TRANSPARENCIA

Transparencia y rendición de cuentas en elecciones

La transparencia permite medir el nivel y la calidad del sistema político. | Fernando Díaz Naranjo

Escrito en OPINIÓN el

En un sistema democrático existen diversos indicadores que permiten, entre otros aspectos, potenciar la convivencia social a través del reconocimiento pleno de los derechos humanos que México tiene plenamente acreditados en la Constitución Política, así como en las leyes secundarias. Dichos derechos que van acorde incluso con instrumentos internacionales signados por nuestro país como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas (1998), entre otras.

Estos derechos adquieren mayor relevancia en una democracia porque permiten generar diversos registros que miden el nivel y la calidad de dicho sistema político.  Uno de estos indicadores es la transparencia y la rendición de cuentas que, independientemente de las disposiciones normativas establecidas en leyes hay un rubro que en estos momentos debe replantearse para no perderse de vista: el ámbito electoral.  Me explico.

En 2014, el Legislativo federal determinó otorgarle a Instituto Nacional Electoral (INE) una serie de facultades entre las que destaca la obligada transparencia y rendición de cuentas de los actores políticos que participan en los procesos electorales tanto para elecciones federales como locales.  Esto incluye precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos, agrupaciones políticas, partidos políticos y coaliciones.

La finalidad de esta disposición radica en que los actores políticos señalados reciben financiamiento público y, por lo mismo, debe ser fiscalizado o, dicho de otra forma, la autoridad electoral, en este caso el INE, tiene la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos públicos que reciben dichas instancias con la finalidad de comprobar que los mismos sean utilizados para los objetivos legales programados en las normas electorales.  Este proceso conocido como fiscalización deriva en ocasiones en infracciones y hasta en multas importantes para quien cometió una violación a la ley y a la norma.

Bajo este contexto y ante la cercanía de las elecciones federales en donde se renovará, a nivel federal, la Presidencia de la República, la Cámaras de Senadoras y Senadores y la de Diputadas y Diputados, así como a nivel local la renovación de 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México; habrá elecciones para elegir diversas autoridades municipales y en 31 entidades se renovarán los Congresos locales, el INE deberá ser vigilante de la estricta norma electoral.

Con esto quiero decir que deberá vigilar que los procesos internos de los partidos políticos que empiezan a anunciarse estén estrictamente apegados a la normatividad establecida; debe cuidar que actores políticos, de todos los colores no quieran darle la vuelta a la legislación electoral; adelantarse a los tiempos legales establecidos; garantizar que, si bien el ejercicio del poder siempre genera un clímax de mucho apasionamiento, éste se dé bajo los parámetros determinados por la Constitución, la ley, las normas reglamentarias y las directrices establecidas por los órganos jurisdiccionales.  Los resultados que el INE muestre ante la nación en su oportunidad constituirán el mejor referente de transparencia y rendición de cuentas.

Ante un INE que se encuentra con nuevos integrantes en su Consejo General, su máximo órgano de dirección, deben saber que la alta responsabilidad que tienen es con los más de 90 millones de electoras y electores, pero sobre todo con México.

2024 está a la vuelta de la esquina y la autoridad electoral que ha dado buenos resultados debe demostrar, una vez más, de que está hecho.  Si no, tal cual juraron: que la nación se los demande.  Estoy seguro de que el INE nuevamente sacará avante la elección que se vislumbra no sólo la más grande, sino la más compleja de la historia, además, de que deberá garantizar la transparencia y rendición de cuentas de todas y todos los actores políticos involucrados en la ya cercana próxima competencia electoral.