Hace unos días, se presentó la quinta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, un estudio a cargo del World Justice Project (WJP), en el que se mide el grado de adherencia al Estado de Derecho en las 32 entidades federativas, esto desde una perspectiva ciudadana. Este informe cuenta con una metodología robusta y adaptada a la realidad nacional que considera 3 fuentes de información: una consulta a 12,800 personas de todo el país, la aplicación de cuestionarios a más de 2,000 especialistas, y la revisión de 12 indicadores de datos públicos, actualizados, confiables y de metodología transparente, entre los que incluían bases de datos y estudios especializados realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Artículo 19 y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En este análisis, se identificaron cinco tendencias principales en cuanto al Estado de Derecho en México: a) continúa la contracción del espacio cívico; b) la seguridad como uno de los mayores retos; c) el estancamiento en la lucha contra la corrupción; d) avances en el sistema de justicia civil; y e) el estancamiento y retos persistentes en justicia penal.
Así, en el caso de la primera tendencia, los resultados del Índice de Estado de Derecho 2022-2023, encontraron por tercera ocasión una contracción del espacio cívico. Este resultado se vincula con la medición del primer factor del Estado de Derecho: los límites al poder gubernamental, en el que se evalúa el sistema de pesos y contrapesos institucionales. Además, en este factor, se considera el papel que juegan los contrapesos no gubernamentales, tales como la sociedad civil, los medios de comunicación, y los partidos políticos. En este punto especifico, debe decirse que, el análisis de WJP evaluó la capacidad de las y los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil, de los integrantes de los partidos políticos y de las personas para expresarse con libertad, manifestar su desacuerdo y presentar peticiones a las autoridades, sin temor a represalias. En ese sentido, se detalló que en 20 estados del país, se tienen un puntaje menor en la medición de la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso efectivo al poder público.
Estos hallazgos resultan significativos, pues dan cuenta de cómo la gente se auto percibe en sus interacciones con sus autoridades y respecto al ejercicio de sus derechos y libertades en el espacio público. Es decir, la percepción de la ciudadanía respecto a la posición que tienen frente al poder público: su capacidad para ejercer sus libertades informativas, de expresión y de manifestación. De tal forma, es de llamar la atención, la contracción de este espacio cívico, ello por su estrecha vinculación sobre la autopercepción de la gente sobre el poder de la sociedad. Este fenómeno no debe atenderse como único y representativo de las entidades en el caso mexicano, pues a nivel global, de acuerdo con los análisis de WJP en el año 2022, en al menos 58% de los 140 países y jurisdicciones estudiados se encontró una disminución en los equilibrios y controles de los poderes del gobierno. Además, WJP encontró que el 66% de los países disminuyó el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En este escenario que urge por esquemas que impulsen y fortalezcan la capacidad de las personas a ejercer sus libertades y que se garanticen sus derechos, --especialmente a las y los periodistas por la función social que realizan, ello al advertirse el gran valor que tanto la sociedad, como el gremio periodístico tiene como contrapeso del poder público-- que resulta indispensable garantizar el derecho de acceso a la información.
Los desequilibrios en los sistemas democráticos dejan a las personas en estado de vulnerabilidad y a ser sujetos a abusos del poder, a decisiones unilaterales que no los incluyen o consideran. Por ello, se considera fundamental fortalecer a la ciudadanía desde la garantía de sus derechos, especialmente, desde el derecho a la información. El derecho a saber es un antídoto contra los abusos de poder. Ejercer este derecho da poder a la sociedad en su conjunto, al favorecer el conocimiento público, al transparentar el actuar del gobierno, al impulsar esquemas donde haya verdadera rendición de cuentas por parte de las autoridades.