En días recientes el Poder Legislativo en México ha dado mucho de qué hablar por la aprobación exprés de una serie de iniciativas que buscan redefinir diversos aspectos del escenario público. Algunos analistas han mencionado ya la posibilidad de que tales reformas sean invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones al procedimiento legislativo, lo que reforzaría la concepción de que el equilibrio de poderes existe efectivamente y no sólo a nivel teórico.
A pesar de ser su actividad más conocida, la función legislativa no es la única ejercida por el parlamento (*1), sino que existen otras dos que resultan fundamentales en una democracia contemporánea: la deliberativa y la de control.
La función deliberativa está intrínsecamente ligada con la naturaleza del parlamento, lo que se observa desde su origen etimológico proveniente del latín parabolare (hablar), e implica un cuerpo colegiado donde representantes populares se reúnen para discutir y debatir sobre asuntos de interés en común y buscan llegar a acuerdos sobre las acciones a emprender (1). Autores como Maurice Hauriou afirman que ésta es la labor parlamentaria por excelencia (2). Así, los parlamentos funcionan como una “válvula de escape”, para que ahí se expresen las diferentes ideas y posturas en torno a un mismo tema; en caso de desacuerdos, se debe argumentar para llegar a las conclusiones más adecuadas. De no existir un consenso, se acuerda adoptar la decisión de la mayoría, evitando así posibles conflictos de violencia o guerras civiles.
Por su parte, la función de control, siguiendo a Manuel Aragón, se refiere a la actividad política que ejerce el parlamento para fiscalizar los actos del poder y evitar abusos, y su fortaleza radica en que abarca un amplio espectro de actuación, que va desde cuestionar algunas acciones concretas del gobierno, hasta su eventual remoción (3). En México, el control parlamentario se ejerce principalmente a través de dos vías: la ratificación o rechazo de los nombramientos del Ejecutivo federal, y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, siendo ésta una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
Para que el Parlamento ejerza adecuadamente sus funciones, es necesario mantener algunos principios básicos, como el respeto a las minorías y la posibilidad de efectivamente deliberar en todos los asuntos. Es decir, la esencia del Poder Legislativo es escuchar todas las posturas de la sociedad, a través de sus representantes. Sin ese principio democrático básico, simple y sencillamente no se puede hablar de legitimidad.
Tomando en cuenta lo anterior, es posible cuestionar el papel del Congreso mexicano. El ejemplo más reciente es el cierre del pasado periodo ordinario en el Senado, en donde a diferencia de lo sucedido en la Cámara de Diputados, ni siquiera se escuchó la postura de la oposición al aprobar varias leyes en fast track, algunas de las cuales incluyen disposiciones muy adecuadas para la realidad nacional, como la denominada Ley 3 de 3 contra la violencia o el endurecimiento de las sanciones por la tala ilegal, pero que ahora están en riesgo de ser invalidadas ante las eventuales acciones de inconstitucionalidad que podrían ser interpuestas por la oposición.
Es normal, y hasta deseable en términos de gobernabilidad, que el Ejecutivo comparta una plataforma ideológica y de trabajo con una mayoría legislativa del mismo partido. La población, al momento de las elecciones, escoge una opción que debe ser respetada. Sin embargo, nunca debe ser quebrantado el respeto de las minorías a ser escuchadas.
Un caso interesante es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Desde la Legislatura anterior, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública organiza mesas de diálogo para revisar las propuestas de academia, sociedad civil y otros actores sobre sus requerimientos presupuestales. Si bien es cierto que los documentos aprobados han tenido mínimas variaciones respecto a los respectivos proyectos del Ejecutivo, el hecho de que haya una amplia convocatoria tiene una importancia fundamental para la vida democrática del país, pues permite visibilizar problemáticas que pudiesen no ser conocidas por los tomadores de decisiones. Los participantes exponen sus necesidades ante el Poder Legislativo, que incluso se divide en grupos de trabajo. Aún se requiere mucho por avanzar para hacer de ese un verdadero ejercicio de Parlamento Abierto, pero es un buen inicio.
¿Está en crisis el Poder Legislativo en México? Considero que no, pues ha mantenido su funcionalidad, incluso durante el confinamiento derivado de la pandemia. Tampoco me parece que haya una parálisis legislativa, pues es posible encontrar varios ejemplos recientes en los que se han adoptado modificaciones legales e incluso constitucionales, en ocasiones por consenso. Se han aprobado los Presupuestos de Egresos sin mayor contratiempo, así como diversos nombramientos de integrantes de órganos autónomos. Sin embargo, sí existen episodios preocupantes, como el ya mencionado o el llamado Plan B electoral.
A pesar de los embates ideológicos, en México hay instituciones que buscan equilibrar el poder. Los desacuerdos son parte del ejercicio democrático y aunque los tribunales invaliden algunas leyes, siempre está la posibilidad de volver a realizar iniciativas con un mayor respeto por el procedimiento parlamentario.
Ante todo, es indispensable tener en claro que existe una mayoría y que está en todo su derecho de implementar su plan de gobierno, respetando siempre los principios democráticos y los derechos humanos. El quid del asunto es identificar esos límites, y para ello hay mucha tela de dónde cortar.
*1. Para el presente escrito se utilizan indistintamente los términos “Parlamento”, “Congreso” y “Poder Legislativo”.
Bibliografía
1. BERLÍN VALENZUELA, Francisco. Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. México : Miguel Ángel Porrúa, 1998.
2. CERVANTES GÓMEZ, Juan Carlos. Derecho Parlamentario. Organización y funcionamiento del Congreso. México : Cámara de Diputados, 2012.
3. ARAGÓN REYES, Manuel. Constitución, democracia y control. México : UNAM, 2002.
*Ernesto Pérez Rodríguez
Maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora, así como Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Egresado de la Maestrías en Ciencias Jurídicas de la Universidad Panamericana y en Derecho Parlamentario de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es Coordinador de Asesores en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.