En distintos momentos de mayo pasado, autoridades laborales, sanitarias, sindicales y hacendarias operaron de la mano para fijar en forma virtualmente clandestina las condiciones bajo los que han empezado a ser transferidos cientos de miles de trabajadores del fracasado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) al denominado IMSS-Bienestar.
El nuevo modelo someterá a una presión brutal las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Zoé Robledo, y arrojará una especie de alfombra bajo la cual se pretenderá ocultar el desastroso ciclo de decisiones fallidas del gobierno López Obrador en busca de un nuevo sistema de salud en el país.
Este espacio cuenta con el expediente C.G.T. 45/23, Promoción 47383, registrado el 30 de mayo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por Gisela Juliana Lara Sandoval, directora general del organismo público denominado “Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar” (bautizado IMSS Bienestar).
Este expediente establece las Condiciones Generales de Trabajo (CGT) que encararán médicos, enfermeras y demás personal sanitario, administrativo y manual que en su momento contrató el Insabi o que le ha sido transferido hasta ahora por la más de una docena de estados con los que se han firmado convenios para que entreguen a la Federación su sistema de salud, incluida la infraestructura existente y sus empleados.
Las CGT arrancarán sobre la base jurídica que la plantilla laboral estará adscrita al apartado “B” del artículo 123 constitucional, reglamentado por la ley federal del trabajo, lo que supondrá menores capacidades de asociación y de reclamos que puedan conducir a una huelga, a lo que se deberán añadir tabuladores de sueldo y otras condiciones (por ejemplo, la obligación de realizar tareas de alto riesgo) más vulnerables de las que esos trabajadores tenían en sus anteriores empleos.
Todo ello ocurre en momentos en que en todo el país han empezado a germinar movilizaciones de personal de salud en contra de sus sueldos y otras prestaciones. Hasta ahora el liderazgo parece ser conducido por el activismo de personal de enfermería, pero se prevé que pronto sea secundado por médicos y otros profesionales, lo que podría atraer la mayor crisis en este campo desde los años 60.
El referido expediente –cuya inscripción no generó anuncio público alguno– alude a la obligación legal de que las CGT estén avaladas por el sindicato que represente a los trabajadores, pero argumenta que tal sindicato no ha sido creado aún. Ello omite el hecho de que todo el proceso haya contado con el acompañamiento de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicios del Estado (FTSE), que regentea Joel Ayala Almeyda, de 76 años y reelecto al frente de la organización hasta 2024, cuando sumará tres décadas como factótum del sector. Su sobrino, Marco Antonio García Ayala, al que se le atribuyen limitadas capacidades, preside el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud.
El nuevo modelo centralizado, orientado a dotar apenas de servicios básicos de salud (primero y segundo niveles) a los más de 60 millones de mexicanos que no están afiliados a ningún sistema institucional, marca una vuelta en círculo de 50 años con intentos por arreglar nuestro sistema –fragmentado, desigual y extremadamente costoso–. Un periplo cuyo arranque estuvo marcado por la creación de la ley del propio IMSS, en 1973, a la que se han sumado “parches” a capricho de los gobiernos el turno, para crear sucesivamente IMSS-Coplamar, IMSS-Conasupo, IMSS-Solidaridad, IMSS-Progresa, IMSS-Oportunidades, IMSS-Solidaridad, IMSS-Prospera… y así, hasta la náusea.
Desde antes de iniciar su gobierno, el presidente López Obrador anunció una transformación del sistema de salud, que en esta gestión parece haber intentado todas las rutas posibles, lo que incluyó desaparecer el Seguro Popular, desarticular el mecanismo para la compra y distribución de medicinas, la concentración en Hacienda de la aprobación de todo tipo de contratos en este ámbito, la creación del Insabi, su desaparición en abril pasado… Por último, el regreso al modelo de reconocer al IMSS como la institución con el mayor peso operativo y con la experiencia largamente acumulada para el manejo de medicamentos.
El balance obligado apunta a una caída de casi un 1.5 millones de personas menos (de 13.1 millones a 11.6 millones, según registros oficiales) sin ningún tipo de cobertura institucional de salud. A estos descalabros debe sumarse la creación de múltiples casos de corrupción, que generó toda una nueva comalada de millonarios en el sector, algunos de ellos a los que se atribuye cercanía con integrantes de la familia presidencial.