido enjuiciado y una cifra alarmante de 15 mil millones de pesos ha desaparecido sin que se haya logrado asegurar ni la seguridad alimentaria, ni el abastecimiento en este organismo social del gobierno mexicano.
Llama la atención que la Fiscalía General de la República haya optado por no presentar cargos contra el ex titular responsable de esta institución, Ignacio Ovalle, quien es amigo cercano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y cuenta con su respaldo incondicional.
A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado y denunciado desvíos en Segalmex, los responsables parecen gozar de impunidad y disfrutar de los beneficios otorgados por la 4T.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha documentado que la ASF ha presentado 11 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por las irregularidades y desvíos cometidos en Segalmex durante esta administración.
MCCI sostiene que existe una extensa red de corrupción que operaba en dicha dependencia bajo la dirección de Ignacio Ovalle, quien fue relevado de su cargo como director general de Segalmex en abril del año pasado y posteriormente reubicado como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Recientemente se ha revelado un nuevo caso de desfalco en Segalmex relacionado con dos contratos fraudulentos para la compra de leche, con un valor total de mil 700 millones de pesos.
De acuerdo con información publicada en el portal Reforma, Segalmex no solo pagó por los procesos de obtención de leche en polvo y crema, sino que también entregó la materia prima, es decir, la leche cruda que debía ser deshidratada. Sin embargo, las empresas contratadas no solo incumplieron la entrega del producto procesado, sino que tampoco devolvieron el dinero correspondiente.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha determinado que, además de pagar 435 millones de pesos por contratos incumplidos de deshidratación, Segalmex entregó leche con un valor de mil 251 millones de pesos que nunca fue procesada por las empresas contratistas.
Estos convenios fueron suscritos por Diconsa y Liconsa en 2020 con la Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac) y Grupo Vicente Suárez 73.
La FGR ha concluido que, considerando el pago del contrato y el valor de la materia prima, Coprolac recibió mil 228.4 millones de pesos, mientras que Vicente Suárez 73 obtuvo 458.6 millones de pesos.
"Quisieron justificar el pago de un supuesto procesamiento y deshidratación de la leche cruda, que también incluía la obtención de crema, pero esto no se llevó a cabo, según se ha difundido. No se encuentra ninguna documentación en los archivos de Liconsa que respalde o ampare el procesamiento del producto", señala el expediente de la FGR.
Según las primeras investigaciones, Édgar Alejandro Armenta Peralta, socio y representante legal del Grupo Vicente Suárez 73, ha sido vinculado al proceso, y se han encontrado elementos que lo relacionan con René Gavira Segreste, ex titular de Segalmex.
En este caso se configuran delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que la FGR ha solicitado la captura de las personas involucradas en este escándalo.
En Segalmex, no solo se pierde leche y dinero, sino que también se estafa a los productores al no pagarles los precios justos por sus productos.
Resulta preocupante que, a pesar de las constantes irregularidades y fallas en esta institución, el presidente de México no haya tomado medidas para abordar la situación.
La Fiscalía General de la República también está investigando a una empresa "fachada" implicada en una simulación de compra y venta de azúcar, que también fue utilizada por Segalmex para desviar más de 9.4 millones de pesos en dos contratos para la purificación y envasado de agua en garrafones de 20 litros.
Según la causa penal 44/2023, se trata de los convenios C773/2020 y C/722/2020, ambos firmados el 24 de mayo de 2020, por los cuales Segalmex pagó 9 millones 418 mil 535.36 pesos a Servicios Integrales Carregín, supuesta proveedora de azúcar, y a Gainmate Comedores Industriales, sin que estas empresas cumplieran con el servicio acordado.
Esta investigación, iniciada por la Fiscalía a raíz de una denuncia presentada el 24 de mayo de 2020 por el director de Asuntos Jurídicos de Segalmex, Carlos Antonio Dávila Amerena, el mismo día en que se firmaron los convenios, ha sido reportada en diversos medios periodísticos.
Dávila Amerena, quien presentó diez denuncias por presuntos actos de corrupción en Segalmex, fue detenido por la FGR el 10 de marzo y encarcelado en el Penal del Altiplano, aunque fue liberado cinco días después debido a la falta de pruebas.
En cuanto a los contratos, uno de ellos fue firmado por Manuel Lozano Jiménez, ex director Comercial y apoderado de Diconsa, filial de Segalmex, y José Francisco Pagaza, representante de Carregín, según datos periodísticos.
Según el gobierno, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es un organismo descentralizado, adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), cuyo objetivo es lograr la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y en leche, además de fomentar el desarrollo económico y social del país.
Sin embargo, la institución encargada de coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía para beneficiar a los pequeños y medianos productores nacionales se ha desviado de su propósito.
Entre sus responsabilidades también está la venta y distribución de fertilizantes, semillas mejoradas y otros productos que contribuyan a aumentar la productividad del campo mexicano. Lamentablemente, los agricultores atraviesan una de las peores crisis mientras los funcionarios de Segalmex desvían recursos con propósitos desconocidos.
Uno de los objetivos de Segalmex es promover la industrialización de alimentos básicos, leche y sus derivados, así como la comercialización de los excedentes de la producción agroalimentaria dentro y fuera del país, lo cual no se ha cumplido.
La Fiscalía General de la República debería tomar medidas enérgicas contra aquellos que han saqueado al país a través de Segalmex y asegurarse de que se devuelva lo robado para destinar esos recursos verdaderamente a la producción nacional.
En la actualidad, Segalmex es un emblema de la corrupción en la 4T, y eso es algo que nadie puede negar.