Vaya momento político para votar en México. En estos tiempos recios, en los de la polarización y la posverdad, en los del reajuste completo del régimen democrático, en los de la reforma electoral judicializada y suspendida, en la antesala de la elección presidencial 2024, votar en 2023 es necesario y obligado. Lo es porque sólo mediante el expediente electoral, vigilado, eficiente, profesional, organizado e independiente se renuevan en orden las instituciones del Estado.
Tan cerca como estamos de las elecciones del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, acompáñeme en estas reflexiones. Creo que vendrán a cuento en la fila para votar en su casilla y ya frente a las urnas con una o varias boletas en las manos.
Churchill forjó una de las mejores caracterizaciones de la democracia: “…es la peor forma de gobierno, exceptuando todas las otras formas que se han intentado”. Por su parte, José Woldenberg afirmó que “votar es la punta de un iceberg civilizatorio que supone la existencia de corrientes político-ideológicas organizadas (partidos), que expresan la diversidad existente en la sociedad, que han encontrado un método participativo y pacífico para nombrar gobiernos y órganos legislativos, lo cual coadyuva a la coexistencia de la pluralidad.” Octavio Paz, premio nobel de Literatura en 1990, dijo: “una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos.”
Votar es un derecho humano político electoral y un privilegio ciudadano que no debemos subestimar. Es una manifestación expresa del avance de la humanidad que designa a sus gobernantes por un método convenido en la ley. Es el triunfo inmarcesible de la vía pacífica para la toma de decisiones políticas fundamentales de los pueblos contemporáneos.
Es una conquista que significó diversos sacrificios (inclusive de vidas humanas) a lo largo de la historia de México. Es ese grito social que le recuerda a la clase política entera que “gobernar es mandar obedeciendo” y que “Nosotros que somos tanto como Vos, pero que juntos somos más que Vos”.
Votar, pues, es una muestra palmaria de la dignidad humana en libertad: libertad política, de pensamiento y de expresión. Se trata, en resumen, del instante político por antonomasia y sublime por necesidad en el que las y los ciudadanos nos transformamos en mandantes (eligiendo a nuestros mandatarios) y con un crayón dibujamos en una boleta de colores el país que queremos, merecemos o necesitamos.
En esta época de la constitucionalización de derecho, del derecho a tener derechos y de la apertura al derecho internacional de los derechos humanos, estamos también paradójicamente ante la era del desencanto social con la productividad del gobierno democrático.
En consecuencia, recordemos que la legitimidad política ya no alcanza para todo el periodo de gestión y que el sistema electoral ya no es un mecanismo neutro o ciego. En este siglo XXI las y los verdaderos demócratas generan, abrazan, aceptan e impulsan los mecanismos de inclusión mediante los que pagamos deudas ancestrales con grupos enteros a los que hemos soslayado, arrojándolos inmerecidamente a la más terrible postración política.
Sí, la moderna franquicia del sufragio y su arquitectura institucional abarcan y deben abarcar más y más comunidades otrora relegadas, invisibilizadas. Del lado del voto activo, celebremos que para las personas en prisión sin sentencia, las personas discapacitadas y nuestros hermanos y hermanas migrantes cada vez es más fácil participar, inclusive a través del voto anticipado domiciliado en los dos últimos casos.
Del lado del voto pasivo (las candidaturas) ya hay mandato claro en la constitución para los partidos para cumplir con la paridad. Lo hay también para prevenir, combatir, sancionar y erradicar el terrible carcinoma que es la violencia política contras las mujeres en razón de género. Del mismo modo, autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales han tenido la libertad y el arrojo para diseñar y sostener acciones afirmativas para la comunidad de la diversidad sexual, para las personas y comunidades indígenas y afrodescendientes, y para migrantes residentes en el exterior, entre otras. Se han erigido también en órganos garantes de nuevos derechos como el derecho a la identidad, el derecho a la observación electoral, el derecho a la integridad electoral y los derechos a la buena administración, a recibir cuentas y a un entorno libre de corrupción.
Por otro lado, aceptemos que la verdadera inteligencia política, siempre y en todo sentido y lugar consiste en votar, pues es siempre mejor que abstenerse. Quien a pesar de esto vota en blanco o anula, en realidad cede, concede y retrocede.
A unas horas de la fecha culmen de la democracia seamos leales con la constitución, que nos ordena participar; y con la república, que nos exige compromiso. Salgamos ese domingo cívico a servir al país manchándonos el pulgar de sepia; veamos en vivo y a todo color el momento supremo de la igualdad política en concreto y de la movilización social superlativa. Es un espectáculo formidable que nadie debería perderse; es una cita histórica a la que todos y todas deberíamos asistir. Nos vemos en las casillas.
* Sergio González Muñoz
Colaborador de Integridad Ciudadana, A.C. Maestro en Derecho Constitucional y Doctorante en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, con línea de investigación sobre el Derecho a/ de la Integridad Electoral. Catedrático UNAM en las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales.
Integridad Ciudadana
Es una asociación no lucrativa, independiente, sin afiliación partidista, que se creó en 2008 por un conjunto de profesionistas provenientes de diferentes disciplinas. Poco a poco, Integridad Ciudadana fue involucrándose en proyectos relacionados con el análisis y el diseño de las políticas públicas de los gobiernos locales; su planeación, evaluación y fiscalización, así como con su desarrollo urbano regional y el impacto que todo ello genera en el hábitat y por tanto en la calidad de vida. Nuestro objetivo principal, es impulsar la participación ciudadana, la investigación, la docencia, la elaboración de propuestas de políticas públicas, así como fomentar la cultura de la legalidad, mediante la divulgación de opiniones informadas y responsables.