En junio se celebra alrededor del mundo el mes del orgullo LGBTIQ+ (siglas usadas para designar a las diversidades sexuales y de género) y cuando se ven banderas arcoíris y mensajes de inclusión por aquí o por allá podría pensarse que el cometido de hacer visible la presencia de este grupo en la sociedad se ha alcanzado. Sin embargo, así como salir del clóset no sucede solo una vez y es algo que se repite una y otra vez a lo largo de toda la vida, es importante llamar la atención sobre las múltiples formas de violencia que se siguen ejerciendo en contra de las personas no heterosexuales de forma cotidiana.
En México atravesamos por una crisis de derechos humanos marcada por la desaparición de personas, que en el último año contabilizó un promedio diario de 25 personas; sin embargo, si queremos conocer las particularidades que afectan a la desaparición de personas LGBTQ+, nos enfrentamos con la invisibilización y la imposibilidad de acceder a la verdad, justicia reparación y garantías de no repetición.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sistematiza y pone a disposición la información de las desaparición de personas en el país y consigna un enfoque diferenciado que incluye a las personas que se identifican como LGBTIQ+, el cual hace unos días tenía registradas como desparecidas a 30 personas a nivel nacional; es decir, sólo el 0.027% de la población desaparecida y no localizada a esa fecha. De acuerdo con esta fuente, el estado con más personas es Zacatecas (17%) y en el 33% de los casos se desconoce la hipótesis de no localización.
No obstante, este registro oficial ha sido cuestionado desde su aparición (en sustitución del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas —RNPED—, creado en 2012) con la entrada en vigor de la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDP) en 2018, en cuanto a su veracidad, oportunidad y transparencia. Incluso el presidente de México declaró recientemente que espera que en julio se dé a conocer una nueva versión del Registro que ofrezca certeza (lo que ha implicado nuevas críticas por la probabilidad de manipular las cifras con objetivos políticos).
En comparación, apenas en mayo de este año se presentó ante el Senado de la República el documento coordinado por Fundación Arcoíris, “La desaparición de personas LGBTI+ en México, una guía para su registro y seguimiento”, donde integrantes de 64 organizaciones de la sociedad civil agrupados en el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+ (ONCO) documentaron que, entre diciembre de 2010 y agosto de 2022, desaparecieron 124 personas y 70 personas siguen sin ser encontradas, siendo Jalisco el estado con más casos (11), seguido por Baja California (10).
En ambos casos es presumible un notable subregistro si consideramos que, de acuerdo con el INEGI, 4.8% de la población en México se reconoce como LGBTQ+, por lo que es esperable que el número de personas desaparecidas no heterosexuales sea mucho mayor.
Detrás de esta invisibilización está el miedo de las familias a dar información sobre la identidad sexual de la persona que pueda ser utilizada para revictimizar, discriminar o ignorar la denuncia. Por el lado de las autoridades está la idea de que no es relevante la información sobre la identidad de la persona desaparecida o la presunción de heterosexualidad universal, además de la persistente homofobia. No obstante, esta situación puede hacer la diferencia para conducir una búsqueda efectiva y exhaustiva y esclarecer los hechos de la desaparición, tal cual mandata la LGMDP. Además de que omite la aplicación de un enfoque diferencial especializado que responda a las particularidades de las víctimas y dé cuenta de hechos que pueden ser útiles para la investigación. Así mismo, impide contar con información que permita hacer política de prevención y de esta manera erradicar este delito y los que se le vinculan.
No en vano el Comité contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas señaló en su informe sobre la vista que realizó a México, publicado en 2022, que recibió información sobre la desaparición de personas LGBTQ+ como un asunto de “limpieza social” o explotación sexual y calificó a la desaparición de personas como el crimen perfecto; instó a las autoridades mexicanas, entre otras cosas, a fortalecer los registros para que contribuyan a la prevención de las desapariciones e identificar factores de riesgo.
La identidad sexual no es un dato más. Nos habla de realidades, experiencias y violencias particulares que deben ser erradicadas para poder vivir con dignidad y orgullo todo el año, no solo en junio.
* Balán Gutiérrez
Egresado de la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora y actualmente forma parte del equipo de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC). Cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño, operación, monitoreo y evaluación de proyectos sociales.