Cada vez que hay elecciones, las autoridades electorales, en cumplimiento con las disposiciones constitucionales y legales, son las encargadas de llevar a cabo la planeación, organización y desarrollo de los procesos electorales cuya finalidad, entre otras, es que las contiendas se desarrollen bajo parámetros de certeza, seguridad, equidad y en un contexto de igualdad, que le de confianza a la ciudadanía: principal activo que da legitimidad, con su participación, a los procesos electivos.
En este sentido, uno de los parámetros que ha reforzado la certeza en las elecciones proviene de la reforma política y electoral de 2014, en la que al Instituto Nacional Electoral (INE) se le dio la facultad de llevar y conducir el proceso de fiscalización de todos los sujetos obligados por ley tanto en el ámbito federal como local.
No obstante, este proceso cuyo objetivo central es revisar el origen, destino y aplicación de los recursos asignados a los actores políticos (partidos políticos, coaliciones, pre candidaturas, candidaturas, etc.), sean utilizados conforme a la normatividad aplicable en materia financiera y contable, surge una gran preocupación que puede lesionar seriamente nuestro sistema político electoral, me refiero al financiamiento público ilícito, recursos públicos que se introducen de manera ilícita en los procesos electorales, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, así como la posible injerencia financiera de la delincuencia organizada o, incluso, innovaciones como el uso de criptomonedas y otras tecnologías novedosas de las que la autoridad electoral aún no se hace cargo, o dicho de otro modo, se encuentra rezagado.
Por lo mismo, se hace necesario que el INE, de entrada, haga una revisión exhaustiva y pormenorizada de la normatividad y de los procedimientos para atender estas problemáticas para que la fiscalización sea eficiente, transparente, certera y garantice la seguridad de las elecciones, así como de que los actores políticos participantes no reciban ingresos o se encuentren involucrados en este tipo de conductas.
Asimismo, el INE debe establecer una más enérgica coordinación con otras autoridades gubernamentales que cuentan con información sobre el beneficio final de recursos o “apoyos”, con la finalidad de que el INE pueda acceder a información valiosa que le lleve a detectar posibles flujos de capital de procedencia ilícita, o bien, a otras modalidades de operación.
Es importante implementar medidas prohibitivas para disuadir el uso de personas jurídicas para ocultar la titularidad real y el origen de los activos ilícitos. Las personas que violen estas medidas deberán estar sujetas a sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias.
Establecer un marco legal exigible que determine el enfoque apropiado (enfoque de registro, enfoque de la empresa y enfoque de información existente) para garantizar la transparencia de los beneficios finales ante cualquier movimiento significativo de recursos.
El INE cuenta con personal con años de experiencia, profesional y con gran potencial que, capacitado en estas nuevas vertientes, con las adecuaciones a la normatividad en materia de fiscalización, puede ser un auténtico referente de investigación, prevención y detección de diversos mecanismos que buscan el poder público con prácticas desleales a la Constitución y a las leyes en la materia.
Por su parte, el Legislativo debe realizar algunas modificaciones a la legislación electoral con la intención, por ejemplo, de que requerimientos de información que el INE realice a diversas instancias, además de obligatoria su respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, incorpore una serie de sanciones a la no entrega o demora de información ya que estas conductas obstaculizan la labor fiscalizadora del INE. Además, las autoridades no entregan la información valiéndose de invocar el secreto ministerial, a pesar que desde hace dos décadas el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación determinó la inaplicabilidad de todo tipo de secreto frente a la actividad fiscalizadora del INE.
Es así que, la Fiscalización del INE tiene un enorme reto para garantizar elecciones libres y equitativas, con los controles adecuados y eficientes que permitan que, para el acceso a cualquier cargo de elección popular, lo único que valga es lo que haya sido decidido por la ciudadanía con su voto en la urna y no otras circunstancias que corrompen nuestro sistema electoral.