A la luz de una larga historia de desencuentros en torno a Citibanamex, el presidente López Obrador libró en semanas recientes un nuevo episodio de una batalla para adquirir al menos la mayoría accionaria de esa institución financiera. Incluso, puso sobre la mesa que la operación se realizara a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Tras un intenso periodo de jaloneos y fintas, dicho propósito fue rechazado por esa corporación internacional, que difirió su proyecto de venta hasta 2025, en espera de nuevos rostros en el gobierno mexicano.
Según fuentes cercanas al proceso consultadas por este espacio, la anunciada salida a la bolsa de valores para colocar las acciones de Citibanamex, bajo el liderazgo de un inversionista mayoritario, aleja la posibilidad de que se trate de capital mexicano. Dichas fuentes refirieron la posibilidad de que tal rol corra a cargo de bancos brasileño, en particular Itaú o Nubank.
Se trata de un nuevo choque de frente con López Obrador. En 2001 y los años posteriores, él ya se había embarcado en un diferendo por la venta del entonces Banamex –que dirigían Roberto Hernández y Alfredo Harp– a Citigroup, por 12,000 millones de dólares, también a través de la bolsa, sin pagar impuestos, como lo permitía la ley. En 2006, el tema generó duros mensajes por parte del tabasqueño durante su primera campaña presidencial.
A más de 20 años de aquella venta, el tema regresó a la agenda pública. En enero de 2022, cuando se anunció que se venderían los activos de Citibanamex orientados a la banca de consumo (tarjetas, créditos hipotecarios, cuentas, Afore, entre otros), hacia el interior de la administración López Obrador se produjo una confrontación entre quienes veían una operación con lógica global entre grandes inversionistas, y aquellos que llamaron a recuperar el modelo de banca mixta de los años 70 y 80, que buscó apoyar proyectos públicos de desarrollo, pero derivó en una enorme crisis del sistema financiero.
Como se lo he compartido en este mismo espacio, hacia el verano del año pasado se puso en marcha una estrategia en favor de la compra, que incluyó preguntas de “patiños” en las conferencias mañaneras y filtraciones en columnas periodísticas. Se pudo saber que entre los principales promotores se hallaba Pablo Gómez, un veterano dirigente de izquierdas desde la época del Partido Comunista Mexicano, experimentado legislador y actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Colaboradores cercanos a Pablo Gómez dijeron a este espacio en octubre que “no desmiente ni confirma” tal gestión sobre este tema con López Obrador, pero indicaron que aquél sostiene la convicción de que una operación de este tipo “amortiguaría en medida importante el saqueo provocado por el Fobaproa”, que ha repercutido al país un costo financiero equivalente a 100,000 millones de dólares.
El bando contrario a esta eventual operación ha estado encabezado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, así como por Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia. Ambos han buscado disuadir a López Obrador, con el argumento de que podría ser ruinosa para las finanzas públicas, en un entorno especialmente inestable.
Las luces rojas aumentaron cuando se planteó que el comprador fuera Bancomext, que carga los efectos del creciente déficit en la balanza comercial de México ante los países con los que sostiene tratados comerciales. Solo este año, Bancomext contraerá deuda por casi 60,000 millones de pesos, pues pierde dinero cada vez que otorga un crédito.
De acuerdo con versiones surgidas de fuentes del mercado financiero, López Obrador ha expuesto su pretensión de comprar Citibanamex (que quizá recupere el nombre de Banamex que tuvo hasta 2001), en reuniones privadas con la directora ejecutiva de esa corporación, Jean Fraser, durante al menos dos ocasiones.
Una de ellas ocurrió en agosto pasado, durante la visita de Fraser al país, cuando acudió a una reunión en Palacio. Las mismas fuentes indicaron que el presidente planteó ahí que su gobierno encabezara una operación conjunta con inversionistas mexicanos, pero controlando al menos 51% de las acciones. Fraser alegó que la modalidad de venta definida por los accionistas de la compañía bloqueaba explícitamente la participación de algún Estado. Otro argumento de ella habría sido que un segmento importante de inversionistas privados nacionales e internacionales se sentiría desalentado a participar en esta operación teniendo como socio mayoritario a un gobierno.