Igual que en el chiste del pato: Las reglas para la selección de la candidata o candidato de Morena a la Presidencia se parecen a las de una precampaña. El método por encuesta para seleccionar al o a la finalista parece propio de una precampaña. El evento del domingo pasado y las acciones de comunicación que han hecho y harán las y los aspirantes, también se parecen a una precampaña. Por lo tanto, lo que estamos viendo ¡es una precampaña!
Por tratarse de algo tan obvio, normal y cotidiano, hasta ahora no hay motivo de preocupación para nadie. En sentido estricto, ni el partido ni sus aspirantes parecen estar actuando al margen de la ley. Ya hubo algunas sanciones en meses anteriores, cierto. Pero también lo es que las autoridades electorales tampoco sancionarán el proceso iniciado el pasado domingo. En consecuencia, habrá precampaña antes de los tiempos establecidos por la ley.
La razón de esta situación es simple. Aún en las legislaciones más avanzadas, siempre hay resquicios o formas de bordear los límites jurídicos. En otras palabras, todo lo que no está prohibido, está permitido. En este caso, la solución que encontraron consiste en que Morena no va por un candidato o candidata. Elegirá a la coordinadora o coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, con rumbo a las elecciones de 2024.
Por si no lo leíste: ¿Corcholatas en actos anticipados de campaña? Esto dice la ley.
El asunto no se puede tomar a la ligera. Le legislación vigente establece que las precampañas presidenciales “darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección” . Y que “no podrán durar más de sesenta días”. Por lo tanto, Morena y sus aspirantes tendrán una de las campañas más largas de nuestra historia. Contarán con otros cinco meses de proselitismo, prácticamente sin oposición, aún cuando en septiembre se defina el nombre de la ganadora o el ganador.
¿Es ilegal lo que están haciendo? Lo tendrán que resolver las autoridades. ¿Conviene a Morena asumir el riesgo? Por supuesto. La experiencia ha demostrado que apegarse en forma estricta a la ley no siempre asegura los mejores resultados. El problema de fondo está en saber qué tanto se afecta nuestro Estado de Derecho y cómo lo tomará la sociedad, sobre todo si las leyes no se aplican con la misma severidad que a un gran número de ciudadanas y ciudadanos.
Hasta ahora, es posible prever que el proceso interno recién iniciado no será descarrilado, al menos por lo que corresponde a las autoridades electorales. Sin embargo, es preciso recordar que las funciones que ejercieron los cuatro aspirantes de Morena están directamente relacionadas con el Estado de Derecho. El apego a la Constitución y las leyes que de ella emanan fueron su mayor prioridad durante el tiempo que gobernaron.
Si por una u otra razón se llega a generar la percepción de que no se están apegando a lo que establecen las leyes, ¿afectará la opinión o la intención de voto de las y los electores? Lo más probable es que no. El blindaje de popularidad que tiene hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador funcionará como un escudo para los cuatro. La única posibilidad de romperlo la tendría una candidata o candidato opositor, pero todavía no se ve quién ni con qué narrativa de legitimidad.
En política, como en la física, espacio que no se ocupa se llena de inmediato. El pragmatismo, la necesidad de ganar y la ruptura de límites lo favorece. Por eso hay que asumir riesgos, pero con los controles debidos. También se requiere crear conflictos para llamar la atención y elevar los niveles de aprobación y posicionamiento, pero es imperativo aprender a gestionarlos con la mayor eficacia posible.
Además, se deben utilizar todos los recursos económicos posibles y más, si es necesario, pero cuidando los parámetros que marca la ley. En el mismo sentido, hay que proponer un cambio, aunque sea para darle continuidad a un proyecto que se considera vigente. Esta ha sido la realidad en las campañas modernas. Cualquier contienda es, en esencia, un espacio de confrontación no violenta, tanto en el discurso como en los hechos.
Con base en lo anterior, podemos concluir que la “precampaña” de Morena es una decisión pragmática y no violenta, en la que se mantendrá la polarización con la oposición. La misión y los objetivos están bien definidos. Lo que no queda claro es si habrá un árbitro imparcial. Tampoco se dijo nada sobre la fiscalización de los recursos o la rendición de cuentas. ¿Cómo se justificarán tales omisiones ante la ciudadanía?
Los liderazgos de Morena creen que tienen calculados los riesgos, pero: ¿será posible cumplir con el lineamiento de que no haya debates formales ni polémicas. No. Seguro habrá debates informales. ¿Se comportarán la y los aspirantes de manera austera, sin derroche de gastos publicitarios o propagandísticos? Esto es muy difícil de creer, más cuando está de por medio la presidencia de la República.
Por otra parte, también les piden rechazar el acarreo, la coerción y las alianzas a cambio de prebendas. ¿Es factible? Asimismo, se les sugiere evitar los medios de comunicación “reaccionarios, conservadores, adversarios de la 4T y partidarios del viejo régimen”. ¿Cuáles son? ¿Con qué criterios se definirán? ¿Cuáles serán los costos para quienes no obedezcan éste y otros lineamientos? ¿Cómo harán para mover las encuestas si no tendrán una cobertura amplia en la llamada campaña aérea?
Por todo lo anterior, lo que no cuadra es el manual de buenas intenciones que la y los aspirantes firmaron el domingo pasado. A partir de un legítimo e indispensable llamado a la unidad, les pide cumplir cabalmente un conjunto de reglas y lineamientos difíciles de cumplir, porque se reducen a su mínima expresión los elementos de una competencia política. Si no se da una contienda verdadera, en este escenario las tendencias actuales se moverán muy poco y solo habrá una beneficiaria. Todas y todos sabemos quién es.
Aún más. Desde las primeras horas del lunes pasado se advierte que el cumplimiento de dichas reglas se contrapone con muchos de los factores que permitieron la llegada al poder del presidente y su movimiento. Es comprensible que pretendan mantener la fortaleza que surge de la unidad. Se entiende que no se quiera repetir el error de Coahuila en las pasadas elecciones. Pero de ahí a esperar una total disciplina, sin conflictos ni contrapuntos, resultará tal vez contraproducente.
Lee más: AMLO, por segunda vez, pide a sus corcholatas no zigzaguear".
Está claro que hay una contradicción entre el apego a lo que marca la ley y lo que se pide a la y los aspirantes en un acuerdo interno de partido. Sobre esta base, es ingenuo exigir un “buen comportamiento”, haciendo a un lado la esencia de la política: luchar por el poder. Por supuesto que lo más recomendable es exigir el respeto absoluto a las reglas propias. Pero eso no resuelve la incongruencia de hacerlo cuando existe la presunción de que se está incumpliendo la legislación electoral vigente.
Para lograr el resultado esperado —en cualquier frente— afirmamos rotundamente que sí existen otros caminos comunicacionales y éticos, apegándose plenamente a lo que establecen las leyes. Lo bueno es que existe un gran número de instrumentos y técnicas para cambiar el paradigma actual. Lo malo es que algunos no quieren asumir el riesgo de recorrerlos.