De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el maltrato infantil, considerado para las y los menores de 18 años, esta referido a los abusos del que son objeto este importante segmento de la población que incluye el “maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”.
Para conocer el tamaño de problemática a la que nos enfrentamos es importante analizar algunos registros presentados, por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENDADIS) 2017 del INEGI ya reflejaba un dato importante que indicaba que el 25.7% de las niñas de 9 a 11 años y 35.2% de las adolescentes de 12 a 17 años, consideraban que en nuestro país sus derechos se respetaban poco o nada.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló, entre otros aspectos, que México ocupaba el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios contra menores.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en el país, tan solo la población en un rango de edad entre los 12 y 17 años sufrió algún tipo de agresión sexual. La organización Aldeas Infantiles de México, ha indicado que en nuestra nación existen cerca de 4.5 millones de niñas y niños que son víctimas de abuso sexual y en donde, además, registró que dichos actos están relacionados con personas que pertenecen al círculo más cercano a ellas y ellos.
Para el caso específico del Estado de México y de acuerdo con Datos de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de abuso sexual a sufrido un incremento exponencial de un 648% según los registros de los últimos 6 años, ya que de 2015 a 2020 se perpetraron de 446 casos a 2,891 y en donde las víctimas fueron principalmente niñas, niños y mujeres.
Con base en estos registros es necesario y urgente que todas y todos los mexicanos tomemos consciencia y llevemos a cabo una serie de acciones que permitan abatir este cáncer que gangrena el segmento más importante de nuestra población: las niñas, niños y adolescentes que, además, son nuestro futuro y nuestro porvenir.
Bajo este contexto, el Código Penal en el Estado de México, concretamente su artículo 270 indica enfáticamente que comete delito de abuso sexual: “Quién ejecute en una persona un acto erótico o sexual sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona. A quien cometa este delito, se le impondrá pena de dos a cuatro años de presión y doscientos a cuatrocientos días de multa”. La agravante crece cuando la víctima es menor de edad en donde la pena crece de ocho a quince años de cárcel y de quinientos a mil días de multa.
Es así que desde mi función como representante popular de las y los mexiquenses presente hace unos días una iniciativa para reformar algunos preceptos legales del Código Penal del Estado de México a fin de establecer que las agravantes en materia de abuso sexual cuando sea cometido por familiares, persona que tenga la custodia, guarda, educación o aproveche la confianza de la niña, niño o adolescente la pena aumente, por un lado, así como se establezca la reparación de los daños y perjuicios teniendo en cuenta el grado de afectación de la víctima y el tipo de terapia que requiera.
Estas acciones constituyen un eslabón que debe ir enlazado a otras tantas que, en coordinación con la sociedad civil, la ciudadanía, la administración pública y otros entes, generen las iniciativas, las políticas públicas, las normas y la inercia de la sociedad para garantizarle a la niñez y a la adolescencia el pleno goce de sus derechos y libertades sabiendo que son los que forjarán esta nación.