Unos dirán que no es una simulación, que van a elegir a quien coordine la defensa de la Cuarta Transformación (4T). Los otros dirán que los partidos opositores no tienen juego y que sólo elegirán a un aspirante, lo que todos los ciudadanos pueden hacer. Unos dirán que los eventos son parte de giras para actividades internas al partido, que de ninguna manera suponen actos anticipados de campaña. Los otros dirán que lo suyo son debates y actividades de ciudadanos que eventualmente podrían convertirse en precandidatos, pero que aún no lo son.
La ley puede ser mala
Desde que por presión de quien hoy gobierna se decidió regular los procesos electorales en etapa definidas por un calendario se establecieron la bases de una mala ley, pues de antemano contravenía la experiencia. Fox inició su proselitismo desde mucho antes de un año para elecciones, Calderón hizo lo propio y no se diga que López Obrador no estuvo en campaña desde su puesto de Jefe de Gobierno y que luego la continuó de manera permanente hasta que conquistó la Presidencia, Peña Nieto armó sus lazos regionales desde su puesto de Gobernador. Poner en la ley algo contrario a la realidad no lleva más que a que cada quien busque por donde escabullirse para no cumplir con la norma.
Para defender la 4T
Es así como formalmente Morena y sus aliados se han lanzado a una contienda para decidir quién debe coordinar la defensa de la Cuarta Transformación quién sabe contra qué o contra quién, pero esa será su tarea en una posición indefinida, fuera de todo organigrama, de competencias abstractas. Ante este proceso, el Instituto Nacional Electoral no tiene la capacidad para impedir que realicen sus actos de proselitismo y su búsqueda de triunfo, pues están supuestamente compitiendo por un puesto etéreo; lo más que puede hacer e hizo es marcar los límites y advertir que si no los respetan caerán en falta y que si eso ocurre eventualmente se podrá negar el registro a quien se haya salido de lo permitido. Luego vendrá un paquete de cinco encuestas con quién sabe cuál tamaño muestral, cómo se diseñen ni qué se pregunte. ¿Se pedirá acaso a las personas elegidas para participar en estos ejercicios que indiquen quién desean que coordine la defensa de la 4T y eso conllevará informar sobre la preferencia para una posterior definición de la candidatura presidencial?
El aspirante ciudadano
Del otro lado de la cancha, harán un ejercicio definido por los ciudadanos —que son quienes no están afiliados a un partido, según dan a entender—, no importa que las direcciones de los partidos salgan al templete a decir que informarán pronto sobre su procedimiento de elección de candidatura y anticipen algunas reglas. No: hay que asumir que porque dicen que es una consulta ciudadana sin intervención de partidos, pero con su aval y la garantía de su posterior consideración para definir al ungido, es ciudadana y por serlo no forma parte de lo regulado por la ley. Otra manera de escapar por los resquicios. Y uno de los mecanismos para definir al mejor posicionado entre los competidores, que tendrán aparentemente que recabar (supóngase que gratuitamente) un cuarto de millón de firmas, será una elección primaria con financiamiento indefinido y que reproducirá mucho de los vicios de las consulta promovidas por quien hoy gobierna: un escaso alcance (tres millones de boletas en principio); desequilibrios para el ejercicio del voto, al incluir un voto electrónico que privilegia a segmentos jóvenes, urbanos, informados. ¿Por qué darle a una consulta que no convoca uniformemente a todo el cuerpo electoral una cierta capacidad vinculatoria en la definición de un candidato? Las encuestas a población abierta, cuando están bien hechas, otorgan a todo miembro del universo una probabilidad idéntica de expresar su preferencia con un costo reducido, lo que no se logrará con este tipo de ejercicios. ¿Por qué no volver a las encuestas?