Las elecciones se pueden clasificar de diversas maneras. La ciencia política moderna las agrupa en cuatro órdenes. En primer lugar, de acuerdo con la relación que guarden con el ámbito geográfico en el que se desarrollen; en segundo, según la relación con el órgano de gobierno o representativo que buscan conformar o renovar; en tercero, de acuerdo a la relación con el tiempo o momento en que se despliegan; en cuarto, de conformidad con el sistema político del país.
En la primera relación, con el espacio territorial, se puede hablar de elecciones nacionales o subnacionales; en la segunda, de elecciones presidenciales o legislativas; en la tercera, de concurrentes o simultáneas para varios cargos y en la cuarta relación, se trata de elecciones competitivas, semicompetitivas o no competitivas.
Ahora bien, en el despliegue cotidiano y permanente de sus deberes y atribuciones en relación con la organización de las elecciones toda autoridad electoral se encuentra con otra clasificación fáctica y legal. Se trata de diferenciar entre las elecciones ordinarias y extraordinarias.
Las primeras son las que mandatan las constituciones y las leyes electorales, determinadas en plazos fijos y estables. En México, la preparación y desarrollo de estos comicios regulares dura varios meses, alrededor de 9 o 10 según la fecha de inicio del proceso respectivo, la jornada electoral, la etapa de resultados y la de validación de éstos.
Por su parte, las elecciones extraordinarias son auténticas e inesperadas reposiciones que obligan a la autoridad a lanzar toda una nueva logística y preparación, con las mismas fases y etapas que las ordinarias, aunque con acotaciones temporales importantes.
El objetivo siempre es colmar una vacante o varias, generalmente causadas por una determinación judicial de nulidad, de conformidad con el marco normativo, o por la ausencia definitiva de la persona ganadora o de la elección ordinaria o de quien ya desempeñando el cargo obtenido en las urnas, se ausenta de manera definitiva por cualquier causa.
Según registros oficiales, entre 2015 y hasta junio de 2023 se han organizado 31 elecciones extraordinarias. Hay que destacar que en ellas, se eligieron 339 cargos. Cuatro de ellas son significativas: una diputación federal de Aguascalientes y las gubernaturas de Colima en 2015 y la de Puebla en 2019, y una senaduría por Tamaulipas este 2023.
El resto son generalmente de rango municipal o diputaciones locales. Es importante resaltar que estos números se refieren a los procesos electorales extraordinarios que la autoridad electoral tuvo que preparar y organizar, pero como se verá, en muchos casos, en un mismo proceso hubo varios cargos en disputa.
Si se hace un análisis por año, hay que resaltar que en 2015 hubo en total 6 de estos ejercicios democráticos, para la elección de 7 cargos; en 2016 hubo 4 extraordinarias para elegir 4 cargos; en 2017, se organizaron 3 para elegir 9 cargos; en 2018 se realizaron 4 para elegir 83; en 2019 una extraordinaria para elegir 6 cargos; 2020 es el único año que no se llevaron a cabo elecciones extraordinarias en buena parte a causa de la pandemia; en 2021 hubo 7 extraordinarias para elegir 66 cargos; en 2022 fueron 5 para elegir 163 cargos y en 2023 hubo una elección extraordinaria para elegir un cargo, la referida senaduría de Tamaulipas.
Veamos algunos desgloses interesantes. Los 4 procesos extraordinarios en 2016 fueron para renovar solo 4 ayuntamientos. En 2018 en Chiapas, el proceso extraordinario abarcó 10 presidencias municipales y 48 regidurías. En Oaxaca en ese mismo año se disputaron 2 presidencias municipales y 9 regidurías, mientras en Nuevo León estuvieron en contienda extraordinaria una presidencia municipal y 18 regidurías. Finalmente, en el 2022, en Chiapas hubo en juego 6 ayuntamientos, 6 sindicaturas y 39 regidurías; en Veracruz en el mismo año, se disputaron 4 ayuntamientos, 3 sindicaturas y 24 regidurías.
Del análisis de las recurrencias, se puede desprender que hay 5 entidades federativas con mayor índice de procesos extraordinarios, al tener 3 o más en los últimos 8 años. Esta numeralia es relevante para la planeación de todas las autoridades electorales, tanto las administrativas como las jurisdiccionales.
Se trata de un reto particular porque incluye la impresión de nuevas boletas, reclutar nuevo funcionariado de casilla o invitar al que laboró en el proceso ordinario, prever condiciones equitativas de la competencia, revisar y actualizar los instrumentos registrales y muchas otras tareas, como la fiscalización de los gastos de campaña y el acceso oportuno y suficiente a radio y TV de las candidaturas y partidos.
Todo esto genera un gasto imprevisto que no es menor. En consecuencia, es trabajo de la autoridad planear de forma integral el presupuesto para que circunstancias inesperadas y no programables como éstas, le permitan articular una respuesta institucional a tiempo y completa.
En la Comisión de Presupuesto del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), estamos trabajando arduamente, con seriedad profesional, responsabilidad financiera y prudencia organizacional, escuchando a todas las áreas centrales e inclusive, por primera vez, a las y los delegados estatales, para estar preparados para alguna coyuntura de esta naturaleza. Si se presenta, la atenderemos de manera objetiva, imparcial, con legalidad y autonomía. Como siempre lo ha hecho el INE.