Cuando hablamos de administración pública debemos referirnos a la actividad que realiza el Estado a través de sus instituciones y estructura de personal, con el objetivo de generar las condiciones necesarias a la población para su bienestar, la garantía de sus derechos y su crecimiento cultural, social, económico, deportivo, económico y político que haga, a su vez, que una nación prevalezca en el tiempo.
En este sentido la administración pública es el engrane que enlaza las demandas de la población con el poder público y que se traduce en una serie de políticas públicas que, en un sistema democrático, deben tener una base sólida en diversas disposiciones constitucionales y legales.
E 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General determinó designar el 23 de junio como Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública y que un año más tarde fue adoptado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El objetivo de esta importante fecha es reconocer la labor tanto de las instituciones de la administración pública como de las mujeres y hombres servidoras y servidores públicos en su ardua labor en el desarrollo de diversos servicios que encaminan al desarrollo de un Estado.
Ahora bien, en el debate teórico sobre en dónde funciona y se desarrolla de mejor forma tanto instituciones como el servicio público es la democracia que, incluso, como lo ha referido Manuel Villoria su función es básica para la generación de condiciones que eleven la calidad de la democracia.
Bajo este contexto, un ingrediente fundamental en un sistema democrático es, entre otras consideraciones legales, el reconocimiento pleno a derechos y obligaciones como los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Entre estos derechos destaca la igualdad que debe prevalecer entre hombres y mujeres que coadyuvan al crecimiento de una sociedad.
En México la lucha por esta igualdad ha sido, por decir lo menos, lenta, tortuosa y engañosa por muchos aspectos, a pesar de que nuestra nación es parte integrante de Naciones Unidas y en donde el objetivo 5 de la Agenda de Desarrollo Sostenible busca que el género femenino forme parte de los distintos espacios de decisión política.
Para darnos una noción clara de la participación de las mujeres en la administración pública de los tres órdenes de gobierno que dispone nuestro sistema político, el INEGI publicó estadísticas con relación al Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública que vale la pena analizar.
De acuerdo con registros de 2020 laboraron 5,081,955 millones de personas servidoras públicos en los tres órdenes de gobierno, en donde el 31.2% laboró en la administración pública federal; 47.7% a nivel estatal, y el 21.2% en las administraciones municipales. De este universo, las mujeres representaban en 2020 el 50.1% en diversos cargos a nivel federal; a nivel estatal el 55.9% y a nivel municipal solo el 35.3%, siendo este último el orden de gobierno en el que el Estado debe trabajar más para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.
Las estadísticas del INEGI también revelan la presencia de las mujeres por entidad federativa en donde las entidades con mayor presencia a nivel estatal fueron Guanajuato, Morelos, Querétaro, Estado de México y Baja California con porcentajes superiores al 59%, en tanto que Estados como Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México son los más rezagados con porcentajes del 46%, 42.8% y 42%, respectivamente.
Sobre las mujeres titulares en las instituciones de la administración pública tenemos a nivel federal un 23.7% destacando que de 2016 a 2021 solo se ha incrementado la presencia de las mujeres un 5.9%. A nivel estatal, la presencia de las mujeres registra apenas el 31.6%, cuando en 2016 se registraba un 23.3%. Finalmente, a nivel municipal que es donde se muestra un ligero mayor crecimiento paso de un 25.8% en 2016 a un 31.7% en 2021.
Como podemos observar es mucho lo que hay que trabajar para materializar las reformas que dieron vida en 2019, a lo que hoy conocemos como “Paridad Total” que obliga no solo a cumplir con la paridad en las candidaturas de elección popular, sino también, todos los órdenes y niveles de gobierno, en los órganos autónomos, en las instituciones políticas, así como en sistemas normativos indígenas. De lograrlo, México estaría siendo punta de lanza en el concierto de las naciones respecto a lograr una igualdad sustantiva que nos conviene como sociedad, en el que deben prevalecer los derechos dispuestos tanto en la Constitución como en las normas legales que permitan fortalecer nuestra democracia y nuestro desarrollo.